Diego Petersen Farah.
¿En qué momento se perdió la
autoridad en Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán…? ¿En qué momento el
Gobierno cedió el control de los penales? ¿Qué significa gobernabilidad cuando
no se tiene la posibilidad de ejercer el poder en amplios territorios del país?
Si algo hemos aprendido los mexicanos es que siempre se puede estar peor. Cada
vez que creemos que ya tocamos fondo se abre un nuevo abismo, aparece un nuevo
socavón, que nos sume más y más. Los gobiernos, cada día más obesos,
ineficientes e ineficaces, han ido cediendo el ejercicio del poder en muchísimos
espacios y territorios en todo el país, sean poderes fácticos, grupos
criminales, empresas (principalmente las mineras), grupos de vecinos que toman
la justicia por mano propia o asociaciones empresariales que crean guardias
blancas sin que nadie le pida cuentas por ello. Lo terrible es que ya lo vemos
como normal.
El motín en
el penal de Acapulco, si bien no es el
más grave en cuento al número de muertos (el de Topo Chico el año pasado dejó
49 presos fallecidos) sí es, con mucho, el más salvaje. Fueron 28 los muertos,
seis de ellos brutalmente decapitados. Fue, como siempre, una lucha entre
grupos antagónicos que controlan o de disputan el penal, y ese es justamente el
problema.
Todas las
cáceles del país están sobre pobladas. Despresurizarlas, como dicen
elegantemente en el argot policiaco, no pasa por construir más complejos sino
por tener claro quién debe estar en prisión y quién no. Mientras las cárceles estén llenas de personas primo-delincuentes en
espera de juicio, de pobres que no tiene oportunidad de defensa, de
consumidores de marihuana condenados como si fueran narcos, los autogobiernos
tendrán en ellos la carne de cañón y los ejércitos necesarios para el control.
Si pudimos
resolver, con los famosos pactos, el problema económico de los años ochenta y
noventa; si fuimos capaces de ponernos de acuerdo para hacer una transición
democrática pacífica, la pregunta es por
qué no hemos sido capaces de resolver el problema de la violencia y la
inseguridad; por qué no vemos a los partidos y a los poderes sentados en
una mesa permanente tomando decisiones. La
respuesta, lo planteo a manera de hipótesis, está en que mientras los poderosos
tienen realmente poco interés en meterse en el asunto, los ciudadanos hemos
buscado resolver el problema de seguridad de manera personal. Seguimos pensado que ante la incapacidad
del Estado para brindarnos seguridad cada uno de nosotros tiene que acudir a
sus propias fuerzas y defenderse por sus propios medios. Cada uno de nosotros,
de acuerdo con sus posibilidades, va cambiando chapas, poniendo rejas,
modificando rutinas, cediendo territorios, blindando autos o contratando
guaruras, cuando lo que deberíamos de hacer, todos juntos, es exigirle al
Estado, que no claudique sus responsabilidades.
No es un
problema del presidente Peña (no son sus muertos, ni tampoco eran los de
Calderón, aunque nos encante repetirlo como mantra barato), es de todo el
Estado. No es un problema de
autogobierno en las cárceles; es de desgobierno en todo el país.
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