José Ramón Cossío, ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, defendió la resolución de la Primera
Sala que abrió la posibilidad de libertad a reos juzgados por delitos que en el
antiguo sistema penal eran considerados como graves y en el nuevo sistema se
les quitó el agravante, y se pronunció en contra de ampliar el catálogo de
delitos que merecen prisión preventiva.
“La Suprema Corte no se inventó nada,
lo único que dijo es: ‘puede abrirse la audiencia y en esa audiencia el
detenido (puede) solicitar y decir por qué cree merecer la libertad, y el
Ministerio Público o las víctimas oponerse’; nunca dijo: ‘Todas las personas
que están en prisión preventiva, por favor, sírvanse a abandonar el penal’, eso
nunca se dijo”,
aseguró el ministro.
Consideró que empezar a aumentar el
número de delitos con prisión preventiva oficiosa llevará a repetir la
historia, pues se irán incrementando las penas y al final, prácticamente, todos
los delitos tendrán prisión preventiva.
En
entrevista, el ministro Cossío reconoció
que el actual Sistema de Justicia es hipergarantista, pero aseguró que las
fallas no son propias del sistema, sino del legislador y de los operadores que
no tomaron las previsiones ni hicieron los diagnósticos claros sobre los
efectos.
Aseguró que
en 2008 el Congreso reformó el Sistema Penal y desde entonces se tenía una idea
general de por dónde iban a ir las cosas; posteriormente, en 2011, se reformó
la Ley de Amparo y las Leyes en materia de derechos humanos.
“Para agosto
de 2011 ya sabíamos qué reglas nuevas del juego había, entonces, sí hay un
sistema garantista, está el artículo 1 de la Constitución, un Sistema Penal
nuevo, un Juicio de Amparo, todo en un contexto de inseguridad nacional muy
serio, pónganlo todo junto y ahí está el
resultado, y adicionalmente poco ejercicio de capacitación, poca previsión…”,
agregó José Ramón Cossío.
Señaló que son muchos cambios y en
vez de estar repartiendo culpas se debe hacer una autocrítica y ver que se
requiere una enorme cantidad de talento, entrenar personas, identificar
objetivos e invertir muchísimo en educación.
“Esto no cambia porque aparezca una
norma publicada en el Diario Oficial de la Federación”, dijo el ministro, quien
advirtió que la debilidad institucional que hay en el país impide también la
fortaleza del nuevo sistema.
“Qué puede estar sucediendo, que las
acusaciones no están bien construidas, que ciertos delitos no están siendo bien
identificados, que al llegar a la audiencia no se tiene la capacidad para
sostener la acusación, entonces sí hay una parte institucional de gran
debilidad”, concluyó.
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