El padre y seis hermanos
de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de
México, son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR).
Al parecer,
recibieron 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el trasiego de más de
400 millones de pesos de presunto origen ilícito.
Se trata de Arnulfo
Vázquez Mota, padre de la panista, y seis de sus hermanos, entre ellos Luis
Antonio Vázquez Mota, director de Comex, empresa de la que la candidata es
accionista, reveló este lunes el diario El Universal.
Señaló que el 14 de diciembre de 2015, la Unidad de
Inteligencia Financiera de la SHCP presentó una denuncia ante la Unidad
Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR, en
contra de María José Tábata Roldán Urdapilleta y de las empresas Smart Bussines
Consulting Sima y Bolshoye.
La denuncia señala que las dos empresas, cuyas instalaciones
y el personal que emplean no coinciden con los movimientos de recursos, son
dirigidas por Roldán Urdapilleta y por Isabel Teresa Arroyo Hernández.
Por los indicios
detectados se trata de “testaferros” -que con pleno conocimiento de la
ilegalidad acceden a constituir empresas aportando sólo sus identidades– para
ingresar recursos de procedencia ilícita, para ocultar su origen, refiere el
texto de El Universal.
Del cúmulo de
transferencias de las dos empresas destacan, refiere el diario, Arnulfo Vázquez
Cano, Luis Antonio Vázquez Mota, María del Carmen Vázquez Mota, Gerardo Arnulfo
Vázquez Mota, Guadalupe Vázquez Mota, Margarita Silvia Vázquez Mota y María
Angélica Vázquez Mota.
Todos ellos
recibieron en 2013 la cantidad de 17 millones 27 mil pesos, la mayoría
procedentes de Smart y 1.8 millones de Bolshoye. La información de este caso,
por ser una investigación en curso, se encuentra reservada por ley, cita el
texto.
Para la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, tanto
Smart Bussines Consulting Sima como Bolshoye, son empresas fachada, es decir,
sociedades mercantiles aparentemente legales que encubren, como una pantalla,
actividades ilegales y que existen sólo en papel.
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