El Hospital Civil de Guadalajara, que
encabeza Héctor Raúl Pérez Gómez, gasta más recursos que los que recibe por lo
que ahora arrastra un déficit que de más de mil millones de pesos, según
refleja un análisis interno y los propios estados de cuenta del organismo.
Las consecuencias de la mala
administración dentro del nosocomio, las viven a diario usuarios y personal
médico. Éste último entregó a la reportera una larga lista del material básico
que necesitan para dar atención a los pacientes y que no tienen: alcohol,
isopos, cepillos quirúrgicos, vicryl, tubos para aspirar, puntas nasales,
mascarillas con reservorio, tiras para glucómetro y hoja de bisturí del número
15.
En el área
de obstetricia carecen de cromico 2-0,
isodine, jabón quirúrgico, guantes para exploración, circuito desechable para
anestesia general, endosime, separador Alexis, parche sujetador para catéter
vesical, sonda nelaton número 16, rastrillos, espejo vaginal, tegaderm, tubo
penrose ½ y la solución quirúrgica duraprep.
También son muchos los medicamentos
que faltan y entre los principales se encuentran: ketoprofeno, betametasona,
nifedipino, dicynone e hidralazina.
De acuerdo
con un diagnóstico de la Administración de Recursos Humanos, el déficit es provocado por el exceso de
personal, el cual rebasa el número de plazas autorizadas por la Secretaría de
Salud, así como por las múltiples prestaciones que reciben los trabajadores a
quienes el año pasado se les entregó una bolsa por 445. 3 millones de pesos.
También se señala que se hicieron pagos en exceso
por concepto de prestaciones a puestos que no correspondían por casi 13
millones de pesos.
En el rubro
de nómina, es donde se refleja más el déficit. Muestra de ello es que, en 2014,
tenía considerado gastar dos mil 133 millones 154 mil 656 pesos, pero al final
se ejerció, bajo el concepto “tanque de nómina y cuotas que no se pagan por
nómina”, un total de dos mil 338 millones 775 mil 708 pesos, es decir 205.6 millones de pesos más.
Sin embargo,
en el diagnóstico interno se observa que si se toma en cuenta el “acta
conciliatoria” la diferencia entre lo presupuestado y lo ejercido en el año
2014 el déficit se reduce a 156. 6 millones de pesos, puesto que en el acta se
menciona que se gastaron dos mil 289 millones 758 mil 309 pesos en nómina.
Exceso de
personal y sueldos inflados.
Otra
observación que se hace en el análisis interno es que en 1997 la Secretaría de Salud autorizó al organismo contar con una
plantilla laboral de cinco mil 393 plazas. Para el 2011, la misma dependencia
otorgó mil 375 bases, alcanzando un total de 6 mil 768
Para el
2012, la plantilla creció a seis mil 965 empleados (distribuidos en cuatro mil
144 de base, 687 de confianza y dos mil 134 eventuales), es decir, se
excedieron con 197 plazas, con respecto a la plantilla de base autorizada.
En el portal
de transparencia del nosocomio se señala que a partir de 2014 se cuenta con una
base de seis mil 872 empleados, de estos seis mil 469 son de base y el resto de
confianza. No obstante, al hacer una
revisión a las nóminas del 2011 al 2013, es la misma cantidad de trabajadores
que de la de 2014.
En 2017,
según el análisis interno, suman siete
mil 181 plazas distribuidas de la siguiente manera: 829 de confianza, 42
eventuales, 575 personal de servicios profesionales, y cinco mil 735 de base,
“de las cuales, cuatro mil 812 plazas se respetaron en categoría y número, en
tanto que de las categorías autorizadas se modificó el nivel de 750, con un
costo de $38 millones 252 mil 369 pesos, y 173 en número de puestos, con un
costo de $48 millones 18 mil 432 pesos a valor actual. Dos mil 369 plazas
ejercidas no corresponden a las categorías y nivel autorizados, con cargo a las
mil 33 que no estaban ocupadas”.
Un dato más
que aporta el análisis es que en 2012 a
750 empleados los subieron de nivel y se crearon 172 puestos, lo que implicó un
costo adicional para el hospital de 99 millones 423 mil 54 pesos anuales. También
menciona que, en 2012, en las 104 plazas adicionales para la Dirección General
se ejerció un presupuesto de 49.8 millones de pesos, y en la nivelación de
categoría de plazas médicas 49.5 millones de pesos.
Para la
nivelación de plazas administrativas se destinaron casi 8.3 millones de pesos.
“En el 2012, se gastaron dos mil 78 millones 792 mil 921 pesos, correspondiente
a siete mil 32 plazas ejercidas, sin embargo, el subsidio recibido fue de mil
933 millones 623 mil 953 pesos, que corresponde a seis mil 768 plazas base
autorizadas”, se lee en el análisis cuya fuente es la Coordinación General de
Recursos Humanos, el Sistema SURH y la Coordinación General de Finanzas.
Otra observación que se hace dentro
del análisis es que “se identificó una estructura no reconocida de 60 plazas
estatales con un costo anual de 49 millones 181 mil 199, sin financiamiento con
cargo a las plazas autorizadas que no están ocupadas”.
