Libertad de expresión es para ciudadanos.

Georgina Morett.

Hay un lugar en el que cualquiera temería ser mencionado y que cuando oyes tu nombre debes temblar por muchos días, porque es muy probable que venga una terrible venganza.

Y si no lo creen, pregúntenle al titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer, a quien, de acuerdo con el periódico Reforma, la secretaría de la Función Pública (SFP) le abrió cuatro expedientes.

Sin duda, los comunicadores son un grupo de los que más descalificaciones reciben en ese espacio que llaman ‘la mañanera’, en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador habla entre una hora y dos para informar, desinformar y hasta calumniar.

A una parte de la prensa la describió como “fantoches, conservadores, sabelotodos, hipócritas, doble cara”, que hacen cuestionamientos sin ton ni son.

El periodista Ciro Gómez Leyva hizo un interesante ejercicio en el que entrevistó a diferentes abogados para preguntarles si el Presidente tiene pleno derecho a expresarse así.

Fernando Gómez Mont señaló que el marco en que se dan esas descalificaciones es muy importante, porque se trata de “espacios institucionales donde señala estar en cumplimiento de su obligación al derecho de información pública que debe a los gobernados en su calidad de presidente de la República”.

Y explica que, por esta razón, no le es dable ejercer derechos personales porque está actuando como órgano del Estado mexicano y cualquier apropiación personal de espacios implicaría un abuso de los recursos del Estado.

Y considera que si alguien se siente ofendido, habría que explorar si se trata de actos de responsabilidad patrimonial del Estado reclamados por la vía administrativa y se exijan derechos de reparación del daño.

El abogado Agustín Vargas señaló categórico que el Estado no goza de libertad de expresión, por lo que ninguna autoridad puede hacer uso de las garantías y derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos.

Para lo cual hizo referencia a una sentencia de la Suprema Corte, el expediente 2931/ 2015, en la que se señala que el Estado y sus instituciones no son titulares de derechos fundamentales. Las instituciones públicas sólo pueden llevar a cabo aquello que les es ordenado o facultado expresamente. El problema es que violar la ley no detiene al Presidente.

INM: acciones neoliberales.

Donde las cosas también están muy mal es en el Instituto Nacional de Migración, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación. No pueden ordenar un directorio y ya quieren cambiar la Ley de Migración y repetir lo que hacían los gobiernos neoliberales.

Aunque ahora lo encabeza un académico importado del Colegio de la Frontera Norte, Tonatiuh Guillén López, con muchos títulos, pero sin experiencia alguna, en el directorio del IMN, consultado vía INAI, siguen apareciendo Ardelio Vargas Fosado, como comisionado, entre otros.

No pueden actualizar un directorio, pero, eso sí, ya la secretaria Olga Sánchez Cordero anuncia como novedosa una acción que puso en marcha el comisionado Felipe de Jesús Preciado Coronado, allá por el año 2000: utilizar el Istmo de Tehuantepec para frenar la migración centroamericana, como se lo propuso Estados Unidos.

No es casualidad que la secretaria Sánchez Cordero anuncie la misma medida justo después de reunirse con la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, quien, según la versión de la propia mexicana, le ofreció el apoyo de Estados Unidos para un paquete de acciones que buscará contener el paso de la “caravana madre” que se está organizando en Centroamérica.