Por Ezequiel
Flores Contreras.
El pasado 25 de abril el presidente
Andrés Manuel López Obrador hizo dos anuncios, la desaparición de las Zonas
Económicas Especiales (ZEE) y la cancelación del Consejo del Fomento al
Turismo, que cimbraron al gobierno de Héctor Astudillo Flores.
Ambos repercuten directamente en los
planes y proyectos impulsados por el mandatario priista en beneficio de la
industria minera y portuaria en zonas controladas por el narcotráfico, donde la
sociedad padece la extrema inseguridad y violencia, el desplazamiento masivo de
personas y el colapso de la economía local.
El argumento de López Obrador para
suprimir las ZEE fue que esos entornos, presuntamente creados para ayudar a las
comunidades, nunca cumplieron esa función y sólo sirvieron para acumular
terrenos y derrochar recursos.
Con respecto al Consejo del Fomento
al Turismo, “era un barril sin fondo; no se fomentaba
el turismo y se utilizaba el dinero para comprar lealtades, voluntades, así
como para pagar publicidad en periódicos. Algunos están inconformes, pero ya no
hay derroche”.
El 29 de
abril Astudillo respondió. Dijo que
“espera alternativas para suplir la posibilidad de generar inversión y empleo”
en la región de la Costa Grande, donde, indicó, en 2017 se habló de una
inversión millonaria por parte de las ZEE para la ampliación del puerto Lázaro
Cárdenas, Michoacán, al municipio guerrerense de La Unión.
El titular
de la Secretaría de Desarrollo Económico de la entidad, Álvaro Burgos Barrera, reprochó también la decisión presidencial y
argumentó que tres empresas extranjeras habían comprometido una inversión de 2
mil millones de dólares en la ampliación del proyecto portuario.
El proyecto
fallido.
En febrero
de 2016, Astudillo anunció proyectos de
la industria minera y portuaria en zonas controladas por el narcotráfico,
donde, según él, la sociedad padece inseguridad y violencia extremas: ahí,
añadió, el desplazamiento masivo de personas es constante y se refleja en el
colapso de la economía local.
Entre las
cinco iniciativas incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 destaca la construcción del puerto La
Unión, obra anunciada en 2007 por el entonces presidente Felipe Calderón en la
comunidad de Petacalco, municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, donde
se ubica la polémica termoeléctrica Plutarco Elías Calles, que fue concebida
como “una extensión” del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
El documento
oficial indica también que se
establecería un eje minero que abarca municipios de las regiones de Tierra
Caliente, Costa Grande, Montaña, Centro y Zona Norte, entre ellos Coyuca de
Catalán, Zirándaro, Cutzamala, San Miguel Totolapan, Arcelia, Teloloapan, Buena
Vista de Cuéllar, La Unión, Eduardo Neri, Mochitlán y Quechultenango.
Para
ejecutar el plan, Astudillo confiaba en
recibir algunos millones de pesos procedentes de la Ley Federal de las ZEE,
promulgada en la administración de Enrique Peña Nieto para otorgar beneficios
fiscales a empresarios, tener un régimen aduanero especial y ofrecer programas
de apoyo humano, financiero y de innovación para ampliar el Puerto Lázaro
Cárdenas.
De acuerdo
con las estimaciones del mandatario guerrerense, en los próximos 20 años las
inversiones superarían los 10 mil millones de dólares y se crearían 100 mil
empleos directos e indirectos, sobre todo en la región de la Costa Grande de
Guerrero.
A principios del mes pasado,
Astudillo y el alcalde morenista de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, incluso
firmaron un convenio con empresarios para eximir del pago de impuestos, por
montos hasta de 80%, a empresas mineras extranjeras asentadas en Guerrero.
En el acto protocolario estuvo el
presidente del Clúster Minero de Guerrero y representante de la minera Media
Luna, filial de la canadiense Torex Gold, Alfredo Phillips, así como su “asesor
externo” Ramón Sosamontes Herreramoro, el exjefe de la oficina de Rosario
Robles en las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano.
Sosamontes es uno de los
exfuncionarios involucrados en el caso de corrupción conocido como “la estafa
maestra”.
Desde los ochenta el empresario
argentino Carlos Ahumada Kurtz incursionó en el sector minero en Guerrero con
el apoyo del entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu.
