Dolores
Padierna.
El sector
energético ha estado en el centro de las preocupaciones y acciones del gobierno
del presidente Andrés Manuel López Obrador durante los primeros meses de su
ejercicio.
La medida que más ha llamado la
atención es el combate frontal al robo de combustible, el huachicol, pero no se
ha tratado, ni de lejos, de la única línea encaminada a rescatar a Petróleos
Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En un giro
radical, el Presidente se ha propuesto
revertir los daños que causaron a las empresas públicas largos años de abandono
y saqueo, así como los efectos más recientes de la reforma energética.
La llamada “madre” de todas las
reformas se tradujo en la caída de la producción, aumento de las importaciones
y alzas en los precios. Los gasolinazos pasaron la factura a los más débiles
por los aumentos en los precios del transporte y la canasta básica.
La suma de políticas encaminadas a
difuminar la presencia del Estado en el sector se tradujo en pérdida de la
autosuficiencia, al tiempo que se incrementaba la dependencia de un
suministrador inestable y en ocasiones poco amistoso: Estados Unidos.
Las exportaciones de petróleo crudo
ya no alcanzaban para cubrir las importaciones de productos refinados, de modo
que la balanza comercial petrolera se volvió deficitaria con fuerte presión
sobre el tipo de cambio. Y mientras todo se desmoronaba las autoridades
dedicaban atención y recursos en la vendimia de contratos, licencias y permisos.
La
Secretaría de Energía y los reguladores privilegiaron
la construcción del andamiaje privatizador, en franca despreocupación de la
seguridad energética y la seguridad nacional. En ese proceso, Pemex y la CFE
fueron casi desmanteladas y quedaron al borde del colapso. El gobierno de la 4T
recibió un sector energético en crisis.
Ese es el desastre que se está
corrigiendo. El cambio de rumbo apunta hacia un nuevo paradigma energético,
basado en el fortalecimiento de las empresas públicas sin dejar de operar en un
ambiente de mercado.
Las acciones
inmediatas se han orientado en cuatro direcciones: aumento de la producción de petróleo y gas natural; reforzamiento de la
capacidad de refinación; recuperación del servicio público de electricidad, y
combate al robo de combustibles.
Estas líneas quedaron plasmadas en el
Programa Nacional de Electricidad, el Plan Nacional de Refinación, el Plan
Nacional para la Producción de Hidrocarburos y el Plan Conjunto de Atención a
Instalaciones Estratégicas de Pemex.
En conjunto,
estos programas constituyen el núcleo
duro de lo que ya se está perfilando como un ejercicio formal de planeación, en
el marco del Plan Nacional de Desarrollo, que en poco tiempo se pondrá a
consideración del Congreso. La nueva política energética tiene cinco objetivos
fundamentales: autosuficiencia; soberanía energética; precios y tarifas
accesibles; cuidado del ambiente, así como equidad, justicia y moral
republicana.
Entre las
acciones y resultados más visibles se cuentan los siguientes: incremento del presupuesto de Pemex y CFE;
capitalización de la petrolera del Estado (cinco mil millones de dólares, que
incluye el presupuesto adicional para este año); reducción notable del robo de
combustibles como resultado de un ataque frontal contra las bandas del
huachicol, con lo que el número de tomas clandestinas se redujo drásticamente.
En el mismo
tenor, se inició la construcción de la
nueva refinería de Dos Bocas; se puso en marcha la rehabilitación integral de
las seis refinerías existentes, así como de las centrales hidroeléctricas a
partir de las cuales se puede obtener mayor generación de electricidad limpia y
renovable; suspensión de licitaciones iniciadas por la pasada administración
por sospechas de corrupción; revisión de los contratos de petróleo, gas y
electricidad para verificar que estuvieron libres de corrupción; renovación de
los órganos reguladores, a fin de lograr una mejor coordinación con la
Secretaría de Energía.
El rescate
del sector energético ha comenzado.
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