En la revisión de diez fondos
federales que recibió el Gobierno de Baja California Sur en 2016, la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) detectó recursos por 1,227 millones 27 mil 600
pesos mal ejercidos.
De estos, 1,165 millones 195 mil 100
pesos son catalogados como “recuperaciones probables” o desvíos, dinero que no
fue usado para lo que fue presupuestado ni se localizó en las cuentas bancarias
del Gobierno estatal.
Los 61 millones 832 mil 500 pesos
restantes conforman los subejercicios, aquellos fondos que no fueron utilizados
a pesar de haber sido transferidos a la administración estatal y que fueron
reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
El impacto para los sudcalifornianos
de estos malos manejos por parte del Gobierno de Carlos Mendoza Davis, en su
primer año de gestión como Gobernador, se traduce en daños en materias tan
sensibles como seguridad pública, educación, obra pública y asistencia social.
El rubro que presenta el mayor
quebranto al erario público es el fondo denominado “Gasto federalizado a los
entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios”, por el que el
Gobierno de Baja California Sur recibió 2 mil 743 millones 517 mil 400 pesos.
De acuerdo
con información de la ASF, la cual publicó estas auditorías como parte de su
tercera entrega de la revisión a las cuentas públicas de 2016, Baja California
Sur destinó estos recursos a 29 programas.
La totalidad
del monto fue revisado por la ASF, la cual concluyó “a la fecha del corte de la
Auditoría (30 de junio de 2017), el
gobierno de Baja California Sur no acreditó el entero a los ejecutores el 21.3
por ciento de los recursos federales transferidos”. Esto significa un daño a la
Hacienda Pública por 585 millones 522 mil 700 pesos.
Lo anterior “por falta de documentación soporte de la
recepción de los recursos y envío a las instancias ejecutoras”.
Estos más de 585 millones de pesos
debieron haberse invertido en programas de apoyo a cultura, deporte,
perspectiva de género, tratamiento de aguas residuales, desarrollo turístico,
pueblos mágicos y atención médica.
No obstante,
la administración de Mendoza Davis no
pudo comprobar, aún seis meses después de cerrar el ejercicio presupuestal
2016, que el dinero haya sido transferido a los distintos programas.
A manera de
conclusión, la ASF determina “el
gobierno del Estado de Baja California Sur NO realizó una gestión eficiente y
transparente de los recursos del gasto federalizado”.
215 MILLONES
EN PAGOS QUE PROFESORES NO RECIBIERON.
El segundo
fondo federal de donde más recursos desviados fueron detectados por la ASF, estaba destinado a “Apoyos a Centros y
Organizaciones de Educación”, por el cual recibió 500 millones de pesos.
Sin embargo,
la aplicación de más de la mitad de
estos recursos, 226 millones 113 mil 700 pesos, no pudo ser comprobada por la
administración estatal, por lo que la ASF determinó esta cantidad como
“recuperaciones probables”.
Nuevamente, la SFA no mostró documentación
justificativa y comprobatoria acerca del uso adecuado de estos recursos.
Entre las
principales anomalías con el uso de estos recursos, la ASF detectó 215 millones 349 mil 784 pesos que fueron devengados de
las cuentas bancarias del gobierno estatal por concepto de pago de nómina al
Colegio de Bachilleres del Estado, a la Secretaría de Educación Pública de Baja
California Sur y al Instituto Tecnológico Superior de Los Cabos, pero cuyos
pagos no pudieron ser comprobados ni justificados a través de la documentación
correspondiente.
De manera
adicional, la Auditoría observó que
“seis empleados no cumplieron con el perfil requerido para las categorías de
enfermera y jefe de oficina del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
(CECYTE)”. No obstante, entre los seis servidores públicos cobraron un millón
343 mil pesos.
También
dentro de CECYTE, los auditores federales constataron
el pago de 7 millones 769 mil 800 pesos para salarios de 48 plazas no
autorizadas.
No solo eso,
también se registraron pagos en exceso
para cuatro trabajadores por un monto global de un millón 651 mil 100 pesos.
