El secretismo en la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el órgano creado en 2011 para aliviar
las afectaciones de la guerra en contra del crimen organizado se agudizó en el
presente sexenio.
Cuando en 2012, Enrique Peña Nieto recibió la banda presidencial de su
antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, ese órgano tenía 258 expedientes
“reservados”. Hoy, a poco menos de seis
meses de la conclusión del Gobierno hay 500 asuntos con tal clasificación.
En otras palabras, el
paquete de asuntos de ese órgano cuyo encargo es aliviar la pesadumbre de las
víctimas de la violencia, creció en 93.7 por ciento durante la presente
Administración federal, dato que lo convierte en una de las entidades públicas
más proclive a poner bajo llave sus asuntos, según el Índice de Expedientes
Reservados (IER) del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI).
Esa creciente reserva de información
ha puesto oscuridad en la atención a las víctimas de la violencia en México.
Por ejemplo, ¿cuál es el protocolo que sigue para buscar a los desaparecidos?
Los ciudadanos no pueden saberlo por ahora. Se trata de uno de los expedientes
reservados y no se abrirá hasta 2025. La clasificación la adquirió el 15 de
febrero de 2013 y la CEAV dio como argumento que revelarlo encontraba “relación
directa con temas de prevención y persecución de delitos, estrategia procesal e
impartición de justicia”.
Una de las responsabilidades legales de la comisión es la reparación
del daño mediante una indemnización económica. Para ello, tiene bajo su
administración el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Y otro de
los expedientes bajo reserva es el CEAV/CIE/0012/2016 que se refiere a la
distribución de este dinero. No será revelado hasta 2021.
Para ser beneficiarios de este fondo,
las víctimas deben ser reconocidas por al CEAV y estar inscritas en el Registro
Nacional de Víctimas. De acuerdo con el Documento “Situación Financiera del
fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”, publicado por la comisión en
su propia página de datos abiertos, ese fondo tuvo el año pasado 314.6 millones
de pesos y gastó 235.4 en beneficio de 501 víctimas. De modo que si hay once
mil víctimas registradas en total, el año pasado sólo se invirtió en la
reparación del daño del 4.5 por ciento.
La CEAV está encargada
de atender a personas dañadas de manera directa o indirecta de secuestro, trata
de personas, asesinatos dolosos o desaparición. Según datos del propio
organismo, uno de cada tres registros en la comisión es por desaparición. Si en
2011, el año en que nació la CEAV se calculaba que 10 mil personas tenían
paradero desconocido, hoy se cuentan unas 30 mil.
El Índice de Expedientes Reservados
fue creado en 2004 durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Marcado por una guerra en contra
del crimen organizado, ese sexenio cerró
con 8 millones de asuntos clasificados. Según el discurso del sucesor de
Calderón, Enrique Peña Nieto, la guerra no continuó. Pero para 2015, se habían sumado otros 4 millones 120 mil 71 asuntos.
Hoy, en el último año de Gobierno del Peñanietismo y cuando el periodo
electoral está a punto de iniciarse, hay 12 millones 401 mil expedientes.
Respecto a lo que dejó Calderón Hinojosa, la diferencia es de cuatro millones
401 mil.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha desclasificado 3
millones 708 mil 103 expedientes. La CEAV contribuyó con 74. Es el 14.8 por
ciento del total que hay en la comisión.
En 2011, fue creada la Procuraduría Social de Atención a las
Víctimas de Delitos (Províctima) por decreto. En un mensaje transmitido a
través de la página de la Presidencia, el entonces presidente, Felipe Calderón
Hinojosa expresó: “Hoy he promulgado el decreto por el que se crea la
Procuraduría Social cuya función es estructurar todas las acciones que hoy se
realizan a favor de las víctimas”.
En esa ocasión, Calderón Hinojosa explicó que la nueva
procuraduría tendría la obligación de brindar atención médica, asistencia
psicológica especializada, orientación y asesoría jurídica, así como apoyo en
la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas.
En 2014, cuando Enrique Peña Nieto tenía un año de Gobierno,
Províctima se transformó en la CEAV. Ese mismo año se publicó el Reglamento de
la Ley General de Víctimas, impulsada por el Movimiento por la Paz con Justicia
y Dignidad que formó el poeta y activista Javier Sicilia, que estableció a la
comisión como órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Ya han pasado casi cuatro años.
Desde esa fecha hasta ahora, según
datos contenidos en los informes de la comisión, se han registrado 11 mil
personas para recibir atención. Al tiempo, se han reservado 500 expedientes.
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