Entre enero de 2012 y julio de 2017,
la empresa constructora Operadora Cicsa, propiedad del magnate Carlos Slim, recibió
94 mil 152 millones de pesos a través de contratos de obra pública en las
administraciones federales de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, de
acuerdo con un estudio que presentó hoy el Instituto Mexicano para la
Competitividad
(IMCO).
Constructora Cicsa resultó la empresa
más beneficiada durante ese periodo, arriba de tres empresas dedicadas a vender
medicamentos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y otras como
Sixsigma Networks, propiedad de María Asunción Aramburuzabala Larreguí;
Coconal, de Héctor Ovalle; Operbes, una filial de Televisa; y La Peninsular,
del mexiquense Carlos Hank Rhon.
El estudio, que señala los riesgos de corrupción en los
procesos de contratación pública, menciona que tan sólo 2 mil 500 proveedores
se llevaron el 80% de los 2.3 billones de pesos que las administraciones
gastaron en contratos públicos en los últimos cinco años y medio.
Y no sólo esto: las mil empresas más
beneficiadas con contratos públicos obtuvieron el 71% de ellos mediante el
método discrecional de adjudicación directa, es decir, sin licitación pública
de por medio.
El estudio también confirma que tanto el gobierno de
Calderón como el de Peña Nieto tuvieron sus empresas “consentidas”, a las que
otorgaron la mayor parte de los recursos públicos.
Según el
IMCO, las 73 empresas que recibieron 127 mil millones de pesos durante el
cuarto año de gobierno de Peña Nieto –uno de cada tres pesos licitados ese año–
ni siquiera figuraban entre las empresas más beneficiadas en 2012, año en el
que ganaron apenas un 2% de los montos adjudicados.
El estudio muestra que estas 73
empresas fueron beneficiadas principalmente por la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), el IMSS y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), que les otorgaron el 60% de los recursos.
Este dato se
da a conocer una semana después que la organización México Evalúa exhibió cómo la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) reparte los recursos multimillonarios del Ramo 23 de
manera discrecional y opaca para “premiar” o “castigar” a los gobernadores
aliados o rivales, respectivamente, y que esta práctica se agudizó durante la
administración de Peña Nieto.
Focos de
riesgo.
En los
últimos años, reportajes de prensa e informes de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) exhibieron de manera
reiterada casos de corrupción en el otorgamiento de contratos públicos por la
SCT, ya sea con la constructora OHL, el “Paso Exprés” de la autopista
México-Cuernavaca o el tren México-Querétaro, entre otros.
Sin embargo,
entre enero de 2012 y julio de 2017, la
dependencia, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, recibió solo 77 denuncias
específicas para temas de contrataciones públicas, mientras “el dato brutal”,
según Max Kaiser, integrante del IMCO, es que “solo hubo una inhabilitación y
una destitución”.
De acuerdo
con el estudio del IMCO, 30 dependencias
federales gastan 8 de cada 10 pesos destinados a las contrataciones, y tan sólo
tres de éstas –la CFE, el IMSS y la SCT– otorgaron contratos por un billón 152
mil millones de pesos entre enero de 2012 y julio de 2017.
Y esta cifra no contempla los contratos de
Pemex, que, a raíz de la reforma energética, lanzada por Peña Nieto y aprobada
por el PRI, el PAN y el PRD que firmaron el “Pacto Por México”, dejó de
transparentar sus contratos.
CFE, IMSS y SCT figuran entre las
cinco instituciones con mayores riesgos de corrupción en los procesos de
contratación, pues junto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSTE) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA),
concentran Unidades Compradoras que adjudican contratos de manera discrecional,
presentan anomalías o carecen de transparencia.
En los
últimos cinco años y medio, la división
de Bienes Terapéuticos del IMSS otorgó contratos para la compra de medicamentos
por más de 190 mil millones de pesos.
Las empresas
más beneficiadas resultaron Fármacos Especializados, una empresa propiedad de Francisco Pérez Fayad, en la que también
labora Óscar Arrellano Pérez, exdirector de compras en el IMSS; Farmacéuticos
Maypo, de la familia Arena Wiedfeldt;
y Dimesa, que forma parte de Grupo Pisa,
propiedad de Carlos Álvarez Bermejillo.
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