En ese
sentido, la reportera hizo una revisión a la nómina de las plazas “no
reconocidas en el tabulador”, y se encontró que no coinciden las cifras del
número de bases ni las “del salario anual integrado” cuando se compara la
información en el documento interno, con las que se publican en transparencia.
Ejemplo de
ello es que en transparencia se informa
que existen dos coordinadores de área, a quienes se les destinan anualmente un
salario integrado de un millón 503 mil 906 pesos, mientras que en el documento
interno se registra uno al cual se le asignan percepciones por 977 mil 558
pesos.
Tampoco coinciden los jefes de
departamento, puesto que en la nómina de transparencia se informa la existencia
de 19 plazas que generan un gasto anual en sueldos de 10 millones 171 mil 320
pesos, y en el documento, se contabilizan 36, con un costo para el nosocomio de
24 millones 765 mil 624 pesos.
En la
información interna se menciona que para
este año se crearon mil 92 puestos de trabajo “sin sustento financiero con un
costo anual de 409 millones 194 mil 527 pesos”. Además, especifica que de
los espacios recién creados “el 16% corresponde a la Dirección General, el 52%
lo tiene el FAA (Fray Antonio Alcalde) y el 32% al JIM (Juan I. Menchaca), por
lo que se tiene que transitar a un proceso de regularización de estas mil 92
plazas para equiparar a los tabuladores reconocidos”.
Con relación a la Dirección General,
el análisis especifica que el área tiene 145 plazas autorizadas, pero en
realidad laboran 346 personas, es decir 174 puestos extras que representan un
gasto anual de 83 millones 727 mil pesos. En cuanto a los hospitales FAA, en el
documento interno se asegura que existen 570 plazas no autorizadas que
significan un gasto anual de 202 millones 644 mil 605 pesos, y en el JIM, son
348, con un costo de 121 millones 822 mil 850 pesos.
Otro dato
que se aporta en el análisis es que, desde
2011 a abril de 2017, se contrataron 277 personas, de estas 154 fueron para la
dirección general, 77 para el FAA y 46 para el JIM. Esto significa que la
dirección general “ejerce un 62% por encima del costo de su plantilla
autorizada, y el JIM, 4.21%”, se lee en el análisis.
“Otros
gastos”
En el
análisis interno se detalla que el año pasado se destinaron 445 millones 318
mil pesos al pago de las prestaciones del personal de los hospitales civiles,
“de acuerdo a las condiciones generales de trabajo”.
Entre las prestaciones que recibe el
personal del nosocomio, -y con la que no cuentan el común de los trabajadores
de la iniciativa privada- está “asistencia perfecta”, a la cual se les
destinaron 18 millones 544 mil 313 pesos que se repartieron entre dos mil 327
personas. Y seis mil 382 personas del hospital recibieron “ayuda para
servicios” por un monto de 32 millones 406 mil 446 pesos.
En el “estímulo anual por asistencia y
permanencia en el trabajo” se fueron 10 millones 876 mil pesos entregados a
tres mil 505 personas, y por “estímulos por puntualidad” un millón 174 mil 122
pesos que se dieron a mil 106 personas. Por el día del Trabajador, de la Madre,
de Reyes, Festivo” se entregaron casi 22 millones de pesos.
Por “apoyo para anteojos a personal
con prescripción médica”, “becas para los trabajadores y sus hijos” y
“productividad” se gastaron un total de cuatro millones 634 mil 932 pesos.
En el análisis interno se observa
que, en 2016, “se pagaron prestaciones en exceso a puestos que no
correspondían” por casi 13 millones de pesos. A detalle, se menciona que se
repartieron casi tres millones de pesos, entre 706 personas de confianza por
concepto del estímulo anual por asistencia y permanencia en el trabajo, cuando
no tienen derecho. Lo mismo pasó con casi 5.5 millones de pesos que se dieron a
trabajadores de confianza por “asistencia perfecta”. A los empleados de base se
les dio una aportación mensual para el servicio de guardería, por casi cuatro
millones de pesos cuando ese concepto “se debe de subrogar”, se menciona en el análisis.
Otro
señalamiento es que el año pasado a 477
personas, del FAA y JIM se les dieron casi ocho millones de pesos por concepto
de prima de insalubridad cuando su categoría no está considerada dentro del
manual o se le dio un monto excedente.
En el rubro de incapacidades médicas
del año 2016, se contabilizó que tres mil 251 empleados se ausentaron de su
trabajo por motivos de salud, esto representa el 45% del total de la plantilla
del nosocomio, mientras que en el 2015 fueron dos mil 144. En el análisis se
observa que el 14% del total de la plantilla de los trabajadores de la
Universidad de Guadalajara presentó una incapacidad médica.
Además, se informa que “25 personas cuentan con
incapacidad médica continua por un periodo mayor a un año contraviniendo las
Condiciones Generales de Trabajo al no emitir la pensión por invalidez de
acuerdo al artículo 148, cuyo costo anual por las categorías que ocupan es de
siete millones 985 mil 847 pesos”.
