Por Arnoldo
Cuellar.
A seis meses
de que inició el Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez -se cumplen exactamente
este martes 26 de marzo-, es posible tener un primer diagnóstico de lo que
ofrece y lo que nos depara la gestión del nuevo titular del Poder Ejecutivo y
aparente jefe político del sistema PAN -Gobierno, que incluye a los diputados
propios y los aliados, los principales alcaldes y la dirigencia partidista.
Diego Sinhue parece ser un político
que quiere tener todo bajo control, no en un estilo moderno de gestión
democrático, sino con visos autoritarios. Ello incluye al aparato de Gobierno y
también a factores externos como los medios de comunicación o las
organizaciones del sector empresarial.
Sin embargo,
el control que se quiere no parece
orientado a operar eficazmente el aparato gubernamental, algo que si bien no lo
justificaría por lo menos lo explicaría, sino solo a cuidar la imagen del
propio gobernante.
El síndrome autoritario no compagina
bien con la inseguridad al gobernar.
Diego Sinhue Rodríguez y el equipo
que lo rodea, sobre todo el grupo cero que lidera Juan Carlos Alcántara,
quieren darle al mandatario una alta popularidad, ocho columnas en los medios y
fortaleza en el discurso público. Solo que, en lugar de trabajar en los temas
sustantivos, se quedan apenas en la escaramuza superficial.
Víctimas de la esclavitud por la
popularidad, los estrategas de Sinhue han incurrido incluso en la ingenuidad de
manipular resultados de encuestas y utilizarlas como propaganda, como pasó
recientemente con una sui géneris medición realizada por el periódico El
Heraldo de México.
La persecución de la imagen los ha
llevado a planear giras por el extranjero, como la que pretendía traer de Texas
una gasolina hipotética para paliar la emergencia de enero: o como la de
Singapur antes del inicio del Gobierno, para tratar de darle cuerpo a una
innovación que en realidad no aparece por ningún lado.
Ese mismo intento de ganar ocho
columnas y sorprender a la opinión pública los hizo elucubrar la peregrina idea
de anunciar la instalación de una academia de formación policial en Santa Rosa
de Lima, Villagrán, al calor de la intervención de fuerzas federales en la muy
vulnerable residencia del jefe huachicolero José Antonio Yépez, quien reinaba
allí porque se lo habían permitido los gobiernos anteriores de Miguel Márquez y
Enrique Peña Nieto.
El propio primer informe del
gobernador Rodríguez Vallejo incurrió en la misma obsesión por mostrar
fortaleza política, pero cometiendo el error de arrogarse una operación
coyuntural de seguridad que ni siquiera dependía de su Gobierno, sino de
fuerzas federales.
Los
mercadólogos del gobernador incluso lo
pusieron a repetir la historia de los vándalos detenidos de Jerécuaro a
principios de su mandato, después de haber apedreado y quemado una patrulla de
policía, cuyo proceso por terrorismo trató de ser vendido como muestra de
“energía y recuperación del estado de derecho”, cuando es algo que puede caerse
en cualquier instancia judicial.
En esa misma
línea, Sinhue anunció ya la elevación de
la capacidad represiva de la policía estatal, por ende, de las municipales
controladas por su Secretario de seguridad, bajo el pretexto de no rendirse
ante la delincuencia y poniendo en un paréntesis el respeto a los derechos
humanos.
Sabemos como
acaban esas historias: haciendo víctimas
y criminalizando a ciudadanos inocentes, como ocurrió con el joven migrante
sanmiguelense Leonardo Reyes Cayente, abatido por un comando policial del
estado, que justificó su actuación montando una escena para simular una
pretendida agresión de un ciudadano con residencia norteamericana, sin un solo
antecedente de conductas de ese tipo.
Diego se da el lujo de hacer un
chiste: avisarle al procurador de los Derechos Humanos, Raúl Montero, que no se
meta en la actuación de los policías. Como si necesitara pedírselo al
funcionario más omiso e ignorante que haya ocupado ese cargo en la historia de
la PDHEG.
Es altamente improbable que mediante
estrategias como la de empuñar el garrote policial o la de construir
artificialmente una imagen de solvencia política, el Gobierno de Diego Sinhue
Rodríguez vaya a trascender, máxime porque Guanajuato tiene problemas reales.
El impulso económico de las
manufacturas automotrices se frenó después de la terminación del TLCAN y la
firma del reducido T-MEC. Difícilmente se verán en los próximos años las cuotas
de captación de inversión extranjera que se registró la década pasada.
El turismo, igual que la inversión
industrial, sufre las consecuencias del aumento de la inseguridad. No son
solamente las noticias catastróficas como el incendio de automóviles en vías
troncales del estado y las masacres vinculadas a la nueva guerra contra el
huachicol. También afecta la insidiosa estadística de asesinatos cotidianos,
asaltos a negocios y paseantes, robo de automóviles. No pocas veces, estos
crímenes se ensañan con los visitantes.
Los funcionarios recurren a la
estadística, muchas veces a modo, pero no pueden evitar el crecimiento de la
percepción de desamparo que prolifera en las redes sociales y en la
comunicación de boca en boca.
Sinhue recibió un estado incendiado por la
inseguridad y su decisión de ratificar a los dos responsables de atender ese
rubro constituyó una especie de suicidio mediático para quien tanto se preocupa
por la reputación. Quizá porque no fue su decisión, sino parte de un compromiso
para arribar a la gubernatura de la mano de Miguel Márquez.
Como quiera
que haya sido, hoy el avance del estado
y el crecimiento del gobernador como político pasa, indefectiblemente, por
avanzar en el terreno del combate a la impunidad y el descenso de los fríos
números que han colocado a Guanajuato en el top de la violencia y el terror
criminal.
Si eso no ocurre y pronto, ni las
mejores campañas de imagen, ni los mayores contratos a los medios acabarán con
la sensación de que el gobernador no está a la altura del momento que vive
Guanajuato. Y eso no
será bueno para nadie.
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