Salvador Camarena.
Juntos Podemos, la organización
encabezada por la panista Josefina Vázquez Mota, recibió el año pasado del
gobierno mexicano 801 millones de pesos, según ha establecido el informe de la
Cuenta Pública de 2016, emitido la semana pasada por la Auditoría Superior de
la Federación.
Lo
importante, sin embargo, no es que hoy queden confirmadas por la ASF las
cantidades multimillonarias que la Administración Peña Nieto puso a disposición
de una opositora (es un decir).
El informe
de la ASF es relevante, porque respalda
y abunda lo publicado por la reportera Dulce González desde hace un año: esos
montos (a los que hay que sumar los 414 millones de pesos que en 2015 se le
dieron a esa iniciativa encabezada por Vázquez Mota) fueron entregados de
manera discrecional, no hay soporte legal sobre las actividades realizadas con
ese dinero y, por tanto, no hay manera de establecer que se haya hecho buen uso
del mismo.
A lo largo de doce páginas, la
Auditoría establece sus hallazgos (irregularidades, habría que llamarles) y sus
recomendaciones para el caso Juntos Podemos. Resumo algunos:
–Los seis
Memorándums de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) que sustentaron la
ministración de recursos no fueron homogéneos ni contaron todos con la revisión
por parte de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
–No se proporcionó evidencia de la evaluación
de los proyectos presentados por las organizaciones por parte del Instituto de
los Mexicanos en el Exterior (IME), antes de la autorización y asignación de
los recursos.
–En los MOU no se encuentran indicados los beneficios
directos ni las metas a alcanzar. Tampoco se estipularon las fechas límite para
comprobar el ejercicio de los recursos.
–No se proporcionó información
relativa a los criterios adoptados por el IME para la formalización de los MOU
referidos con las dos organizaciones, y su designación fue discrecional, toda
vez que fueron las únicas en recibir recursos.
Y,
finalmente, mi favorita. Dado que los
recursos terminaron en la panza de dos organizaciones dadas de alta en Estados
Unidos –Integra Institute y Parents Alliance–, la Auditoría no puede investigar
directamente el uso de los recursos, por ello solicitó a esos organismos, las
patas que movían a Juntos Podemos de Vázquez Mota, reporte del destino del
dinero público.
Esto
contestaron los colaboradores de Josefina:
“Señalaron que no era posible
proporcionar la documentación solicitada toda vez que ‘…como organizaciones no
lucrativas estadounidenses están sometidas al marco legal de Estados Unidos de
América y a los mecanismos de rendición de cuentas de dicho país. (…) y que
para el desarrollo de programas a favor de la comunidad mexicana en Estados
Unidos de América se establecieron acuerdos de confidencialidad con otras
organizaciones sin fines de lucro, por tanto, atendiendo al marco legal
referido, la información debe clasificarse como confidencial (…) pues el hecho
de revelar cierta información podría poner (…) en el supuesto de violar
acuerdos de confidencialidad tanto con proveedores como con beneficiarios de
los proyectos (…)’”.
OPACIDAD TOTAL.
El IME tiene
30 días hábiles para responder a la ASF por esos 801 millones de pesos dados
sólo en 2016 a Juntos Podemos.
Josefina, en cambio, será cuestionada
de nueva cuenta en algunas semanas más, cuando (otra vez) regrese a la
política.
Porque, contrario a lo que Vázquez Mota dijo hace
unos meses durante la campaña electoral del Edomex, la ASF sí encontró un cúmulo
de irregularidades y favoritismo (palabra mía) en los multimillonarios recursos
que Peña Nieto (vía las SRE de Meade, Ruiz Massieu y Videgaray) le dio.
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