“Empezamos a utilizar una varilla con punta
para enterrarla en el suelo y al sacarla, pues, llegaba el olor de putrefacción
del cuerpo. Inspeccionamos el terreno: normalmente los indicios de una fosa son
un hundimiento. Buscamos ropa, a veces encontramos una playera o un cinturón.
¿Por qué alguien va a tirar una camisa o un pantalón en el monte?”.
Guadalupe
Contreras se hizo rastreadora en Guerrero, cuando su hijo desapareció y en las
montañas de Iguala comenzaron a aparecer enterrados decenas de cuerpos. Ahora, gracias a su experiencia, trabaja en
la brigada de búsqueda del Colectivo Solecito, una organización de madres y
familiares de desaparecidos que rastrea un terreno agreste de unos cuatro
kilómetros de largo junto al barrio residencial de Colinas de Santa Fe, al
norte del puerto de Veracruz. Se cumple un año desde que estas mujeres
encontraron, con sus propios recursos, la fosa clandestina más grande de México
y, hasta la fecha, con los restos de 287 personas.
“Para mí, encontrar un resto es como
encontrar un tesoro. Me da alegría porque sé que sus familiares van a poder
estar en paz”,
explica Perla Damián, una de las mujeres que integran el colectivo y que
participa en la brigada de búsqueda que rastrea la zona. “Yo espero encontrar a
mi hijo un día. Vivo. Pero Dios tiene la última palabra”. Víctor Álvarez, su
hijo, desapareció en diciembre de 2013 cuando tenía 16 años y las autoridades
“nunca hicieron su trabajo”.
Durante el mandato del priísta Javier
Duarte (2010-2016) –actualmente en prisión acusado de delincuencia organizada,
corrupción y enriquecimiento ilícito– las mafias no tuvieron problemas para
hacer desaparecer los cadáveres de cientos de personas. Se han encontrado más
de 30 mil restos humanos en 44 municipios de todo Veracruz, y siguen
apareciendo fosas clandestinas.
A principios
de mes, fueron detenidos e imputados por el delito de desaparición forzada el
anterior Secretario de Seguridad Pública, Arturo
Bermúdez, y su segundo, así como el ex director de Penales del Estado y 13
jefes de policía. Uno de ellos, Roberto González, era comandante de “Los
Fieles”, un grupo entrenado por el ejército que llegó a utilizar una academia
de policía como como campo de tortura y donde, al menos, desaparecieron a 15
personas.
Bajo el
paraguas de la guerra que los cárteles mantienen desde hace casi una década en
Veracruz, la desaparición de cientos de
personas inocentes ha sido una consecuencia de la ausencia del Estado a la hora
de proporcionar seguridad y justicia a la población civil.
EL GOBIERNO
HA OCULTADO LAS CIFRAS DE DESAPARECIDOS.
Las denuncias públicas de cientos de
madres que buscaban a sus hijos y denunciaban la complicidad de las autoridades
con los grupos de la delincuencia pronto se convirtieron en una molestia para
el gobierno: Duarte ocultó 1 mil 824 casos, según afirmó el actual Fiscal del Estado, Jorge
Winckler.
En
comparecencia ante el congreso local, a finales de enero, afirmó desconocer el número de homicidios y secuestros bajo su
administración y ofreció cifras desfasadas de las fosas halladas y cuerpos
recuperados. El Fiscal no incluyó los registros de los últimos 14 meses de la
actual administración. “Los datos fueron minimizados para evitar la alarma.
El Gobernador quiere que su hijo
herede el cargo. La situación en Veracruz sigue igual o incluso peor que con
Duarte”, lamenta
Lucía Díaz, fundadora del Colectivo Solecito que agrupa a más de 200 madres de
víctimas de desaparición forzada.
En su informe anual, tampoco incluyó
las desapariciones registradas durante 2017. El Registro Público de Personas
Desaparecidas (Repupedes), que presentó al inicio de su mandato como una de las
acciones “estrella” contra la epidemia de desaparición forzada, no se ha
actualizado y su servidor no funciona.
Lucía Díaz,
además, denuncia que la Comisión de
Atención a Víctimas de Veracruz, que se creó para atender los casos de
desaparecidos que se amontonaban en los escritorios de la Fiscalía, no obtuvo
fondos suficientes para su funcionamiento.
MADRES
UNIDAS POR LA BÚSQUEDA.
En mayo de
2016, dos sujetos se acercaron a un grupo de madres de víctimas de desaparición
forzada que protestaban frente al edificio del poder judicial del Estado y les
entregaron un pequeño mapa dibujado a mano. En el croquis se detallaba la
ubicación de un narco-cementerio en una brecha escarpada junto al
fraccionamiento Colinas de Santa Fe, 13 kilómetros al norte del puerto de
Veracruz, uno de los centros económicos más importantes del país.
El Colectivo Solecito organizó un
grupo de rastreo y desde entonces no ha dejado de desenterrar a personas
desaparecidas en el lugar. El gobierno, sin embargo, solo ha logrado
identificar a 15 de todas ellas.
“Nos organizamos
en mayo de 2014 y nunca hemos recibido apoyo por parte del gobierno. Nada en
absoluto”, explica Lucía. “Nosotras trabajamos a partir de nuestros medios, y
el trabajo en Colinas de Santa Fe ha costado hasta la fecha más de 700 mil
pesos [unos 33 mil euros]. A un colectivo de madres sin recursos”, explica
indignada. El colectivo sufraga sus actividades con la venta de comida en
mercados y algunos puntos del estado, rifas y el comercio de ropa de segunda
mano. También con pequeñas donaciones que reciben de la sociedad civil.
Además del
trabajo en Veracruz, Lucía se enorgullece de la participación del Colectivo
Solecito en la redacción de la Ley General de Desaparición Forzada y
desaparición por particulares (pionera en México), incorporando propuestas como
el registro de ingresos en las cárceles y de personas desaparecidas, así como
la iniciativa de formar una comisión con la sociedad civil para trabajar
directamente con las familias de las víctimas.
En México no se sabe cuántas personas
están desaparecidas. Hay registros de algunas instituciones, investigaciones de
periodistas y cálculos de organizaciones que sitúan hasta en más de 26 mil los
casos. Sin embargo, al no existir una metodología común, las cifras reales son
contradictorias, confusas y, por lo tanto, inciertas. Pero, como asegura Perla, “mientras
no veas los restos de tu hijo o no sepas que lo encontraron muerto, él vive”.
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