Por Dulce
Olvera.
Martha,
defensora de derechos humanos, ha denunciado los abusos de la policía municipal
de San Luis Río Colorado, Sonora. En octubre de 2014, el Mecanismo de
Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas le
otorgó el acompañamiento de un grupo de escoltas de la empresa RCU Sistemas,
con ex militares o marinos como personal, que tuvo “altercados por la falta de
capacitación, ética y responsabilidad en su labor de acompañamiento”, reveló un
informe de Espacio_OSC, compuesto por diversas organizaciones civiles como
Artículo 19 y Serapaz.
En octubre
de 2012, su hijo Jorge fue detenido por policías municipales, inculpado por
presunta portación ilegal de armas, privación ilegal de la libertad y tentativa
de homicidio, y liberado hasta 2015 por falta de pruebas.
De 2007 a 2018 la empresa en
seguridad y comunicaciones RCU Sistemas, señalada ahora por el Gobierno federal
por deficiencias en la operación de sus servicios para el Mecanismo de
Protección que atiende a 790 personas bajo amenaza, recibió contratos por 16
millones 112 mil 546 pesos por parte de Telecomm, la Comisión Federal de
Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de
Hacienda de Chihuahua, de acuerdo con una revisión al Portal de Transparencia y
a Compranet.
Fue en febrero
de 2014, cuando Juan Carlos Gutiérrez
Contreras, entonces titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos
Humanos (UDDH) de la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong,
firmó un contrato por adjudicación directa a RCU Sistemas, representada por
Israel González León y registrada desde 2005, por 25 millones 300 mil pesos
para la seguridad técnica de los defensores de derechos humanos y periodistas
con vigencia al 31 de enero de 2017, de acuerdo con un documento visto por la
revista Proceso y no publicado en el Portal de Transparencia.
El contrato fue renovado por los
siguientes titulares en seis ocasiones a pesar de los señalamientos sobre la
calidad de sus servicios.
“Existe una empresa privada, que es
la encargada [exclusiva] de toda la aplicación de los mecanismos que se decidan
a cada una de las personas que están sujetas a la protección y que reportan
deficiencias en la operación, particularmente en sus equipos tecnológicos y en
su personal”, dijo
este lunes Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación. Actualmente, documentó, son más de 30 millones de
pesos los que se canalizan a esta compañía.
De 2000 a
marzo de 2019, Artículo 19 ha
documentado el asesinato de 124 periodistas en México, en posible relación con
su labor periodística. Del total, 115 son hombres y 9 son mujeres. Veracruz
permanece con el mayor registro de asesinatos de periodistas por entidad, con
26. El último caso es el de Omar Iván Camacho, asesinado el 24 de marzo de
2019, en Sinaloa.
RENOVACIÓN
PESE A FALLAS.
La contratación documentada de 2014 a
RCU Sistemas se dio cuando la Junta de Gobierno del Mecanismo estaba encabezada
por Lía Limón García (2012-2015), Subsecretaria de Derechos Humanos, y compuesta por miembros
de la Segob, la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de Relaciones
Exteriores, la entonces Procuraduría General de la República y la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.
Limón García
dijo SinEmbargo que esta empresa estaba
trabajando para el Mecanismo de Protección desde la dirección de Perseo
Quiroz-Rendon (junio 2012-marzo 2013), antes de que ella llegara al cargo y,
aclaró, nunca conoció al proveedor, ya que la responsabilidad de seleccionarlo
era de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH) entonces
dirigida por Juan Carlos Gutiérrez.
“Desde Perseo [Quiroz-Rendón] lo
conocían y luego Juan Carlos siguió trabajando con ellos desde 2013. Yo nunca
los conocí, y entiendo que siguieron”, dijo. “Juan Carlos socializó la información con el Consejo
Consultivo”.
