Javier Risco.
Faltan 25 días para el arranque
formal de las campañas, pero la guerra ya se declaró. El intercambio de declaraciones
ayer entre Ricardo Anaya y Enrique Ochoa deja en claro que las siguientes
semanas el escenario electoral público será una batalla campal en la que lo que
el primer gran golpe para las elecciones se concentrará en tener el segundo
lugar en intención de voto para el 30 de marzo.
Tras la
exhibición de los videos de Ricardo Anaya en las instalaciones de la PGR, quien
acudía a conocer si había una indagatoria formal en su contra por presunto
lavado de dinero, presentados con una ridícula justificación por el propio
encargado de despacho de la Procuraduría, Anaya
salió a jugar una carta de estrategia: advertirle al actual gobierno federal que,
de llegar a la Presidencia en julio, irá tras ellos.
En
conferencia de prensa, más de 48 horas después de las filtraciones de Alberto
Elías Beltrán, Anaya anunció la creación de una Comisión de la Verdad asesorada
por expertos internacionales además de reiterar su apoyo a la creación de una
fiscalía autónoma e independiente como la que exigen colectivos ciudadanos y
que ha apoyado más como parte de un oportunismo político que de una convicción
verdadera.
“Señor presidente, le digo con
respeto, serenidad y firmeza, así no, saque las manos del proceso electoral y
deje que el pueblo de México elija en completa libertad.
“Hoy es contra mí, mañana puede ser
en contra de otro candidato o candidata, o ciudadano opositor al régimen, y
esto no lo debemos permitir. (…) Mientras no haya consecuencias no se va acabar
el problema de la corrupción y los señalamientos de corrupción a este gobierno
son muy graves”,
dijo Anaya cobijado por distintos personajes del Frente por México.
Anaya se convirtió en la víctima de
aquella escuela del PAN y el foxismo que en 2005 intentaron, desde el gobierno
federal, usar a las instituciones de impartición de justicia como mecanismo de
eliminación de oposición. Ese mismo Diego Fernández de Cevallos que hace 13
años presidia el Senado y que dio entrada al juicio de desafuero contra el
entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, es ese mismo que hoy
denuncia el uso faccioso de las instituciones.
Sólo que el
escenario y el contexto es muy distinto. Ricardo Anaya, aun con el apoyo de los
desquebrajados PAN y PRD, está lejos de
ser aquel Jefe de Gobierno que mostró el apoyo ciudadano con la mítica marcha
del silencio.
Y es que
como afirma el periodista Ernesto Núñez en
el perfil que elaboró de Anaya, es
un personaje que supo tejer un camino para asumir la candidatura del Frente,
pero que no pactó para obtener la victoria.
Desde la
soledad de liderazgos panistas que no pelearán por Anaya, y de perredistas que
tampoco convocarán a una marcha ciudadana de apoyo, Ricardo sabe que se juega
el todo por el todo y que la lucha es frontal: gobierno federal, tú me
persigues y yo te persigo. Y lo hará abanderando propuestas que no son suyas,
sino de colectivos ciudadanos como #FiscaliaQueSirva que ha planteado desde la
autonomía y restructura de la fiscalía y la reforma del artículo 102, como la
intervención de expertos internacionales y que es la única cuota de
credibilidad que puede usar como arma ante el embate presidencial.
La persecución de posibles delitos
relacionados con corrupción no debería ser condicionante de ninguna batalla
electoral. Si hay responsabilidad de funcionarios actuales en delito alguno
debe perseguirse independientemente de si se es o no candidato presidencial. De
otra forma también representa el uso de la justicia y la verdad como arma
política.
La respuesta priista no se hizo
esperar: que no se condicionen las investigaciones contra Anaya, dice Enrique
Ochoa. “Que no se ceda a la presión o a los chantajes”.
Y es que los
próximos días la lucha será por ver quién enfrentará a Andrés Manuel López
Obrador en su tercer intento por obtener la Presidencia. ¿Y en medio del
pleito? Los ciudadanos, que, desde la
banca, vemos cómo nuestros candidatos usan la justicia con fines políticos y no
de acceso a la verdad.
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