La Auditoría
Superior de la Federación (ASF) tiene
identificados más de 302 mil millones de pesos provenientes de fondos federales
y transferidos a los estados, cuyo ejercicio y destino no ha sido esclarecido
por los gobiernos locales.
Es dinero que, en los hechos, está
desaparecido.
Tres
entidades: Veracruz, Michoacán y el
Estado de México concentran casi la mitad de este dinero mal manejado.
Datos de la
ASF obtenidos por Animal Político a través de su Sistema Público de Auditorías muestran que las entidades federativas solo
han devuelto o acreditado el destino de 1 de cada 2 pesos que los auditores han
observado con posibles irregularidades tras más de 5 mil 700 auditorías
practicadas.
Por varios
de estos casos la ASF ha presentado ya
343 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra
de los funcionarios que resulten responsables.
La información a nivel nacional
arroja que como consecuencia de las auditorías practicadas a las cuentas
públicas de los ejercicios 2004 a 2017 se observaron posibles irregularidades
en el manejo de 620 mil 36 millones de pesos provenientes de 18 fondos,
subsidios y convenios federales entregados a los estados.
Del total de
lo observado, las entidades federativas
han logrado esclarecer el uso de 317 mil 59 millones de pesos, ya sea porque
aclararon su uso y destino legal, o porque devolvieron el dinero. Es apenas el
52% por ciento el total.
Lo anterior significa que existen 302 mil 977 millones
de pesos que aún están pendientes de “recuperarse o aclarase” en los 32
estados, según arroja el sistema de auditorías.
Los recursos observados por la ASF
son resultado de 10 mil 200 hechos irregulares en los cuales los auditores
detectan un presunto quebranto al erario público (técnicamente denominados
pliegos de observaciones). Las irregularidades van desde subejercicios, hasta
intereses no devueltos, inversiones no acreditadas o simuladas, pagos a
empresas fantasma, entre otros.
Dichos casos a su vez han dado paso a
la interposición de 8 mil 717 promociones de responsabilidad administrativa.
Estas promociones son acciones en donde la Auditoría pide a las contralorías y
órganos de control locales que inicien procesos de sanción en contra de
exfuncionarios estatales por las irregularidades detectadas.
Y, como ya
se dijo, la Auditoría ha decidido actuar
en varios casos por la vía penal interponiendo hasta la fecha 343 denuncias de
hechos ante el Ministerio Público Federal como producto de las irregularidades
advertidas en el manejo de los fondos federales en las entidades.
De acuerdo
con autoridades ministeriales cerca de
una veintena de averiguaciones previas y carpetas de investigación ya han sido
consignadas y judicializadas, sin embargo, todavía no se ha logrado cerrar con
una sentencia condenatoria algún caso.
No todos los estados son iguales.
Si bien en todas las entidades
federativas se han detectado recursos de fondos federales cuyo uso o destino
legal se desconocen, hay diferencias importantes en la proporción.
Por ejemplo,
hay tres estados que concentran – solo
entre ellos- casi la mitad de los más de 300 mil millones desaparecidos, y son
15 las entidades que concentran el 80% del monto total de malos manejos,
mientras que las 17 entidades restantes acumulan el otro 20%.
Veracruz lidera esta lista negra con
62 mil 39 millones que hasta la fecha, 20.5% del monto total observado y que no
se ha esclarecido. Lo anterior equivale a que 1 de cada 5 pesos de recursos
federales desaparecidos fueron entregados a dicho estado.
Casi todas las irregularidades
detectadas en Veracruz corresponden al gobierno de Javier Duarte. Veracruz
también es la entidad con la mayor cantidad de denuncias penales con 85, que
equivalen al 25% de todas las que ha presentado la ASF ante el Ministerio
Público.
En segundo
lugar se ubica Michoacán con un monto de
41 mil 587 millones de pesos no esclarecidos hasta la fecha. El caso de esta
entidad es grave ya que no ha conseguido aclarar el 69% del monto total
observado por los auditores, porcentaje aún mayor al de Veracruz que no ha
aclarado un 65% de sus recursos observados.
En el caso de este estado, las
irregularidades detectadas se han concentrado en los periodos de los
gobernadores Fausto Vallejo, Salvador Jara y el actual Silvano Aureoles.
