El Alto
Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU exhortó este jueves al gobierno mexicano a perseguir y sancionar abusos
y actos de tortura contra detenidos en la investigación del caso de los 43
estudiantes desaparecidos en 2014.
La oficina
del Alto Comisionado en México presentó
el informe “Doble injusticia”, que analiza los casos de violaciones a los
derechos humanos cometidos en el marco de las investigaciones del caso, que
desató una ola de indignación en todo el mundo.
El documento
precisa que han sido detenidas y
procesadas 129 personas y tras analizar 34 casos, el Alto Comisionado encontró
“fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones
arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”.
La noche del
26 de septiembre, estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa, en el
sureño estado de Guerrero, se apoderaron en la ciudad de Iguala de autobuses
que usarían para sus movilizaciones, pero fueron detenidos por policías
locales.
Según la
hipótesis oficial, los policías entregaron a los estudiantes al cartel criminal
Guerreros Unidos, que los habría asesinado para luego arrojar sus cenizas a un
río. Pero expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) han cuestionado esa versión.
La
Procuraduría General (fiscalía) es señalada de manera particular en el informe
de las Naciones Unidas, pues se encontró
que los casos documentados de violaciones ocurrieron después del 5 de octubre
de 2014, cuando las autoridades federales se hicieron cargo de la investigación
que inició la fiscalía del estado de Guerrero.
“En todos los casos analizados, los
individuos presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes
médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura”, añade el informe.
Los involucrados en estos abusos
serían elementos de la fiscalía, de la policía federal y militares de la
Marina.
El informe subraya además que las autoridades han dado
explicaciones “improbables y fácilmente refutables” sobre las lesiones, como
alegar estado de ebriedad, autogolpes o caídas.
‘Búsqueda de
la verdad’
En sus recomendaciones, el Alto
Comisionado llama a la fiscalía General a investigar e identificar a los
responsables -y a sus superiores jerárquicos- de estas violaciones a los
derechos humanos y llevarlos ante la justicia.
También llama a la fiscalía y al Poder Judicial a
desestimar las pruebas obtenidas y exhorta al Ejecutivo mexicano a crear un
consejo asesor de lucha contra la impunidad que a su vez impulse reformas que
fortalezcan las capacidades de investigación.
El Alto
Comisionado subraya que el objetivo de
este informe, basado en investigaciones realizadas por otras fuentes y
organismos, no busca presentar una versión alternativa del caso Iguala ni señalar
a los posibles responsables de la desaparición forzada de los estudiantes.
“El informe contribuye a la búsqueda
de la verdad y la justicia en dicho caso y, más ampliamente, a la agenda
nacional de lucha contra la impunidad, las desapariciones y la tortura en
México”, sostiene.
Desde
diciembre de 2006, cuando el gobierno de
entonces lanzó un polémico operativo militar antidrogas, se han registrado más
de 200.000 asesinatos y miles de desapariciones, según cifras oficiales que no
precisan cuántos de estos crímenes están relacionados con el combate a la
delincuencia organizada.
Varios mecanismos internacionales de
derechos humanos dentro y fuera de México ya han denunciado que en las
investigaciones de este caso se cometieron distintos abusos.
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