Jade Ramírez
Cuevas, periodista víctima de amenazas, ex integrante del Consejo Consultivo
del Mecanismo de Protección hasta agosto de 2015, del que fue beneficiaria, dijo en entrevista que la justificación de
Lía Limón, funcionaria desde el calderonismo, era que “tenía que ser
adjudicación directa por razones de seguridad y ser un asunto delicado; ese fue
el argumento básico para no abrir a una licitación los servicios de protección
privada”.
Evocó que hubo división y dudas
“porque no tuvimos suficiente tiempo de analizar y estudiar los antecedentes,
bastante preocupantes, de la empresa que no solo es proveedora del Gobierno
federal, sino también para muchos gobiernos locales, municipales de patrullas,
balística…”.
Limón reiteró durante la charla con este diario
que sí se justifica que sea adjudicación al tratarse de un tema de seguridad,
pero, acotó, durante su administración no se reportaron quejas contra el
servicio de RCU Sistemas.
“Se quejaron de la anterior, no puedo
dar el nombre porque la gente que está en el Mecanismo ha recibido amenazas. Y
Juan Carlos decía que habían hecho un buen trabajo este siguiente cliente [RCU
Sistemas], que la diferencia había sido notable. Pero la verdad pienso que lo
hacía genuinamente, sin ningún interés, sino porque daba resultados”, afirmó.
“Puede ser que se haya vuelto deficiente, pero en mis tiempos no se registró
ninguna queja. Juan Carlos quería que fueran ellos porque estaban trabajando
bien y los conocía desde Perseo [Quiroz-Rendón]”.
Para marzo
de 2014, el titular de la Unidad de Derechos Humanos Juan Carlos Gutiérrez
Contreras, actualmente coordinador de la organización i(dh)eas, dejó el cargo.
Fue sustituido entonces por Víctor Manuel Serrato Lozano (2014-2015), ex director
general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Civiles
de la CNDH, quien renovó el contrato.
“Recuerdo que los beneficiarios
hablaban del botón de pánico, pero era un tema de cobertura. Se introdujeron
los teléfonos satelitales para quienes vivían en la sierra de Chihuahua,
Guerrero. En aquel tiempo, no sé ahora, RCU nos brindó un servicio bueno.
Atendía, acudía, mostraba evidencias, recababa firmas de inconformidad de los
beneficiarios”, dijo. “Durante ese tiempo puedo hablar bien de RCU. Los
vehículos que aportaba eran nuevos y los productos que instalaba eran de muy
buena calidad. En aquel momento nos sirvió bastante”.
Durante su
año de administración, resaltó Serrato, ninguno
de los beneficiarios salió lastimado o perdió la vida y le resulta “una
contradicción” que una crítica del gobierno sea que las escoltas son ex
militares o marinos dada la existencia de la Guardia Nacional.
“Comparé los precios de las escoltas
que nos brindaba el servicio de Protección Federal y nos salía un 40 por ciento
más caros que las escoltas de RCU, que son ex marinos. Tienen la garantía de
que saben usar las armas, traen licencia de portación; todo en regla”, afirmó.
Las siguientes titulares de la Unidad
para la Defensa de los Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra y Patricia
Colchero Aragonés, también renovaron el contrato con RCU Sistemas.
Desde marzo
de 2014 Artículo 19 en el reporte
“Disentir en Silencio” alertó que no había protocolos o lineamientos para
implementación de las medidas por parte de la empresa privada de seguridad a la
cual se le adjudicó directamente la provisión de infraestructura y equipo de
seguridad, y que correspondía a los funcionarios públicos que conforman el
Mecanismo la facultad de supervisión y vigilancia de su correcta
implementación.
El ex
titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Víctor Serrato, se reunió con Artículo 19,
reconoció: “Eran cuestiones, pero no de alto… que impactaran de una manera en
que se hiciera inviable esto. Eran cuestiones de coordinación de la gente que
atendía las llamadas de alerta. Eran cosas así sobre todo del botón de pánico.