La tercera
entidad con el mayor monto de recursos federales sin comprobar es el Estado de México con 24 mil 288
millones de pesos. A diferencia de Michoacán y Veracruz, este monto corresponde
solo al 30% de los recursos observados, lo que significa que el gobierno
mexiquense ha logrado acreditar 2 de cada 3 pesos que los auditores han
señalado.
En este caso las irregularidades se
concentran en la administración de exgobernador Eruviel Ávila, y continuaron en
2017 con el gobierno de Alfredo del Mazo.
Guerrero es la cuarta entidad con mayor cantidad de
dinero cuyo destino no se ha esclarecido con 15 mil 457 millones de pesos, que
es el 57% del monto total que la ASF le ha pedido esclarecer. Y le sigue en
quinto sitio Jalisco con 15 mil 8 millones de pesos pendientes de devolución o
de acreditar su uso.
Las otras 10 entidades que junto con
las ya mencionadas concentran el 80% del dinero federal que no aparece son
Oaxaca con 13 mil 903 millones, Chihuahua con 13 mil 775 millones, Chiapas con
10 mil 482 millones, Nuevo León con 9 mil 796 millones, Baja California con 9
mil 198 millones, Quintana Roo con 7 mil 546 millones, Puebla con 7 mil 65
millones, Tabasco con 6 mil 966 millones y Morelos con 5 mil 783 millones de
pesos.
Por el
contrario hay 8 estados cuyo dinero mal manejado aun sumado entre todos,
equivale a menos del 5% del monto total. De todos ellos el que tiene el menos
monto de recursos pendientes por aclarar es Querétaro con 870 millones de
pesos, que es el 0.28% del total nacional; le sigue Campeche con 928 millones
de pesos, que equivale al 0.3 por ciento y después Colima con 1 mul 462
millones, el 0.48%.
Los otros
cinco estados que completan esta relación de los que menos dinero tienen por
aclarar son Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, Yucatán y Durango.
Los más
denunciados.
El gobierno de Veracruz es el que
acumula la mayor cantidad de denuncias de hechos presentadas por la ASF con 85.
Equivalen a la cuarta parte de las 343 presentadas en total. Como Animal
Político dio a conocer por lo menos cinco casos ya llegaron a instancias
judiciales luego de que la FGR concluyera la primera parte de las
investigaciones.
El de Veracruz es el único estado en
donde las denuncias iniciales presentadas por la ASF ya derivaron en procesos
penales contra exfuncionarios.
La segunda entidad con más denuncias
penales es Michoacán con 29, en concordancia con que se trata de la entidad que
presenta el mayor monto de recursos faltantes después de Veracruz.
La tercera entidad más denunciada es
Jalisco con 26, pese a que se ubica en quinto sitio en cuanto a monto no
comprobado. Luego se encuentra Morelos con 21 denuncias penales presentadas,
seguida de Chihuahua con 18, así como Sonora y Chiapas con 16.
Solo hay dos entidades del país que
registran cero denuncias penales presentadas por la ASF y son San Luis Potosí y
Aguascalientes.
En tanto las cinco entidades en las cuales la ASF ha
promovido el mayor número de promociones de responsabilidad administrativa en
contra de servidores públicos son Michoacán con 569, Zacatecas con 450, Jalisco
con 392, Estado de México con 391, y Nuevo León con 387.
Origen y
causas del dinero perdido.
La ASF tiene identificados 18 fondos
y subsidios federales desde los cuales se han transferidos recursos a las
entidades federativas que ahora están perdidos. Se trata de fondos que, entre
otras cosas, deberían emplearse para el apoyo de obras de infraestructura y de
servicios como educación, salud y seguridad.
Entre ellos se encuentra el Fondo para la
Infraestructura Social; el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública; el
Fondo de Aportaciones Múltiples; el Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos
y Alumbramiento; el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; el Fondo
Metropolitano; y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.
En el último
informe general sobre la cuenta pública 2017 la ASF advirtió varios situaciones y riesgos que facilitan o permiten
el mal uso de los recursos federales en los estados.
Entre esas circunstancias destaca,
por ejemplo, el que hay normas y reglas ambiguas en el uso de recursos
federales; preminencia de criterios políticos y no técnicos en el manejo del
dinero; falta de autonomía de auditorías y órganos de control locales; la
carencia de un proceso efectivo de rendición de cuentas y de sanciones a malos
manejos; y la debilidad de las finanzas y generación de ingresos locales lo que
convierte al dinero federal en la caja de la cual se toma dinero para muchos
conceptos no autorizados
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