La huelga envenenada de la UAM.

Por Jorge Javier Romero Vadillo.

La huelga de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) lleva dos meses. Hoy los profesores y los trabajadores administrativos habremos llegado a la cuarta quincena sin cobrar, mientras 54 mil alumnos de las cinco unidades académicas ya han perdido el trimestre, con las consecuencias que esto implica para sus proyectos y expectativas. La segunda universidad del país por la cantidad de presupuesto federal que recibe, por el número de investigadores en el SNI y por el número de publicaciones en revistas indexadas, una de la primeras cuatro por el número de patentes otorgadas en México, se encuentra paralizada con costos ingentes, por la dirigencia de un sindicato que hace mucho que no representa los intereses laborales de los trabajadores académicos, pero que es dueño del contrato colectivo único pactado en la década de 1970.

La huelga estallo con un objetivo que el propio Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM sabía imposible de lograr: el 20 por ciento de aumento salarial. A esta demanda se añadía el resarcimiento de pretendidas violaciones al contrato colectivo, y la exigencia de creación de “al menos 300 plazas” administrativas en una universidad que, con alrededor de tres mil académicos, ya tiene una nómina no académica de más de 4500 trabajadores, entre intendencia, vigilancia, y gestión. Con ese personal uno esperaría instalaciones prístinas, apoyos expeditos para la docencia, gestión de servicios escolares o de recursos humanos impecables, pero nada de eso ocurre. Por el contrario, la limpieza de las instalaciones siempre deja que desear, la seguridad no es ejemplar y en lugar de que la administración esté al servicio de las tareas sustantivas de la universidad, esta es tortuosa, con excepciones que por ello se vuelven motivo de agradecimiento.

El sindicato se ha opuesto a procesos de elemental actualización, como el depósito de la nómina en cuentas bancarias (por fortuna, en esto no ha triunfado) o la existencia de cajeros automáticos en las instalaciones, porque eso eliminaría puestos de trabajo. Hay plazas que ya no se justifican por el avance tecnológico y la universidad podría hacer mucho más con menos, pero el SITUAM exige que se creen nuevos puestos administrativos. Esta exigencia se explica por el sistema de reclutamiento de carácter clientelista que el contrato colectivo establece, el cual se ha prestado para la venta de plazas, pues los sindicalizados le dan “la firma” a los aspirantes y, por supuesto, se las cobran jugosamente cuando estos ingresan a la fuente de trabajo.

El sindicato fue excluido desde hace 35 años del proceso de contratación académica, por lo que el ingreso, la promoción y la permanencia de los docentes e investigadores se rige por concursos de oposición y por promoción dictaminada por pares, pero la relación laboral sí que está gestionada por los dueños del contrato colectivo, cuyos intereses nada tienen que ver con los de la planta académica. Prueba de ello es que los profesores de tiempo completo no estamos contemplados en las demandas actuales de la huelga.

Además de las demandas explícitas, la actual huelga tiene una agenda oculta, azuzada por el clima político generado desde la Presidencia de la República. En las negociaciones ríspidas, llenas de descalificaciones de la dirigencia a las autoridades universitarias, una y otra vez aparece el tono de la temporada. Se habla de la casta académica y de la nómina dorada de la burocracia universitaria y se pretende fantasiosamente que una reducción a la mitad de los ingresos de los funcionarios serviría para satisfacer las demandas sindicales. No se hacen cargo los dirigentes gremiales de que el presupuesto de la UAM lo establece la Secretaría de Hacienda y ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, por lo que sus demandas son imposibles de satisfacer más allá de lo ya concedido por la rectoría. Pero la huelga continúa, casi con el objetivo de romper el récord de tiempo de paro de huelgas anteriores, todas ellas concluidas con más pérdidas que ganancias para los trabajadores, pues lo logrado en aumentos salariales se acaba perdiendo por los sueldos no devengados, ya que, tradicionalmente, solo acabamos cobrando el 50 por ciento de salarios caídos.

Soy profesor de tiempo completo de la UAM desde hace más de treinta años y nunca he obtenido beneficio alguno de las sucesivas huelgas que, por fortuna, no se habían dado desde hace once años, cuando un largo paro acabó en una derrota sindical completa. El SITUAM no me representa, pero estoy atado al contrato colectivo que, por las leyes corporativas que rigen el mundo del trabajo en México, este sindicato controla como monopolio. Una huelga como esta es un claro ejemplo de la perversidad de un sistema que secuestra derechos. Desde la primera legislación laboral postrevolucionaria, la de 1931, el derecho de huelga se consideró colectivo y no individual y se les concedió a los sindicatos, no a los trabajadores, lo mismo que los contratos colectivos. Los monopolios sindicales han servido como mecanismo de control de las demandas laborales o como vehículos para nutrir redes clientelistas y poco o nada han contribuido en realidad a la mejora de las condiciones laborales. En México no ha existido auténtica libertad sindical y el sistema de huelga, tal y como está diseñado, solo beneficia a las dirigencias corporativas, no a los trabajadores.

Llama la atención el olvido en el que las autoridades laborales y educativas han mantenido a la huelga de la UAM. El subsecretario de Educación Superior, profesor de la UAM Xochimilco de toda la vida, no ha dicho esta boca es mía y no he visto que haga el menor esfuerzo por contribuir a la solución del conflicto. Pareciera que la huelga les es funcional a su proyecto de gobierno. A nadie parece importarle que los profesores estemos sin salario y que se pierdan proyectos de investigación y recursos irrecuperables. Como si la huelga fuera a parar por putrefacción. No entiendo tampoco cómo sobreviven los trabajadores con salarios bajos que llevan dos meses sin ingresos, al menos que exista algún mecanismo de distribución arbitraria de los fondos sindicales que alimente el apoyo que en los comités de huelga tiene la dirigencia desquiciada. ¿Hasta cuándo?