Por Isaín
Mandujano.
La Corte
Federal canadiense anunció que analizará
la viabilidad de investigar a la diplomacia de ese país en México que protegió
a la minera Blackfire, implicada en el asesinato del líder del movimiento anti
minero de Sierra Madre de Chiapas, Mariano Abarca Roblero, perpetrado en
noviembre de 2009.
La Red
Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) dio a conocer que el juez Keith M. Boswell escuchó los argumentos de
los representantes legales de la familia Abarca, presente en la audiencia, en
el sentido de que la embajada de Canadá en México debe ser investigada por
haber creado “un peligro sustancial y específico para la vida, la salud y la
seguridad” del activista y otros residentes del ejido Chicomuselo, Chiapas,
afectados por la mina de Blackfire.
A más de un año de la petición
elaborada por la esposa e hijos de Mariano Abarca Roblero, quienes solicitaron
la revisión judicial –junto con la Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA),
Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma de Chiapas, la REMA y MiningWatch Canada–, la Corte
Federal de Canadá aceptó por fin valorar el asunto.
El 5 de
febrero de 2018, José Luis Abarca
Montejo, hijo del líder comunitario Mariano Abarca (también asesinado) y sus
colaboradores, presentaron un escrito ante al Comisionado de Integridad del
Sector Público de Canadá (PSIC), solicitando que se abriera una
investigación a la Embajada de Canadá en México sobre su apoyo a las
operaciones de la compañía minera canadiense Blackfire Exploration en Chiapas.
El escrito sostiene que los actos y
omisiones de la sede diplomática pueden haber contribuido a poner en peligro la
vida de Mariano Abarca. Asimismo, la Embajada podría no
haber seguido las directrices establecidas respecto de las denuncias por corrupción.
Hasta donde
se sabe, se trata de la primera vez en
que se presenta una queja ante el Comisionado por el hecho de no seguir las
directrices establecidas en esta materia por parte de la Embajada.
El 17 de
abril de 2018, los reclamantes
recibieron el anuncio de que el Comisionado se negaba a investigar la queja.
Como respuesta, presentaron un recurso ante el Tribunal Federal de Canadá con
fecha 16 de mayo de 2018.
Argumentaron que la decisión del
Comisionado se basa en una interpretación restrictiva de su mandato, en la que
se establece la conclusión errónea y mal argumentada de que no existían
directrices a seguir por la Embajada, más allá de hacer lobby a favor de
Blackfire.
Asimismo,
subrayaron, debería haberse tenido en
consideración si las acciones y omisiones de la Embajada de Canadá ponían en
peligro la vida de Abarca.
En su
Memorándum de Hecho, la oficina del
fiscal general reiteró en diciembre la afirmación del Comisionado de que los
documentos del gobierno y las declaraciones públicas no constituían una
“política oficial” y, por lo tanto, los funcionarios no estaban obligados a
seguirlos.
Tampoco explicó porqué el
Comisionado no consideró el interés público de investigar este caso, a pesar
de la desconfianza que genera en el papel de los diplomáticos canadienses y
los comisionados de comercio cuando existen conflictos con las empresas mineras
de ese país.
Tras la
audiencia pública en el Tribunal Federal de Canadá, los reclamantes denunciaron hoy que la Embajada canadiense defendió los
intereses de las compañías mineras sin importar las repercusiones sobre las
personas en México y en otras partes del mundo.
Tras la
audiencia, lograron que la Corte
ordenara al PSIC que investigue los actos y omisiones de la sede diplomática en
México, al considerar que contribuyeron a incrementar el peligro sobre Mariano
Abarca antes de su asesinato.
Mariano Abarca era un miembro muy
respetado de la comunidad que denunció y lideró las protestas contra los
impactos sociales y ambientales de la mina de barita explotada por Blackfire en
Chicomuselo, Chiapas. Los empleados de la mina lo golpearon, lo detuvieron a
petición de la compañía, lo amenazaron y finalmente lo asesinaron el 27 de
noviembre de 2009.
Tres personas relacionadas con
Blackfire fueron detenidas y acusadas inmediatamente después del crimen del
activista, quedando todas ellas absueltas y puestas en libertad. La
investigación sigue abierta.
Hasta que se disolvió, en agosto de
2017, Blackfire Exploration era una empresa privada con sede en Calgary que
operaba la mina de barita Payback en Chicomuselo, Chiapas. Su actividad se
desarrolló desde fines de 2007 hasta poco después del asesinato de Mariano
Abarca, cuando la autoridad ambiental de Chiapas cerró la mina.
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