El secretario de Gobierno de
Guerrero, Florencio Salazar Adame, afirmó que las credenciales que exhibieron
dos presuntos delincuentes detenidos por agentes federales cuando viajaban
armados en una camioneta blindada, son apócrifas, y que “falsificaron” su firma
y la acreditación oficial.
Por ello, el
funcionario estatal dijo, sin exhibir
pruebas, que se vio obligado a rendir un informe y presentar una denuncia ante
la Procuraduría General de la República (PGR), para deslindar
responsabilidades.
Salazar Adame fijó una postura a
través de sus redes sociales que mantiene como privadas donde dijo textual:
“Están a disposición de la PGR, a la
cual presentamos informe y denuncia. La SGG no tiene facultades para autorizar
portación de armas. Falsificaron credenciales y mi firma”.
Ayer la
agencia Apro informó que agentes
federales detuvieron a dos presuntos servidores públicos que se desplazaban
armados en una camioneta blindada en las inmediaciones de la caseta de peaje de
Palo Blanco, sobre la autopista del Sol, al sur de esta capital.
Al momento de la detención, los
sujetos se identificaron como agentes de la Secretaría General de Gobierno,
incluso mostraron credenciales firmadas por el titular de la dependencia
estatal, Florencio Salazar Adame.
A través de
un comunicado oficial, el vocero estatal, Roberto Álvarez Heredia, informó que
los presuntos funcionarios del gobierno estatal viajaban en una camioneta
pick-up roja blindada, modelo Ram, marca Dodge y portaban dos pistolas “de grueso calibre”, así como seis cargadores
abastecidos con 50 cartuchos útiles.
Fuentes
oficiales informaron que los detenidos
se identificaron con credenciales del gobierno estatal expedidas por el secretario
de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y que estaban adscritos a esa
dependencia, acusada de espiar a activistas y movimientos sociales en la
entidad.
Los dos presuntos “orejas” de la
Secretaría de Gobierno estatal fueron identificados como Luis Carlos Hernández
Zapata y Damián García Cruz, quienes fueron consignados a la delegación de la
Procuraduría General de la República (PGR) en esta capital, donde se realizan
las investigaciones para deslindar responsabilidades.
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