MILLONES EN
GASTOS SIN COMPROBAR.
En cuanto a
participaciones federales, Baja California Sur recibió 4 mil 440 millones 530
mil 100 pesos en 2016, de los cuales fueron auditados mil 620 millones 866 mil
900 pesos y se determinaron
recuperaciones probables por 224 millones 837 mil 200 pesos, los cuales
corresponden principalmente a pagos de plazas no autorizadas.
De esta
cantidad se desprende, un desvío de 6
millones 100 mil pesos detectado por la ASF al revisar las cuentas bancarias en
las que el gobierno sudcaliforniano depositó los recursos federales.
Por otro
lado, de 124 millones de pesos supuestamente
destinados a partidas como energía eléctrica, arrendamiento de edificios,
asesorías, servicios de consultoría y gastos de difusión, el gobierno no pudo
comprobar el gasto de 62 millones 330 mil 409 pesos, incluido el Impuesto Sobre
la Renta (ISR) por el pago de estos servicios.
Mientras que
el daño más severo en el fondo de
participaciones federales se encuentra en un monto de 146 millones 84 mil 390
pesos que fueron utilizados para pagos en nómina a 519 plazas que no fueron
autorizadas y 530 plazas que excedieron las autorizadas.
De igual
forma, la ASF descubrió otro desvío de
10 millones 117 mil 783 pesos en dinero que debió utilizarse para las
aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado y en retenciones en nóminas.
UNIFORMES EN
BODEGAS, PATRULLAS SIN PLACAS, CÁMARAS SIN INSTALAR…
Por concepto
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, Baja California Sur recibió 163 millones 102 mil 900 pesos, de
los cuales la ASF revisó una muestra del 91.2 por ciento.
En este
caso, el órgano fiscalizador detectó
recuperaciones probables por 68 millones 155 mil 100 pesos y un subejercicio
por 38 millones 527 mil 800 pesos. Nuevamente, la administración municipal no
pudo aportar documentación comprobatoria sobre la ejecución de esos más de 68
millones de pesos.
De entrada, una de las principales observaciones sobre
anomalías en la ejecución de los recursos es por un monto de 22 millones 962
mil 100 pesos, destinados a obra pública y servicios básicos que no cumplen con
los fines del fondo ni contaron con autorización del Secretariado Ejecutivo del
Sistema nacional de Seguridad Pública, así como en retiros sin presentar la
documentación comprobatoria.
En materia
de equipamiento, al realizar una inspección física a las oficinas de la
Subsecretaría de Seguridad Pública (SSP), personal de la ASF constató que una terminal de radio digital
se encontraba extraviada con un reporte de robo levantado y una más presentaba
sobrecalentamiento, daños que se contabilizan en 53 mil 662 pesos.
En otra de
estas inspecciones físicas, la ASF localizó
327 piezas de uniforme para elementos de la SSP como botas, chamarras y
camisas, dentro de un almacén en La Paz que no habían sido distribuidos a los
elementos de seguridad. Mientras que en una bodega de la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE) fueron localizadas otras 18 piezas de uniformes.
Además, la
Auditoría detectó un daño presupuestario
por 5 millones 146 mil 210 pesos que el gobierno dijo destinar a la adquisición
de vestuario y uniformes para personal de seguridad, pero que no pudo comprobar
su aplicación.
Lo mismo ocurrió con otros 14
millones 516 mil 100 pesos para la compra de vehículos y equipo terrestre.
Además, el parque vehicular de la SSP que fue adquirido con los recursos de
este fondo en 2016, “no cuenta con placas de circulación y no se han elaborado
los contratos de comodato con los municipios”, explica el dictamen.
Otros gastos
que no pudieron ser comprobados son 5
millones 650 mil en muebles de oficina y estantería; 3 millones 3 mil 249 pesos
en equipo técnico y tecnologías de la información; un millón 646 mil pesos en
la adquisición de dos vehículos, así como un millón y medio de pesos en la
construcción de la sala de juicios orales.
