Inconforme con el pacto entre PRI y
PAN en el Congreso de Nuevo León, del que surgieron los candidatos a Fiscal
General del estado, el gobierno de la entidad presentó su propia terna, como
una forma de dar imparcialidad a un procedimiento que, señaló, está viciado de
origen.
El
gobernador interino Manuel González Flores envió
el martes por la noche al Congreso Local los nombres de la procuradora del
Menor, Martha Camacho Salazar, y los abogados Julio César Martínez y Javier
Luis Navarro Velasco, como su propuesta para que ocupen la figura recién creada
que sustituirá al procurador de Justicia.
Estas nominaciones son una
contestación que hace el gobierno estatal a las que presentaron los
legisladores el pasado 1 de marzo: Gustavo Adolfo Guerrero, expresidente del
Tribunal Superior de Justicia; Javier Garza y Garza, expresidente del Tribunal
Electoral del Estado y exconsejero electoral; Pedro José Arce, ex subprocurador
de Ministerios Públicos y Guadalupe Saldaña, exdirector de la Agencia Estatal
de Investigaciones.
Al ser revelados los nombres, todos
ellos fueron impugnados, de inmediato, por organismos civiles, que los
rechazaron por tener nexos con los exgobernadores Natividad González Parás y
Rodrigo Medina, este último vinculado a tres procesos por desvíos de recursos
en la entidad.
Los
inconformes con esta propuesta, enviada por legisladores al gobernador interino
para su aprobación, se dijeron
decepcionados del comité de selección, integrado por ocho ciudadanos,
especialistas supuestamente imparciales, pues parece que busca asegurar
impunidad a los simpatizantes de sus partidos metidos en líos con la justicia.
Al presentar
la nueva terna anoche, en la Oficialía de Partes, el subsecretario de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, Homero Cantú, dijo que basaba
la decisión en la fracción II del Artículo 87 de la Constitución de Nuevo León.
“La
Constitución menciona que el Comité de Selección del sistema, posterior al
análisis de los perfiles, definirá de manera fundada y motivada, que como saben
no se hizo de esa manera. Inclusive estamos todavía esperando la contestación
de parte del Congreso del escrito que ayer el ejecutivo del estado presentó
solicitando de qué manera fundaron y motivaron ese nombramiento”, dijo el
funcionario.
El lunes, el mandatario interino, en desacuerdo con
la selección de nominados, dijo que no participaría en esa decisión, por lo que
envió un escrito a los diputados para pedirles que le explicaran cómo
decidieron el nombramiento de los aspirantes a Fiscal General, que extrajeron
de una lista de 48 propuestas, entre las que surgen, también los ahora
postulados por el gobierno estatal.
Desde el año
pasado, cuando fue aprobado él SEA, el
gobierno de Nuevo león se inconformó al señalar que sería mejor una consulta
pública de los aspirantes a Fiscales General, Anticorrupción y en Delitos
Electorales, que serán próximamente electos por una depuración del comité
seleccionador.
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