El gobierno federal reconoció que 24
mil metros cuadrados de suelo forestal en Santa Fe, pertenecientes al Centro
Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal, fueron
formalmente cedidos a particulares y e inmobiliarias que mantenían invadido
dicho espacio, y adelantó que las restantes 12.6 hectáreas que forman parte del
mismo suelo forestal serán “regularizadas”.
Tal como
informó el gobierno federal, este centro
de investigación ocupa un área de seis hectáreas, las cuales quedarán a salvo
del proceso de “regularización”, sin embargo, las autoridades federales
advirtieron que otras 12.6 de suelo forestal pertenecientes al mismo predio (y
enclavadas en una de las zonas con mayor valor inmobiliario del país), siguen
en proceso de “regularización”, ya que, se insiste, es un área que “se
encontraba invadida”.
La misiva
oficial, firmada por la Unidad Jurídica del Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales, no aclara
si el proceso de regularización contempla la entrega de esas 12.6 hectáreas de
suelo forestal a particulares y a inmobiliarias privadas que se ostenten como
invasoras, tal como se hizo con los primeros 24 mil metros cedidos por el
gobierno a quienes se apropiaron de ellos.
No obstante,
la misiva también reconoce que este
acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (dotándolo de
vigencia) una vez iniciado el gobierno de López Obrador, el 13 de diciembre de
2018, aunque asegura que esto se debió “a procesos internos del propio Diario
Oficial”.
No obstante,
todo el contenido que se publica en el
Diario Oficial es responsabilidad del Poder Ejecutivo en funciones, por lo que
la publicación del acuerdo de cesión, medida con la cual entró en vigor, fue
determinada por el gobierno de López Obrador.
En una
misiva previa, el actual gobierno
federal aseguró que “este gobierno (de López Obrador) no tenía alternativa
(sobre la entrega de los terrenos a sus invasores), dado que los métodos
alternativos de solución de controversias poseen fuerza vinculante”, es decir,
de cumplimiento obligatorio.
Pero ¿cómo fue que se llegó a ese
“método alternativo” por el cual se acordó la entrega de estos terrenos a sus
invasores, que “poseen fuerza vinculante”?
La segunda misiva enviada por las
autoridades federales contiene la respuesta.
Según el
Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, el gobierno federal “presentó diversos juicios” para intentar recuperar
los 24 mil metros cuadrados invadidos en Santa Fe.
Sin embargo,
el haber iniciado esos juicios no operó
en beneficio del Estado mexicano (propietario de ese suelo forestal) sino en
benéfico de los invasores ya que, tal como describe la misiva gubernamental,
eso les dio la posibilidad de solicitar “el inicio de los medios alternativos
de solución”, que en este caso implicaban que las autoridades renunciaran al
espacio de suelo ilegalmente ocupado por inmobiliarias.
Esta
propuesta, informó el gobierno federal, “se
sometió a la opinión del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda
(…) la cual determinó la procedencia”. Ese fue el procedimiento mediante el
cual se volvió obligatoria la entrega del terreno forestal a sus invasores, tal
como informó la administración de López Obrador.
Según el Diario Oficial del 13 de
diciembre de 2018, los invasores beneficiarios de esta cesión fueron la
Inmobiliaria F4 SA de CV, la inmobiliaria Fridman y Valls SA de CV, así como
dos particulares, de nombre Juan Reséndiz Vázquez y María Elena Trejo Guerrero.
Política de
entrega.
La misiva
oficial asegura que, aún cuando se
piensa regularizar todo el terreno forestal que posee el Centro del Centro
Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal en Santa Fe,
se aclara que el perímetro sobre el que se asienta esta institución pública no
será afectado por el proceso.
Lo que sí se confirma es que este
Centro será despojado del terreno forestal que preservaba, y en el cual se desarrollaban
estudios orientados a la salud animal, especialmente a la del ganado.
Esta institución de investigación en
microbiología animal explicó el doctor Dionisio Córdova, “es la cuna del área
de investigación en salud del Instituto Nacional de Ciencias Forestales,
Agrícolas y Pecuarias, aquí está la sede más importante del país en
investigación de salud animal, particularmente de especies productivas, y aquí
trabaja la mayor cantidad de investigadores dedicados a este tema”.
El
especialista en epidemiología animal detalló
que en este Centro “desarrollamos vacunas y medidas de manejo animal orientadas
a la salud, pero no solo de los animales, sino también de los humanos que los
consumimos: aquí realizamos investigaciones sobre alimentación humana, vinculadas
a la producción de carne, de leche, de huevo, y por lo tanto, nuestra misión es
fortalecer las capacidades productivas de México”.
Sin embargo,
lamentó, el despojo del suelo forestal
que preservaban en Santa Fe es solo un ejemplo de una política continuada desde
hace dos sexenios orientada a “desmantelar” este centro de investigación, “para
llevarnos a la dependencia total del extranjero en materia alimenticia”,
explica el especialista.
“Las políticas que se han aplicado en
relación con la producción de ganado nos están llevando a la dependencia total
del extranjero –detalló–, aquí la lógica que aplican es ‘¿para qué hacer
investigaciones que mejoren la producción de leche en México, si la podemos
comprar al extranjero? Para qué mejorar la producción de carne, mejor la
compramos de fuera?”.
Se trata, detalló el doctor Córdova,
de una política que ya muestra sus efectos: “como todo lo quieren traer del
extranjero, ya no somos autosuficientes en producción de maíz, ni de frijol, ni
de un montón de productos que antes el país generaba”.
Y otro reflejo de esa misma política,
concluyó, es el debilitamiento al que las autoridades han llevado al Centro
Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal, al que “no
solo nos quitan la zona forestal que hemos preservado, y defendido, sino que
nuestras instalaciones están en el descuido, nos faltan recursos, tenemos
muchas carencias de material, y el que tenemos se está avejentando, no hay
fondos para nuestras investigaciones”.
En la actualidad, el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (al que pertenece
este Centro) se encuentra en huelga, siendo la primer demanda de sus
trabajadores el otorgamiento de mayores recursos para la investigación
científica.
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