miércoles, 29 de marzo de 2017

Seguritech incumplió, pero cobra al EDOMEX 1,500 MDP al año.

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Pese a reportar retrasos en los programas de avance de su contrato firmado el 12 de diciembre de 2013 y que se prolongará hasta finales de este año –por un importe de 6 mil 376 millones 773 mil 27 pesos, que ampara la instalación de 10 mil cámaras de video vigilancia, a 637 mil 600 pesos cada una–, la empresa Seguritech SA de CV siempre cobró a tiempo las cantidades pactadas con el gobierno del Estado de México: mil 500 millones de pesos cada año.

De acuerdo con un documento público del gobierno de Eruviel Ávila, en 2014 Seguritech no logró cubrir los avances programados dentro de su contrato. Pero sí cobró sus mil 500 millones de pesos.

Lo mismo sucedió en 2015, cuando tampoco alcanzó las metas programadas, pero su dinero volvió a llegar de manera puntual.

En el Reporte de Avance Físico-Financiero de 2014 y 2015, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno del Estado de México –el último disponible y público en Internet– se establecen diez conceptos para este contrato, y se señala el avance que durante cada año se debe lograr en cada uno de ellos. Pero Seguritech, en algunos casos, no cumplió con el avance programado.

De acuerdo con el ingeniero Joaquín Gutiérrez, experto en contratos de obra pública, “en este caso se cometieron dos delitos: la empresa pre-estimó conceptos que no realizó, por lo que está obligada a devolver los recursos por conceptos no ejecutados al 100 por ciento, además del respectivo pago de intereses. Ese dinero debió haber sido devuelto a la Federación.

“Por otra parte, los funcionarios que aceptaron que la empresa pre-estimara conceptos no ejecutados totalmente cometieron el delito de quebranto patrimonial contra la Federación, por lo que deberían estar en la cárcel”, dijo.

De acuerdo con el reporte, en la instalación de arcos carreteros con cámaras de reconocimiento de placas, la empresa instaló sólo dos arcos, pese a que el contrato establecía que deberían ser cuatro. Aun así le pagaron los cuatro.


Debió haber instalado 137 kilómetros de la “red de comunicaciones entre los municipios”, pero solo instaló 55. Y se le pagó como si hubiese instalado la totalidad.

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