En materia
penitenciaria, pese a haber pagado 6
millones 350 mil pesos para el suministro, instalación y puesta en marcha de un
sistema de video vigilancia integral, a la fecha de la auditoría, realizada el
23 de junio de 2017, este sistema no se había puesto en marcha.
Las
irregularidades en seguridad pública siguen. La SSP no pudo comprobar gastos por 2 millones 346 mil 200 pesos en
uniformes para los custodios, mientras que otros 2 millones 754 mil 143 pesos
supuestamente invertidos en productos químicos, equipo médico y de laboratorio
para ciencias forenses, no pudieron ser comprobados.
Tampoco se pudo comprobar la
aplicación de un millón 816 mil 732 pesos destinados a pólizas de mantenimiento
de servicios de radiocomunicación.
A la par de estos desvíos, Baja
California registró alzas en índices delictivos: 53.3 por ciento en robo de
vehículos, 140 por ciento en extorsión y 23 por ciento en lesiones.
MÁS
INCONSISTENCIAS EN PAGOS A DOCENTES.
En el
programa de Escuelas de Tiempo Completo, cuyos fondos federales sumaron 108
millones 516 mil 100 pesos en 2016 para Baja California Sur, la ASF determinó recuperaciones probables por 66 millones 726 mil pesos.
El principal daño en este rubro es
por un monto de 63 millones 677 mil 900 pesos supuestamente destinados al pago
de personal directivo y docente de preescolar y primaria. Al revisar las
transferencias, la ASF detectó “inconsistencias en los registros, ya que no
contenía los campos de plazas y centros de trabajo correspondientes”.
Algunas
otras anomalías detectadas en este fondo
son la falta de comprobación de viáticos por 158 mil pesos, de diplomados en
matemáticas por un millón 563 mil 100 pesos de un mural por 790 mil pesos.
14 MILLONES
DE PESOS GASTADOS EN AVIADORES.
Por el Fondo
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Baja California Sur
recibió 4 mil 483 millones 446 mil 300 pesos en 2016. De éstos, la ASF detectó 10 millones 639 mil 200
pesos que no fueron utilizados y otros 38 millones 931 mil 500 pesos en
desvíos.
De este
monto de más de 38 millones de pesos, se
desprenden los siguientes malos manejos. Se utilizaron 18 millones 257 mil 373
pesos en las partidas subsidios y otras ayudas, así como en sentencias y
resoluciones (laudos), “los cuales no cumplen con los fines y objetivos del
fondo”, detalla la ASF.
Además, “se realizaron pagos de varias partidas,
los cuales carecen de documentación justificativa y comprobatoria”,
continúa el documento.
Mientras que
otros 14 millones 649 mil 166 pesos se
destinaron a “pagos a 122 trabajadores que no fueron localizados ni
identificados por el responsable del centro de trabajo durante las visitas
físicas a los planteles del estado”.
Por otra
parte, se destinaron 4 millones 818 mil
673 pesos en 485 pagos a 14 trabajadores que trabajaban en centros de trabajo
no financiables con recursos de este fondo.
De igual
forma, se hicieron 137 pagos por un
total de 752 mil 205 pesos a 6 trabajadores comisionados al Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE) que contaban con 11 plazas. Esto a pesar
de que el destino de este fondo no debe aplicarse en ello.
GOBIERNO SE
QUEDA CON ISR Y FOVISSSTE DE PERSONAL DE CONALEP.
En 2016,
Baja California Sur recibió 62 millones 480 mil 800 pesos por medio del Fondo
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que a su vez
alimenta el presupuesto del Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP).
En este fondo, la ASF determinó
recuperaciones probables por 8 millones 258 mil 100 pesos y observó un
subejercicio por 8 mil 200 pesos.
Dentro de
los más de 8 millones de pesos en desvíos, documentación de la ASF ubica un millón 22 mil 403 pesos
supuestamente destinados a prestadores de servicios profesionales, de quienes
el gobierno no pudo acreditar el resultado de las actividades realizadas.