En el
diagnóstico no se menciona el nombre de
las 25 personas, sólo su categoría, se trata de dos trabajadoras sociales, tres
de apoyo administrativo en salud, cuatro auxiliares en enfermería, cinco
enfermeras generales tituladas, cinco médicos especialistas, tres enfermeras
especialistas, una enfermera jefa de servicio, una afanadora, y un ecónomo.
Con relación a las licencias con goce
de sueldo que tramitan los trabajadores, ya sea por comisión sindical, día
económico, por permiso por antigüedad o por incapacidad, se apunta en el
diagnóstico que éstas se incrementaron un 174% en los últimos nueve años. Por
ejemplo, en 2008 se autorizaron 12 mil 408 permisos por día económico, mientras
que en el 2016 aumentaron a 26 mil 836, lo que representó una erogación de 25
millones 454 mil 488. En tanto, en 2008 se otorgaron 51 licencias sindicales, y
el año pasado fueron 95, lo que significó un gasto de 22 millones 733 mil 580
pesos.
Como apunte,
en el diagnóstico se establece que “se identifica ausencia de criterios para la
autorización de permisos y licencias”, y que en 2016 prevalecieron el día
económico con 26 mil 836 veces y la licencia permiso por antigüedad, con 11 mil
897.
Si esta
información se detalla por número de personas, se tiene que el año pasado dos
mil 339 personas pidieron licencia por día económico, y mil 445 por permiso por
antigüedad.
Con relación a las compensaciones que
se otorgaron a personal de la dirección general, de FAA y JIM, sin fundamento
normativo en 2016, “representaron un costo anual de 23 millones de pesos”, se
lee en el diagnóstico.
De los mandos superiores fueron tres
los que recibieron una compensación mensual que oscilaba entre los dos mil 700
y tres mil 625 pesos mensuales. De mandos medios fueron 30, con montos que iban
desde siete mil a ocho mil al mes, mientras que administrativos fueron 341,
cuyas compensaciones alcanzaron desde tres mil 270 a cinco mil 143 pesos. Sólo
32 médicos recibieron ese apoyo económico, con cantidades de dos mil 444 a
nueve mil pesos.
Adicional a
su sueldo, 631 personas “recibieron el
pago de jornada doble en 2016”, por laborar entre “siete meses y un año” de
manera ininterrumpida. De enero a mayo de 2017, a mil 640 personas se les pagó
doble jornada lo que representa un gasto de 25.9 millones de pesos.
El diagnóstico también arrojó que de
enero a mayo de 2017 se hicieron “pagos indebidos” a 453 personas por concepto
de insalubridad por la cantidad de cuatro millones de pesos.
Contrataciones
externas.
Cada año, el
Hospital Civil destina más recursos en contratar servicios que pueden ser
prestados por la plantilla laboral con la que cuenta, refleja el diagnóstico.
Mientras
que, en 2011, sólo contrató a empresas
para que dieran mantenimiento a los nosocomios, lo cual representó un gasto por
8.3 millones de pesos, en este año destinó un presupuesto por casi 96 millones
de pesos para el servicio subrogado de limpieza, vigilancia y mantenimiento.
Según el
diagnóstico, en 2010 se tenían 97
trabajadores de planta para el servicio de mantenimiento, hoy son 79. Hace
siete años, había 40 vigilantes, ahora se redujeron a 25, y mientras que en
2010 se contaba con 756 plazas de limpieza, únicamente quedan 699.
De acuerdo
con la estimación del diagnóstico, con
los casi 96 millones de pesos que se erogan se podrían crear 526 puestos, para
evitar la contratación de servicios subrogados.
Medidas.
El diagnóstico interno menciona que
las políticas y normas existentes, están desvinculadas en el proceso de la
administración de los Recursos Humanos, que existen discrepancias jurídicas
dentro de la propia normatividad interna del nosocomio, y que existe duplicidad
de funciones y atribuciones en puestos de diferentes niveles jerárquicos.
De continuar
con esa tendencia, para el año 2022 el déficit acumulado alcanzaría casi mil
208 millones de pesos. Es por ello por
lo que se propone eliminar las compensaciones no reconocidas como estímulo al
personal y al desempeño. Tampoco se deben otorgar jornadas dobles, ni pagar la
prima de insalubridad a categorías no consideradas dentro del manual y “omitir
aquellos pagos excedentes a las categorías previstas”. De ponerse en práctica
las medidas, se tendría un ahorro en siete meses por 52.2 millones de pesos.
Una medida más es reducir el personal
administrativo, “no renovar contratos excedentes de confianza al inicio de 2018
de las Unidades Hospitalarias y Dirección General”, que son 475 y que
representan un gasto anual de 224. 6 millones de pesos.
Además, “establecer criterios para la autorización
de los diferentes tipos de licencias y permisos, así como para la emisión y
validación de incapacidades médicas”.
Otra
recomendación es “cubrir las incidencias con la figura de contratación
eventual, respetando la temporalidad sujeta a diversas circunstancias”.
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