Por Manu
Ureste.
Un juez
federal decidió no vincular a proceso al
exdirector de presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu)
Francisco Báez Álvarez, por lo que éste no irá a juicio pese a que autorizó la
entrega de 185 millones de pesos de esta dependencia a una universidad pública
a través del esquema de desvío de recursos públicos conocido como La Estafa
Maestra.
Báez Álvarez
era el funcionario encargado de liberar
los recursos públicos de la Sedatu para pagar a la Universidad Politécnica
Francisco I. Madero, del estado de Hidalgo, para la realización de una serie de
servicios tecnológicos a la dependencia y que no se hicieron, según documentó
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y también comprobó la propia
Fiscalía de la República.
Sin embargo, el juez federal Fernando Payá Ayala
desestimó lo expuesto por los cuatro agentes del Ministerio Público respecto a
la responsabilidad directa de Báez sobre los recursos, durante la audiencia
pública celebrada en el juzgado del Reclusorio Norte, por la causa penal
444/2018.La
“Él (Francisco Báez) estaba obligado por
jerarquía a revisar y supervisar todo el trámite de pago. Pero no lo hizo y lo
autorizó indebidamente”, apuntó la Fiscalía.
De acuerdo con lo expuesto durante la
audiencia pública, para sustentar el pago de esos supuestos servicios a la
dependencia, la Universidad emitió nueve facturas por 185 millones de pesos, en
las que se detectaron dos irregularidades.
Una, que las facturas no tenían el
IVA desglosado, por lo que se presume un probable daño al erario por el impago
de impuestos.
Y dos, que el concepto de los comprobantes
fiscales correspondía a otros convenios distintos al que se estaba pagando.
Es decir, según la Fiscalía, el exdirector de
presupuesto de la Sedatu aceptó, validó, y pagó facturas irregulares, a pesar
de que el artículo 66 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria dice que según lo
estipulado en el anexo técnico del convenio específico firmado entre la Sedatu
y la Universidad, y según el reglamento interno de la dependencia, él era el
responsable directo de vigilar y supervisar toda la documentación
comprobatoria.
Ante estas
irregularidades, la Fiscalía pidió al
juez que se vinculara a proceso a Francisco Báez, para que respondiera en un
juicio por la presunta autorización indebida de pagos por 185 millones de
pesos, y el probable delito de ejercicio indebido del servicio público.
No obstante
lo anterior, el juez Payá Ayala
determinó, tras una exposición de argumentos de apenas 10 minutos de duración,
que no había elementos probatorios suficientes para vincular a proceso al
exfuncionario. Y argumentó dos motivos.
El primero, que la supuesta no realización de los
servicios contratados por la Sedatu, no es imputable al exdirector de
presupuesto, sino que, en todo caso, sería a la Universidad que debía dar esos
servicios, dijo el juez. Y que esto, ya es materia de otra causa penal.
Y el segundo, que las posibles irregularidades en las
facturas son únicamente imputables al contribuyente que emitió dichas facturas,
es decir, la Universidad Politécnia Francisco I. Madero.
Esta
decisión significa que, al menos por
este caso, el exdirector de presupuesto de la Sedatu no irá a juicio, aunque la
Fiscalía General de la República tiene ahora cinco días hábiles para apelar la
decisión del juez, o puede seguir investigando para, en caso de encontrar más
pruebas, solicitar una nueva audiencia.
Báez Álvarez
aún tiene abiertos otros dos procesos
relacionados también con convenios de la Sedatu y universidades públicas. Por
lo que su abogado defensor calificó la decisión del juez solo como “una pequeña
victoria”.
Durante su
intervención en la audiencia, Francisco
Báez se declaró “totalmente inocente” de las imputaciones hechas por la
Fiscalía.
Dijo que, como parte de sus
atribuciones, no está la de supervisar que se realizaran los servicios de los
dos convenios firmados con la Universidad Pública —convenio marco y el convenio
específico—.
Lo anterior,
subrayó Báez a pregunta expresa de su
abogado, sería responsabilidad de quien firmó el convenio por 185 millones de
pesos con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, el funcionario
Armando Saldaña Flores, quien apenas el pasado 20 de marzo sí fue vinculado a
proceso por su presunta participación en el desvío de recursos públicos de la
Sedatu a través de La Estafa Maestra.