En aquella
época, Ahumada instaló una planta de
beneficio llamada La Suriana, en el poblado de Achotla, municipio de Arcelia,
en la región de Tierra Caliente de la entidad, según los reportes oficiales
consultados por Proceso.
Aun cuando
se desconoce si esa mina sigue en operación, 20 años después Ahumada vuelve a
generar polémica luego de que el 20 de septiembre de 2016 la agencia Apro
informó que la minera Beneficiadora de Minerales Temixco, también ubicada en
Arcelia, es propiedad del empresario, de acuerdo con fuentes oficiales
consultadas por el corresponsal.
Astudillo se ha negado a hablar
públicamente sobre la inversión de Ahumada en los proyectos mineros que impulsa
su administración en zonas controladas por el narcotráfico.
Además del apoyo fiscal brindado a
empresarios durante los tres años de la administración de Astudillo, el gasto
de uno de los estados más pobres y marginados para beneficiar a la iniciativa
privada, a través del concepto de Promoción Turística, asciende a 476 millones
592 mil pesos, según
reportes oficiales consultados por Proceso.
La violencia
en la ZEE.
Pese al discurso de Astudillo de que
se restablecería el orden y la paz en Guerrero, en la región de la Costa Grande
la guerra por el control de zonas productoras de metanfetaminas, así como la
riqueza minera de La Unión y las ganancias producidas por el arribo, trasiego y
venta de cocaína, se exacerbaron.
A finales de
enero pasado la agencia Apro informó de
la formación de un nuevo grupo de autodefensas adherido a la Unión de Pueblos y
Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en los municipios La Unión de
Isidoro Montes de Oca y Coahuayutla, donde se desató un nuevo conflicto armado
que provocó la desaparición de dos excandidatos a alcalde. Ninguno ha sido
localizado.
Los alcaldes de esas localidades, el
perredista Crescencio Reyes Torres y el morenista Rafael Martínez Ramírez,
respectivamente, exigieron al gobernador Astudillo que interviniera en el caso
porque la nueva guardia comunitaria –subrayaron– está al servicio del grupo
delictivo Los Cuernudos, que lidera Flavio Delgado Cruz.
La irrupción de ese grupo encendió la
alarma en el gobierno estatal porque la confrontación sucedió precisamente en
la zona donde se proyectó la ampliación del puerto Lázaro Cárdenas.
Según los
reportes oficiales consultados, en enero pasado Los Cuernudos aparecieron en
Petacalco, municipio de La Unión, donde se encuentra la termoeléctrica de la
Comisión Federal de Electricidad, y su dirigente visible se identificó como El
Chori.
También
apareció otro grupo adherido a la UPOEG y dirigido por Eleazar Mercado
Rodríguez, El Chay, excandidato del PRI a la alcaldía de Coahuayutla, de
acuerdo con los mismos informes.
En esa ocasión los alcaldes de La
Unión y de Coahuayutla pidieron a los gobiernos federal y estatal que
atendieran el conflicto generado en el extremo de la Costa Grande, que colinda
con el estado de Michoacán.
A mediados
de febrero pasado se reportó la desaparición del Chay y de Leonel Vargas Mata,
empresario dedicado a la seguridad privada y exjefe de escoltas del priista
René Juárez Cisneros cuando éste fue gobernador.
Mercado
Rodríguez y Vargas Mata fueron candidatos a la alcaldía de Coahuayutla durante
el pasado proceso electoral. El primero fue postulado por la alianza PRI-PVEM;
el segundo, por el Partido Encuentro Social.
Meses antes, en septiembre de 2018,
integrantes de La Familia Michoacana en Arcelia, procedentes de Tierra
Caliente, anunciaron su irrupción en la sierra del municipio de Petatlán para
apoderarse del control de esta plaza de la Costa Grande guerrerense.
Los enfrentamientos en la Costa
Grande se suman a los que libran grupos armados en La Sierra, La Montaña,
Tierra Caliente y las principales ciudades de la entidad, todas ellas afectadas
por la narcoviolencia y que se encuentran justamente donde Astudillo anunció
sus proyectos de inversión mineros y portuarios, los cuales, dijo, serían
subsidiados con recursos federales. Hoy esos proyectos están cancelados.
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