Por Paris
Martínez.
Un terreno forestal de 24 mil metros
cuadrados, perteneciente al Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias
en Microbiología Animal, fue formalmente cedido por el gobierno federal a las
inmobiliarias y particulares que lo mantenían invadido desde 2011.
Estos 24 mil metros forman parte de
un terreno de 15 hectáreas de suelo forestal, propiedad del gobierno, que
oficialmente fue declarado en “desuso”, para así permitir su desincorporación
de los bienes de la nación.
El acuerdo gubernamental mediante el
cual se entregó a particulares esta primera fracción del terreno de 15
hectáreas fue firmado el 30 de noviembre de 2018, es decir, en el último día de
gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, quedó pendiente su entrada en vigencia.
Fue el 13 de diciembre de 2018 cuando
las nuevas autoridades federales, ahora encabezadas por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, consumaron la entrega de este terreno sus invasores,
mediante la publicación del acuerdo de cesión en el Diario Oficial de la
Federación.
Consultada
sobre la entrega de este terreno, la
oficina de la Presidencia de la República aseguró que “este gobierno (de López
Obrador) no tenía alternativa, dado que los métodos alternativos de solución de
controversias (procedimiento conciliatorio empleado por la pasada
administración federal para abordar la invasión del terreno) poseen fuerza
vinculante”.
Por esta
razón, la oficina de la Presidencia aseguró
que el haber publicado el acuerdo de entrega, para que cobrara vigencia, “no se
trata de una convalidación, sino del respeto al orden institucional”.
Para
justificar la entrega de este terreno a particulares, en el acuerdo de desincorporación publicado en el Diario Oficial se
establece que las 15 hectáreas de suelo forestal se encuentran física,
administrativa y estructuralmente en “desuso”, razón por la cual es procedente
su entrega a los particulares y las inmobiliarias invasoras, que son: la
particular María Elena Trejo Guerrero, el particular Juan Reséndiz Vázquez, la
inmobiliaria F4 SA de CV, y la inmobiliaria Fridman y Valls SA de CV.
La afirmación de que ese terreno está
en “desuso”, sin embargo, no es verdadera.
La realidad es que en ese lugar opera
el Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal
(CENID-Microbiología), y en ese terreno, además de sus instalaciones centrales,
este organismo público opera corrales y áreas de aislamiento, en donde se
realizan investigaciones en materia de salud animal, salud alimentaria y
enfermedades que pueden transmitirse de animales a humanos, entre otros rubros.
Tal como
informó personal de este Centro, el
terreno de 15 hectáreas se encuentra en una loma, que en su parte baja da con
la Autopista México-Marquesa, en Santa Fe, una de las zonas con mayor valor
inmobiliario del país. Esa fue la parte invadida.
La invasión de la parte baja de la
loma inició en 2011, informaron representantes del CENID, y las inmobiliarias
que se adueñaron ilegalmente de esa fracción de terreno iniciaron ese mismo año
el corte y remoción de la loma, que descendía en una pendiente de 45 grados,
para así dejar el terreno invadido (de 24 mil metros cuadrados) al mismo nivel de
la autopista.
Además de la afectación que estas
operaciones irregulares provocaron en la fracción de terreno invadida, este
corte de la loma dejó la parte superior del predio sin soporte, provocando el
desplazamiento del suelo y daños estructurales en las instalaciones del Centro
Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal.
El corte de la loma, además, provocó derrumbes
en su fracción invadida.
Aun cuando la cesión de este terreno
a las inmobiliarias invasoras se consumó apenas iniciado el nuevo gobierno
federal, destaca un hecho: entre 2013 y 2018, en la zona invadida se
construyeron diversos edificios de oficinas y departamentos de lujo, así como
negocios particulares, sin que los gobiernos federal y local (encabezados en
ese lapso por Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera) hicieran nada para
impedirlo.
Aunque la invasión del predio por parte de
constructoras privadas fue denunciada desde 2011, siendo presidente Felipe
Calderón, las autoridades federales no hicieron nada.
Luego, en
2013, ante el inicio de las obras en
dicho terreno, el personal de este Centro de investigación alertó de los hechos
a la Presidencia de la República, con Peña Nieto al frente.
El resultado de esta denuncia vino
tres años después, en 2016, aunque no fue el esperado por los denunciantes, ya
que en vez de emprender acciones para recuperar la zona invadida, el gobierno
federal puso las 15 hectáreas de suelo forestal a disposición del Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, para iniciar su proceso de
desincorporación del patrimonio nacional.
Aunque hasta el momento sólo se ha entregado a
particulares 24 mil metros cuadrados, las restantes 12.6 hectáreas de suelo
forestal siguen a disposición del Instituto de Administración y Avalúos de
Bienes Nacionales.
Tal como
informó la oficina de Presidencia, el
uso de las restantes 12.6 hectáreas de suelo forestal “será congruente con lo
anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en marzo de 2019”,
cuando anunció que en la zona de Santa Fe no se promoverán desarrollos
inmobiliarios privados en terrenos oficiales, dando así prioridad a la
conservación del medio ambiente.
Segundo
frente.
El Centro Nacional de Investigaciones
Disciplinarias en Microbiología Animal, que fue despojado del terreno invadido
en Santa Fe, forma parte del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), que desde el pasado 20 de marzo se encuentra en
huelga, por una exigencia sui generis: lo que los investigadores piden como primer
punto es el “otorgamiento de apoyos económicos para el desarrollo de proyectos
de investigación”.
Es decir, lo que demandan en primera instancia es
apoyo a la investigación científica.
Su segunda
demanda, según el pliego petitorio
sindical, del que Animal Político obtuvo copia, es que del presupuesto de la
institución se destine una parte razonable a la capacitación, así como a la
evaluación de las investigaciones que realizan sean evaluadas, para constatar
su pertinencia.
Igualmente, exigen que las autoridades destinen
recursos a la difusión de las investigaciones que este Centro realiza, para que
los conocimientos generados puedan llegar y beneficiar a la población mexicana.
Además, se exige un incremento salarial de 20% para
los trabajadores del Instituto, cuando la autoridad sólo ofrece un incremento
de 3.3%.
La huelga
sigue, y las negociaciones laborales también.
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