“El área de Armando Saldaña era la que
debía supervisar que los trabajos del convenio se realizaran”, recalcó Báez.
“Es decir, su área se encarga de revisar todo, y partir de ahí, me mandan
facturas, y toda la documentación, y yo autorizo el pago. Pero yo no estoy
obligado a revisar los servicios”.
En cuanto a las irregularidades en
las facturas, la defensa del exdirector de presupuesto alegó que, de acuerdo
con la normatividad, Báez no estaba tampoco obligado a revisar “factura por
factura”, ya que hay toda una estructura jerárquica por debajo de él que se
encarga de realizar esas tareas, y que ésta comunicó a Báez que “todo estaba en
regla”, por lo que éste autorizó los pagos.
Además, la defensa argumentó que el exdirector de
presupuesto no realizó personalmente los pagos por 185 millones de pesos, sino
que éste los “gestionó” ante la secretaría de Hacienda, “que es la dependencia
que autoriza el pago final”.
“Mi cliente se apegó a la norma y al
reglamento: a él le dan una serie de documentación entregable por los servicios
(facturas), le hacen ver que todo es correcto, y gestiona el pago ante
Hacienda. Pero él no apretó un botón y se hizo el pago”, resaltó el abogado
defensor, quien añadió que, en el caso de que las facturas tuvieran
irregularidades, éstas serían imputables a la Universidad, no a su cliente.
Argumento con el que coincidió el juez en su decisión de no vincular a proceso
al exdirector de presupuesto de la Sedatu.
Cercano a
Rosario Robles y Zebadúa.
Francisco Báez Álvarez tuvo el mismo
cargo en la Sedesol y Sedatu durante la administración de Rosario Robles en
ambos casos, y su jefe directo fue Emilio Zebadúa, oficial mayor en ambas
dependencias.
En Sedesol fue director general de
Recursos Materiales solo por seis meses en 2013, y entre agosto de ese año y
octubre de 2015 ocupó la dirección general de Programación y Presupuesto, donde
tenía la responsabilidad de “administrar, coordinar” y fungía como “instancia
única para tramitar ante la Secretaría de Hacienda las solicitudes de
presupuesto”.
Desde ese
cargo aprobó las transferencias
electrónicas por casi 400 millones de pesos de la Sedesol para pagar supuestos
servicios para la Cruzada Nacional contra el Hambre realizados por la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos entre octubre y noviembre de 2013,
según consta en el expediente de la investigación realizada por el Órgano
Interno de Control y del que Animal Político tiene copia.
Sin embargo,
la Auditoría Superior de la Federación
señaló que los servicios no se hicieron y la investigación periodística sobre
La Estafa Maestra comprobó que las empresas contratadas por la Universidad eran
fantasma o ilegales, por lo que los recursos públicos desaparecieron.
En Sedatu se repitió el esquema de
convenios con universidades, subcontratación de empresas ilegales o fantasma y,
por ende, presunto desvío de recursos públicos, según documentó la Auditoría.
Báez Álvarez
fue nombrado otra vez director general
de Programación y Presupuesto en la Sedatu en octubre de 2015, un mes después
de la llegada a la dependencia de Emilio Zebadúa como oficial mayor, su jefe
directo por segunda ocasión.
Los
convenios.
La Sedatu hizo el convenio general
SEDATU-UPFIM/SOT/05/2016 y el específico SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016 con
la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero mediante el cual entregó 224
millones de pesos en 2016, motivo de esta causa penal.
Según consta
en los convenios, obtenidos por Animal Político vía transparencia, los supuestos servicios consistieron en la
“difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la
implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial,
desarrollo regional, urbano y metropolitano, equidad de género y propiedad
rural y desarrollo agrario, en cumplimiento de sus fines institucionales”.
El primer convenio fue firmado por el
entonces subsecretario de Ordenamiento Territorial y urbano, Enrique González
Tiburcio y el segundo por su subalterno, Armando Saldaña, director general de
Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo.
Sin embargo,
ambos denunciaron ante el Órgano Interno
de Control de la dependencia en julio de 2017 la falsificación de su firma en
dichos documentos. La denuncia llegó hasta la entonces Procuraduría General de
la República y en el proceso de desahogo de pruebas, Tiburcio fue vinculado a
proceso el 30 de enero debido a que el juez consideró que la firma es “de puño
y letra” del funcionario.
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