Raymundo
Riva Palacio.
El mejor trabajo de un órgano
electoral es cuando no se nota. El peor, cuando se está en el centro del
escenario como el protagonista principal. Desde hace tiempo esto es lo que ha
pasado con los consejeros electorales, cuyo presidente es Lorenzo Córdova.
Siempre están involucrados en asuntos contenciosos con los tribunales, con los
partidos, con los candidatos, con los medios de comunicación. El Consejo
Electoral del INE tiene mucho de temerario y arbitrario. Pero también, suele
estar metido en problemas por sus propias contradicciones. La última tiene que
ver con la legalidad de la candidatura que registraron de Nestora Salgado; la
que viene, legalidad de la candidatura que registraron de Napoleón Gómez
Urrutia.
Los
consejeros electorales han estado atrapados toda la semana en sus propias
declaraciones. Al iniciar la semana no
veían ningún error u omisión de su parte al haber otorgado el registro de
candidatura a Salgado, candidata plurinominal de Morena al Senado, pese a tener
doble nacionalidad. A la mitad de la semana ya habían matizado su opinión, y
consideraban que al no haber denuncia no tendrían por qué intervenir en revisar
su legalidad, cuando menos por ahora. Al no ser un caso “público y notorio”,
dijo el consejero Benito Nacif, tendrá que haber una denuncia para investigarse,
y esto, hasta después de las elecciones.
Los consejeros están atrapados en lo
que llaman actos de buena fe, y sus omisiones legales.
El artículo 32 constitucional
establece que “la ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana
otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad, y establecerá normas para
evitar conflictos por doble nacionalidad. El ejercicio de los cargos y
funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se
requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y
no adquieran otra nacionalidad”. Se puede restablecer ese derecho pleno,
siempre y cuando, como señalan los artículos 17 y 18 de la Ley de Nacionalidad,
se presente la renuncia, vía certificado, de nacionalidad a los mexicanos a los
que otro Estado atribuye diversa nacionalidad.
El problema para los consejeros
electorales es que fue tan abierto el tema de la doble nacionalidad, tan
público y notorio, que la propia Salgado afirmó hace unos días que no
renunciaría a ser estadounidense. Se burló de ellos o los desafió.
El Instituto Nacional Electoral ya
admitió que cometió un error al revisar la documentación de Salgado, y está
abierta la posibilidad de que, en caso de ganar, nunca se le otorgue la constancia
de mayoría. Pero si sucede con Salgado, tendrá que pasar también con Gómez
Urrutia, candidato plurinominal de Morena al Senado. Gómez Urrutia tiene la
nacionalidad canadiense y sólo presentó su certificado mexicano de
nacionalidad. Los consejeros se lo aceptaron y cometieron un error: lo que vale
es el certificado del gobierno canadiense que le retira la ciudadanía. Ese
documento, no existe.
El Consejo
Electoral del INE ha tenido una serie de actuaciones y toma de decisiones que
parecen encaminadas a agradar a Andrés Manuel López Obrador. El caso de Salgado
y Gómez Urrutia son dos ejemplos, pero los antecede la organización de los
debates presidenciales. Desde otoño pasado decidieron en forma unilateral las
plazas, las horas y, sobre todo, los temas de los debates. De esa forma
escogieron que el primero sería sobre corrupción y gobernabilidad. En todas las
encuestas de cada elección, el tema de mayor interés para los electores es el
económico, lo que permite señalar que si en la mente de los consejeros hubieran
estado los ciudadanos, habría seleccionado el que más preocupa a la mayoría.
Optaron por ir por el que provocó la ira contra el gobierno y golpeó a su
candidato presidencial. El PRI buscó que se cambiara el orden temático, pero
nunca se aceptó meterlo siquiera a discusión. Los consejeros jugaron
políticamente sin revelar el método por el cual seleccionaron los temas. En la
campaña de José Antonio Meade consideraron que este orden lo perjudicaba.
Las actitudes de los consejeros
electorales también han provocado actos de autocensura en los medios, donde en
varias organizaciones, ante la confusión sobre sus criterios sobre qué es
información, análisis o propaganda, han limitado coberturas ante el riesgo que
algún día en que amanezcan de mal humor, decidan emprender una querella contra
un medio. Las acotaciones autoimpuestas en los medios han llevado a los
absurdos de las coberturas que se están realizando, donde lo relevante no es lo
importante de lo que sucede, sino que todo esté absolutamente balanceado para
darle gusto a los consejeros. La justicia de puntos equidistantes no es
justicia. El justo medio aristotélico provee justicia, no la llevada a cabo por
el INE.
La
democracia electoral pregonada por el INE ha costado trabajo que la apliquen en
los hechos. Por ejemplo, a finales de
2016, Córdova afirmó que revisarían la utilización de los recursos de los
candidatos en los medios, pero no podían plantear que los políticos no hablaran
de política; en 2018, censuraron debates en los medios durante la intercampaña.
“Somos muy liberales en el tema de la libertad de expresión”, ha dicho Córdova,
pero Ciro Murayama, uno de sus más cercanos, demostró el talante del grupo:
porque no le gustaban los mensajes en Twitter del propagandista de López
Obrador, John Ackerman, bloqueó sus comentarios. Ante la presión pública,
rectificó. El episodio no es una mera anécdota, sino que habla mucho de lo que
el INE de Córdova ha sido a lo largo de todo este tiempo: autoritario, déspota
e hipócrita. Un árbitro, pues, realmente chafa.
Nota: En
réplica a la columna del miércoles, donde se indicó que Manuel Mondragón y Kalb
se formó en la escuela policial de Arturo Durazo, el doctor negó haber
trabajado con quien fue jefe de la Policía en la Ciudad de México durante el
gobierno de José López Portillo.
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