También en
servicios personales, el ente fiscalizador determinó
que 2 millones 646 mil 288 pesos en retenciones por concepto del Fondo para la
Vivienda (FOVISSSTE) no pudieron ser acreditados. Lo mismo con 4 millones 562
mil 611 pesos en retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del personal.
OBRA PÚBLICA
INFLADA Y MAL HECHA.
Para
realizar 10 proyectos de obra pública, tales como la rehabilitación de palacio
del gobierno del estado, pavimentaciones, la remodelación de una cancha de
frontón en La Paz y saneamiento de agua potable y drenaje, Baja California recibió 103 millones 109 mil 800 pesos en 2016.
De este
monto, se detectaron desfalcos por 6
millones 953 mil 100 pesos y un subejercicio por 12 millones 420 mil 100 pesos.
Parte de las
irregularidades en la aplicación de este fondo, explica la ASF en su dictamen
respecto al fondo de “Proyectos de Desarrollo Regional”, está la retención por
300 mil 171 pesos que hizo la SFA”.
De igual
forma, auditores detectaron que tres de
los diez contratos se adjudicaron de manera directa y no por licitación público
como debió realizarse. De igual forma, al realizar visitas a las obras públicas
en proceso, la ASF detectó tres proyectos en que hacían falta trabajos por 997
mil pesos que ya habían sido presupuestados y pagados.
En otra
obra, con inversión de 54 mil 900 pesos, la
Auditoría determinó que los trabajos “no cumplen con las normas y
especificaciones de construcción requeridas”
LA POBLACIÓN
MÁS VULNERABLE, DESATENDIDA.
A través del
Fondo de Infraestructura Social, la administración de Carlos Mendoza Davis
recibió 15 millones 276 mil 700 pesos en 2016. De estos recursos, la ASF determinó 4 millones 689 mil 700
pesos en recursos mal ejercidos y 198 mil 800 pesos en recursos no utilizados.
Acerca del monto de desvíos, la
Auditoría explica que “representa el 30.7 por ciento de la muestra auditada que
corresponden principalmente a obra pública no autorizada o que haya beneficiado
a la población objetivo”.
Estos
recursos tenían como objetivo programas
de electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda, pero
en el caso de los 4 millones 689 mil 700 pesos, el órgano fiscalizador detectó
que se destinaron a la construcción de 76 viviendas “que no beneficiaron a la
población de las Zonas de Atención Prioritarias (ZAP) que deben ser localidades
con los 2 grados de rezago social más altos o población en pobreza extrema”.
Precisamente
al revisar los montos que el gobierno de Baja California Sur invirtió en las
ZAP, la ASF detecto que solo fueron 7
millones 180 mil 900 pesos, lo cual representa el 47 por ciento del Fondo de
Infraestructura Social y no el 70 por ciento como está estipulado en la
normativa.
DINERO
RETENIDO.
Del Fondo de
Aportaciones Múltiples se financian principalmente el Instituto Sudcaliforniano
de Infraestructura Física Educativa (ISIFE) y el Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).
En 2016,
Baja California Sur recibió 209 millones
443 mil 800 pesos por este concepto, de los cuales un millón 734 mil pesos no
se ejercieron de manera educada y otros 38 mil 300 pesos simplemente no fueron
utilizados.
El daño por un millón 734 mil pesos
responde a conceptos de retenciones por derechos de inspección, vigilancia y
control de los trabajos. Estas retenciones se destinan al Instituto de Capacitación de la Cámara
mexicana de la Industria de la Construcción y para obras de carácter social del
mismo Instituto.
Sin embargo,
el gobierno de Baja California Sur “no acreditó su entero a la instancia
correspondiente”.
En estos 10
dictámenes de la ASF, como en todas las auditorías llevadas a cabo por este
órgano, el gobierno de Baja California Sur contó con múltiples oportunidades
para solventar las observaciones realizadas por la Auditoría.
En algunos casos, según consta en las
conclusiones, la administración estatal intentó subsanar las fallas aquí
expuestas, sin éxito y en otros fondos, ni siquiera aportó la documentación
solicitada por la ASF.
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