Un Tribunal Federal decidió
descongelar las cuentas de la Comercializadora Devolviendo Confianza (CDC),
empresa que otorgó servicios fantasma a la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) entre 2014 y 2015 por un monto de 223.4 millones de pesos.
La Auditoria
Superior de la Federación confirmó que
CDC fue la beneficiaria final del monto millonario pagado por Sedesol, el cual
estaba destinado en un inicio “para la difusión de programas sociales”, según
lo informa el diario Reforma.
La orden emitida por el tribunal
permitirá que los propietarios de dicha empresa fantasma, puedan disponer de
nueva cuenta de los 223.4 millones de pesos.
En febrero
de 2016 la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda incluyó a CDC en su lista de
personas bloqueadas y congeló la cuenta de la empresa por sospechas de lavado
de dinero.
Fue el pasado 27 de marzo que el Tercer
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó tal acción. Dando acceso a
los recursos a los propietarios de la cuenta.
“La sociedad no se ve afectada por la
concesión de la suspensión definitiva a CDC, en razón de que el Estado, a
través de las autoridades competentes para investigar infracciones penales,
puede perseguir el delito de lavado de dinero”, argumentó el tribunal.
Desde el 15 de marzo pasado, la corte
había declarado inconstitucional la facultad de la UIF para congelar cuentas,
por lo que esta decisión se veía venir.
A través de
dos auditorías, las ASF encontró que
entre 2014 y 2015 se firmaron más de 60 contratos con proveedores que
supuestamente prestaron servicios a Radio y Televisión de Hidalgo (RTH).
Tras la
investigación se demostró que el total
del dinero entregado a RTH para la difusión de programas sociales, quedó
finalmente en las manos de Comercializadora Devolviendo Confianza, la cual no
pudo comprobar la prestación de algún servicio a cambio de los 223.4 millones
de pesos.
El 23 de
febrero, la ASF reveló que funcionarios
de Radio y Televisión de Hidalgo fueron obligados a firmar contratos y transferir
dinero a empresas y personas físicas con las que nunca tuvieron trato.
Los contratos para la entrega del
dinero se habrían firmado en las oficinas de la Sedesol en la Ciudad de México
en abril de 2015, cuando Rosario Robles era la titular de la dependencia.
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