El Senado de la República aprobó por
66 votos a favor, 12 en contra y una abstención las reformas a varios artículos
de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de
Hidrocarburos, conocida como “ley antihuachicoleo”, que incrementa de 20 a 30
años de prisión a quien sustraiga petrolíferos, crudo o petroquímicos de
ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos.
También incrementa de 17 a 25 años de cárcel a
quien directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o
recursos a sabiendas de que serán utilizados para el huachicoleo.
Asimismo, aumenta de 10 a 14 años de prisión y multa
de 10 mil a 14 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA),
a quien obligue, intimide, preste sus servicios o realice cualquier actividad
para asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores u órganos
reguladores, con el propósito de llevar a cabo este robo de hidrocarburos.
El senador
Manuel Bartlett, coordinador de la bancada PT-Morena, se opuso a estas reformas
por considerarlas una “vergonzosa
simulación”, ya que las penas no han contenido un problema creciente, dado que
“las autoridades y funcionarios de Pemex (Petróleos Mexicanos) están coludidos
en la ordeña de ductos”.
A favor del
dictamen, el priista Raúl Aaron Pozos Lanz consideró que el robo de
hidrocarburos se ha convertido en un “problema de seguridad nacional”, pues el
número de tomas clandestinas aumenta, genera un impacto adverso a la economía y
a las finanzas públicas, así como a la seguridad de las comunidades.
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