jueves, 28 de marzo de 2019

Diego Sinhue: seis meses, muchas dudas.


Por Arnoldo Cuellar.

A seis meses de que inició el Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez -se cumplen exactamente este martes 26 de marzo-, es posible tener un primer diagnóstico de lo que ofrece y lo que nos depara la gestión del nuevo titular del Poder Ejecutivo y aparente jefe político del sistema PAN -Gobierno, que incluye a los diputados propios y los aliados, los principales alcaldes y la dirigencia partidista.

Diego Sinhue parece ser un político que quiere tener todo bajo control, no en un estilo moderno de gestión democrático, sino con visos autoritarios. Ello incluye al aparato de Gobierno y también a factores externos como los medios de comunicación o las organizaciones del sector empresarial.

Sin embargo, el control que se quiere no parece orientado a operar eficazmente el aparato gubernamental, algo que si bien no lo justificaría por lo menos lo explicaría, sino solo a cuidar la imagen del propio gobernante.

El síndrome autoritario no compagina bien con la inseguridad al gobernar.

Diego Sinhue Rodríguez y el equipo que lo rodea, sobre todo el grupo cero que lidera Juan Carlos Alcántara, quieren darle al mandatario una alta popularidad, ocho columnas en los medios y fortaleza en el discurso público. Solo que, en lugar de trabajar en los temas sustantivos, se quedan apenas en la escaramuza superficial.

Víctimas de la esclavitud por la popularidad, los estrategas de Sinhue han incurrido incluso en la ingenuidad de manipular resultados de encuestas y utilizarlas como propaganda, como pasó recientemente con una sui géneris medición realizada por el periódico El Heraldo de México.

La persecución de la imagen los ha llevado a planear giras por el extranjero, como la que pretendía traer de Texas una gasolina hipotética para paliar la emergencia de enero: o como la de Singapur antes del inicio del Gobierno, para tratar de darle cuerpo a una innovación que en realidad no aparece por ningún lado.

Ese mismo intento de ganar ocho columnas y sorprender a la opinión pública los hizo elucubrar la peregrina idea de anunciar la instalación de una academia de formación policial en Santa Rosa de Lima, Villagrán, al calor de la intervención de fuerzas federales en la muy vulnerable residencia del jefe huachicolero José Antonio Yépez, quien reinaba allí porque se lo habían permitido los gobiernos anteriores de Miguel Márquez y Enrique Peña Nieto.

El propio primer informe del gobernador Rodríguez Vallejo incurrió en la misma obsesión por mostrar fortaleza política, pero cometiendo el error de arrogarse una operación coyuntural de seguridad que ni siquiera dependía de su Gobierno, sino de fuerzas federales.

Los mercadólogos del gobernador incluso lo pusieron a repetir la historia de los vándalos detenidos de Jerécuaro a principios de su mandato, después de haber apedreado y quemado una patrulla de policía, cuyo proceso por terrorismo trató de ser vendido como muestra de “energía y recuperación del estado de derecho”, cuando es algo que puede caerse en cualquier instancia judicial.

En esa misma línea, Sinhue anunció ya la elevación de la capacidad represiva de la policía estatal, por ende, de las municipales controladas por su Secretario de seguridad, bajo el pretexto de no rendirse ante la delincuencia y poniendo en un paréntesis el respeto a los derechos humanos.

Sabemos como acaban esas historias: haciendo víctimas y criminalizando a ciudadanos inocentes, como ocurrió con el joven migrante sanmiguelense Leonardo Reyes Cayente, abatido por un comando policial del estado, que justificó su actuación montando una escena para simular una pretendida agresión de un ciudadano con residencia norteamericana, sin un solo antecedente de conductas de ese tipo.

Diego se da el lujo de hacer un chiste: avisarle al procurador de los Derechos Humanos, Raúl Montero, que no se meta en la actuación de los policías. Como si necesitara pedírselo al funcionario más omiso e ignorante que haya ocupado ese cargo en la historia de la PDHEG.

Es altamente improbable que mediante estrategias como la de empuñar el garrote policial o la de construir artificialmente una imagen de solvencia política, el Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez vaya a trascender, máxime porque Guanajuato tiene problemas reales.

El impulso económico de las manufacturas automotrices se frenó después de la terminación del TLCAN y la firma del reducido T-MEC. Difícilmente se verán en los próximos años las cuotas de captación de inversión extranjera que se registró la década pasada.

El turismo, igual que la inversión industrial, sufre las consecuencias del aumento de la inseguridad. No son solamente las noticias catastróficas como el incendio de automóviles en vías troncales del estado y las masacres vinculadas a la nueva guerra contra el huachicol. También afecta la insidiosa estadística de asesinatos cotidianos, asaltos a negocios y paseantes, robo de automóviles. No pocas veces, estos crímenes se ensañan con los visitantes.

Los funcionarios recurren a la estadística, muchas veces a modo, pero no pueden evitar el crecimiento de la percepción de desamparo que prolifera en las redes sociales y en la comunicación de boca en boca.

Sinhue recibió un estado incendiado por la inseguridad y su decisión de ratificar a los dos responsables de atender ese rubro constituyó una especie de suicidio mediático para quien tanto se preocupa por la reputación. Quizá porque no fue su decisión, sino parte de un compromiso para arribar a la gubernatura de la mano de Miguel Márquez.

Como quiera que haya sido, hoy el avance del estado y el crecimiento del gobernador como político pasa, indefectiblemente, por avanzar en el terreno del combate a la impunidad y el descenso de los fríos números que han colocado a Guanajuato en el top de la violencia y el terror criminal.

Si eso no ocurre y pronto, ni las mejores campañas de imagen, ni los mayores contratos a los medios acabarán con la sensación de que el gobernador no está a la altura del momento que vive Guanajuato. Y eso no será bueno para nadie.

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