Ni siquiera lo cargaban, por lo que se dio un curso a los usuarios. Así se
resolvió en ese momento”.
En verano de
2015 el informe de Espacio_OSC “Segundo
diagnóstico sobre la implementación del Mecanismo de Protección” reiteró que
entre los problemas detectados por las personas beneficiarias y las
organizaciones civiles destacaba “dejar la mayor parte de las medidas en manos
de una empresa privada (como la gestión de los botones de pánico o la
contratación de parte de los escoltas), sin que exista la debida evaluación y
rendición de cuentas. Es pertinente recordar la recomendación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de evitar la privatización de la seguridad
para las personas defensoras de derechos humanos”.
Alma,
abogada y beneficiaria del Mecanismo en octubre de 2013, dijo sobre sus escoltas que “cuando les pregunto cuál es su
entrenamiento… no saben nada. Son elementos retirados del Ejército”. Fue
levantada por policías en Sinaloa luego de ayudar a una comunidad contra una
presa.
“Para la empresa [RCU Sistemas] es
más práctico llamar a un hombre empistolado, que ya tiene permiso para llevar
armas. Uno de mis ex escoltas era de la Marina, siempre estuvo solo en barcos,
sabía manejar sólo montacargas”, contó Alma, actualmente desplazada, a Fundar
para el informe “Fideicomisos en México”.
“No traen chalecos, las radios que
usan son como woki toki porque pueden comunicar solo hasta dos kilómetros, así
que en una situación de emergencia cómo te comunicas”.
Fundar,
Centro de Análisis e Investigación, realizó
una solicitud de información para acceder a los datos de los gastos con cargo
al fideicomiso de protección de periodistas. Sin embargo, al examinar las
facturas que comprueban estas erogaciones, solo conocieron que el servicio de
cada escolta armado costaba 34 mil 717 pesos y los equipos de comunicación 2
mil 91 pesos; pero tampoco pudieron saber con qué periodicidad se hacen estos
pagos.
FALLAS DE
RCU: BOTÓN, ESCOLTAS Y FIDEICOMISO.
Al menos
desde 2014, en el sexenio de Enrique
Peña Nieto, esta compañía RCU Sistemas con sede en la Colonia Narvarte, de la
Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, había sido cuestionada por
periodistas beneficiarios que se consideraron revictimizados por su mal
servicio que encontraron eco en los informes referidos de Espacio_OSC y de
Fundar.
A la fecha
es la única empresa que provee de
tecnología al Mecanismo de Protección, lanzado en julio de 2012, que va desde
entrega de botones de asistencia con aplicación de localización, equipo
celular, radio o telefonía satelital; instalación de cámaras, cerraduras, luces
u otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una
persona; chalecos antibalas; detector de metales; y autos.
Sobre el
botón de pánico, Espacio_OSC detectó un
caso en que se debía emitir la alerta a una persona de confianza, además del
personal del Mecanismo y de la empresa de seguridad. Pero no funcionó. A veces
se activaba sin apretarlo (problema técnico) y cuando sí se usó, el
beneficiario no obtuvo ayuda. En otro caso se debía emitir la alerta al
personal del Mecanismo y a la empresa de seguridad. Tampoco funcionó.
Mariano,
usuario del botón y miembro de la organización “Derechos humanos Tijuana Sin
Censura”, publicó en septiembre de 2018
en Facebook que era “un engaño”, ya que el aparato “no tiene ninguna conexión
con ninguna autoridad” y es atendido por “personas inexpertas en el tema de
seguridad”, que son personal de RCU Sistemas “que terminan diciéndote que
marques a la policía de tu localidad”.
Cuestiona que la empresa reciba
millones de pesos por un servicio que trae, acusó, inseguridad, desconfianza y
pone en riesgo la vida de periodistas. “Por lo regular, si tú oprimes la tecla
de emergencia tardan en responderte mínimo cinco minutos y cuando, ya sea que
te contacten o te comuniques directo a través de la tecla 1, empieza un
interrogatorio donde tienes que brindar una clave de seguridad seguido de una
serie de preguntas que no se deberían de hacer a personas en riesgo, ya que
solo es perder el tiempo”, escribió.
