Raymundo
Riva Palacio.
La búsqueda
de una tercera vía para encontrar una salida negociada a la crisis venezolana
ha fracasado, y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene
que encontrar un equilibrio entre su postura principista y una toma de posición
clara entre dos polos, el presidente Nicolás Maduro y el presidente interino
Juan Guaidó, porque se está quedando aislado. López Obrador ha ido modificando
su posición en los últimos días, pero la imposibilidad de saber si el
corrimiento hacia una postura, que si bien neutral está más en el contexto de
lo que piensan la mayoría de los gobiernos del mundo de Maduro, obedece a que
el presidente no entiende los matices de la política exterior, por lo que es
incierto si ello fue acompañado de instrucciones precisas a la cancillería mexicana
para que prepare un control de daños a lo que parece estar cerca: la caída de
Maduro.
Los
gobiernos del presidente López Obrador y del uruguayo Tabaré Vázquez no
encontraron la llave de la puerta para contrarrestar la embestida del
presidente Donald Trump. No va a haber intermediación de esas dos naciones,
aunque el presidente Nicolás Maduro la haya aceptado al entender que era de lo
último que podría asirse. El más importante del que se afianzó México, creado
por los europeos al señalar –como los mexicanos– que recopilarían y analizarían
la información antes de tomar una decisión, se selló el fin de semana cuando
Alemania, España, Francia y el Reino Unido dieron un ultimátum a Maduro de ocho
días para que anuncie nuevas elecciones. De otra forma, advirtieron,
reconocerán al diputado Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Guaidó
rechazó la intermediación de México y Uruguay. El viernes respondió a los dos
gobiernos: “La represión, cuando no les da resultado, se convierte en falso
diálogo. Debe tener muy claro el mundo y este régimen que para el falso
diálogo, aquí nadie se presta”. Dicho de otra forma, Guaidó le dijo a López
Obrador y a Vázquez que el diálogo propuesto era un engaño.
La postura
europea de este fin de semana, sin ser la extrema de Estado Unidos, se acercó a
la del Grupo de Lima del 4 de enero, firmada por todos menos México, donde dijo
que no reconocería el nuevo mandato “ilegítimo” de Maduro, resultado de
elecciones que no tuvieron los estándares mínimos democráticos, pidiéndole
respetar las atribuciones de la Asamblea Nacional y que le transfiriera de
forma provisional el Poder Ejecutivo, hasta que se realizan nuevas elecciones
presidenciales. En ese momento, México argumentó sus principios
constitucionales de no intervención y dijo que buscaría una mediación.
Vistos los
resultados, ni el gobierno de López Obrador ni el de Vázquez pesan en el
concierto internacional, ni son tomados en cuenta como interlocutores. El
alineamiento internacional en contra de Maduro los avasalló, sin saberse en
México si la posición mexicana fue precedida de consultas informales previas
para saber qué espacio y tiempo tendría para ello, o fue una nueva ocurrencia
del gobierno para salir al paso. Lo que es evidente es que las cancillerías del
mundo llevaban una velocidad que no contempló o rebasó a la mexicana.
El tema de
Venezuela estaba en la agenda de pláticas que esta semana tendrá en México el
presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con López Obrador, quien busca
tener una muy buena relación con él, y se estimaba figuraría también en una
visita que tiene programada el secretario de Estado, Mike Pompeo, a la Ciudad
de México. La intermediación quedó en el pasado. Hay, en todo caso, matices
para tomar en cuenta.
La postura
del gobierno de López Obrador del jueves tuvo un ajuste el viernes, cuando el
presidente dijo que la intermediación mexicana sólo se haría si ambas partes la
aceptaban. Es decir, sólo si Maduro y Guaidó estaban de acuerdo. Para efectos
de argumentación, dado que no hubo rectificación a lo declarado el viernes, el
gobierno mexicano reconoce a Guaidó como un actor legal y legítimo, equiparado
en peso político a Maduro.
De esta
forma, el gobierno de López Obrador se acercó a la postura del gobierno de Peña
Nieto de reconocer a la Asamblea Nacional, que es el único de los cinco poderes
reconocidos por la Constitución venezolana, que no se sumó a la parodia de la
Asamblea Nacional Constituyente instaurada por Maduro en agosto de 2017, y que
el 13 de noviembre pasado declaró inconstitucional que asumiera un nuevo mandato
presidencial, pidiendo paralelamente nuevas elecciones presidenciales. Sobre
esa base, Guaidó invocó el 15 de enero pasado el artículo 233 de la
Constitución, que establece el procedimiento para cesar el titular del
Ejecutivo y considera que el presidente de la Asamblea Nacional o el
vicepresidente, podrían actuar como sucesores. Delcy Rodríguez, marioneta de
Maduro, es la vicepresidenta.
La postura
europea frenó los intentos golpistas de Estados Unidos, pero en el fondo, el
restablecimiento de la vida democrática en Venezuela coincide plenamente. El
gobierno de López Obrador, emanado de una elección democrática, no puede ir en
contra de ello e hizo bien en rechazar de entrada sumarse al proyecto de Trump.
Al fracasar su tercera vía, los europeos le volvieron a mostrar el camino.
Maduro es inviable y López Obrador lo debe entender. Tuvo el fin de semana para
encontrar una posición acorde con los principios que defiende, pero debe
entender que su iniciativa fracasó y no puede permitir que su neutralidad sin
diplomacia eficaz lo coloque, ante los ojos de todos, respaldando a un régimen
autoritario.
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