O, si solicitas un monitoreo por
considerar que tu vida está en riesgo, debe ser cada media hora, no al momento de
pedirlo, “lo cual es tiempo suficiente para que muchas cosas puedan sucederte”.
El
subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro
Encinas, informó en la conferencia matutina de este lunes que actualmente hay
en uso 792 botones de asistencia, pero del total, 209 de los usuarios lo tienen
apagado durante más de 150 días al año; otros 100 lo tienen apagado entre 61 y
150 días del año. Y si bien un número importante, 230, lo tienen activo
prácticamente de manera permanente, es de manera muy desigual su uso.
“Además de las fallas que existen en
la instrumentación de este sistema donde se pierde la señal, donde no hay
georreferenciación, donde no hay respuesta inmediata en ocasiones a la
situación de emergencia por parte de la empresa encargada de prestar este
servicio, también existe esta falta de confianza y no uso de las medidas de
protección que tienen la mayor implantación dentro del Mecanismo”, confirmó el funcionario.
“¿Cuál es el argumento que muchos de
ellos nos han dado respecto a que por qué no utilizan o mantienen de manera
permanente y sistemática prendido el botón de seguridad? Es que dicen que no
quieren que la autoridad sepa donde se encuentra”, afirmó.
RCU Sistemas
también ofrece el servicio de escoltas
privadas, pero, observó el informe de Espacio_OSC, las personas que lo integran
“son elementos retirados del ejército o de la marina y los costos corren a
cargo del Fideicomiso”. Sobre la instalación de cámaras, cerraduras, luces u
otras en el domicilio o lugar de trabajo del beneficiario, “la empresa
contratada no tiene la capacidad suficiente para que el Mecanismo cumpla con
los plazos establecidos en la ley para su implementación”.
Además de sobrecostos, el
Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas confirmó que “la empresa no
goza con un permiso de portación de armas, sino que está empleando a marinos o
militares retirados que portan el arma de cargo que les permite su jubilación.
Y es de las situaciones más delicadas”.
Por ello, anunció, está en proceso el reemplazo de
las escoltas privadas de los beneficiarios por escoltas capacitadas por la
Policía Federal Preventiva, y el Presidente de la República pidió que también
el área de protección a funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional
coadyuve.
La principal deficiencia observada
por la periodista Jade Ramírez es que “es una empresa que da servicio de
seguridad privada, pero sus controles de calidad no son muy rigurosos” y
careció de sensibilidad para atender a personas bajo vulnerabilidad. Aunque,
agregó, el problema de fondo es que la obligación de otorgar protección es del
Estado mexicano, pero “se privatizó esa responsabilidad”.
Ante las
fallas detectadas, el Subsecretario
Encinas anunció que, por lo delicado e importante de los servicios de
protección a la vida e integridad de los beneficiarios, se extenderá el
contrato con la empresa privada con miras a costos de un 15 por ciento menos,
mientras se revisa y concreta la migración de los servicios de protección a
instituciones de Gobierno, como las escoltas y los botones de emergencia, entre
otros.
“No vamos a poner en riesgo a
absolutamente a nadie, vamos a mantener los servicios de la empresa, pero bajo
un mecanismo de control y fiscalización mucho más directo, estaremos
interviniendo el seguimiento de la empresa. Pero con toda seguridad, en el
momento en que asumamos esto, como debe de ser, una responsabilidad del Estado
que no puede delegarse a un particular, sino que tiene que ser directamente el
Estado”, dijo.
También se revisan otras empresas privadas que
prestan medidas de protección para conocer la oferta y calidad de los mismos.
“Quien se tiene que responsabilizar de las medidas y los planes de seguridad es
el Estado mexicano”, coincidió la ex Consejera del Mecanismo de Protección Jade
Ramírez. “No estoy diciendo que se vaya a prescindir de los servicios de la
empresa o que sea oportuno cortarlo 100 por ciento. Me parece que hay cosas que
puede cubrir esta o cualquier otra empresa, pero el gobierno mexicano es quien
debe de asumir la mayor cantidad de responsabilidad”.
Encinas
Rodríguez agregó que se está llevando a
cabo una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al
fideicomiso que maneja los recursos de este Mecanismo, y se está realizando una
evaluación externa por parte de las oficinas en México de la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.
“Desde luego que es necesaria una
auditoría al fideicomiso. No es algo que se deba poner a cuestión, cada año
todos los fideicomisos deben someterse a auditoría”, dijo la periodista Jade Ramírez.
Fundar expuso sobre el Fideicomiso para la
Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, iniciado
en 2012 con 41 mil millones de pesos, que “saber en qué se gastó y el proceso
de toma de decisiones para contratar a la empresa es un enigma tanto para las
organizaciones civiles que acompañan el proceso, como para aquellas que se
encargan de monitorear el manejo de los recursos públicos”.
BENEFICIARIOS
SE CONCENTRAN EN CDMX Y VERACRUZ.
Desde el 1
de diciembre a la fecha, documentó que
hay 790 personas bajo el Mecanismo de Protección: 498 defensores de derechos
humanos (63 por ciento) y 292 periodistas que representan (37 por ciento). En
10 entidades reside el 62 por ciento de los beneficiarios, destacando la Ciudad
de México con cerca del 17 por ciento, Veracruz con el 9.6 por ciento y
Guerrero con cerca del 9 por ciento.
En Veracruz, a una periodista
asesinada le pagaban sus notas entregándole 50 ejemplares diarios del periódico
para que ella los vendiera, resaltó. Y respecto a la Ciudad de México, el
subsecretario explicó que se concentra porque la gente tuvo que migrar de su
lugar de origen hacia la ciudad.
Durante el sexenio de Andrés Manuel
López Obrador se tiene el registro de siete periodistas asesinados, de los
cuales solo Rafael Murúa Manríquez, de Baja California Sur, estaba bajo la
protección del Mecanismo. Y sobre cuatro asesinatos ya fueron identificados y
detenidos los presuntos responsables. Omar Iván, periodista deportivo, fue
asesinado en Salvador, Alvarado, Sinaloa el domingo pasado.
En el caso
de defensores de derechos humanos, van
nueve decesos, de los cuales solamente se han esclarecido dos, en particular el
caso de Sinar Corzo, en Arriaga Chiapas, y sobre Samir Flores, en Amilcingo, se
tienen identificados a tres agresores, pero falta concretar la identificación
de los autores intelectuales.
También se hace el seguimiento de periodistas que
han sufrido algún tipo de agresión, las más recientes: el de Jesús Hiram
Moreno, director del portal de noticias Evidencias, en Juchitán, Oaxaca; y el
caso de Miguel Badillo, director de Contralínea, que fue allanado su domicilio
el pasado 23 de marzo.
Para periodistas se busca involucrar
directamente a los dueño de los medios de comunicación en la corresponsabilidad
para garantizar la integridad y la seguridad de sus trabajadores, “ya que
cuando se presenta una situación de riesgo no solamente los despiden y no los
vuelven a contratar, sino que se estigmatiza a muchos de los periodistas, que
cumpliendo con su responsabilidad se van obligados a emigrar del lugar donde
desempeñan sus labores”, expuso.
“En el caso del gremio periodístico,
ni se paga el salario profesional, ni se tiene empleo permanente, la figura del
freelance o del outsourcing es la que predomina. En el momento que hay una
tragedia de esta naturaleza no cuentan con seguro de vida, no cuenta la mayor parte
de los medios con ningún tipo de protección social a los periodistas, que
debería ser su obligación”, agregó.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.