Por José
Raúl Linares.
Mario Marín Torres, exgobernador de
Puebla, obtuvo un amparo contra la orden de aprehensión girada en su contra por
su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista
Lydia Cacho, cometido en diciembre de 2005.
No obstante, la “suspensión de plano” –emitida por el
Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de
México– no es suficiente para evitar la captura del Góber Precioso, porque el
delito del que se le acusa se consigna bajo el sistema de justicia penal mixto,
es decir, está tipificado como grave
y no alcanza la libertad bajo caución.
El pasado
martes 7, Marín solicitó a la juez Rosa
María Cervantes Mejía un amparo contra la detención. Siete días después ésta
notificó “el cumplimiento dado a la suspensión de plano concedida” contra actos
privativos de la libertad.
El pasado 14
de abril el Primer Tribunal Unitario del
Vigésimo Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo, emitió una orden de
aprehensión contra Marín Torres, Adolfo Karam Beltrán y Julián Sánchez Moreno
–exjefes de la policía local y de mandamientos Judiciales de la Procuraduría
estatal, respectivamente–, y el empresario textilero Kamel Nacif Borge, “por su
probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura”.
En 2005, el
empresario de origen libanés Kamel Nacif demandó por “daño moral” a Lydia
Cacho, quien en su libro Los demonios del edén: el poder detrás de la
pornografía lo acusó de proteger una red de pederastas encabezada por el
empresario Jean Succar Kuri, arrestado en Cancún en 2004.
Un año
después el periódico La Jornada reveló los audios donde Nacif felicitó al
entonces gobernador Mario Marín por solicitar la aprehensión de Cacho en
Cancún, Quintana Roo, donde reside la periodista.
Durante su
detención, la escritora manifestó haber sufrido torturas y tratos degradantes,
motivo por el que 12 años después se giró la orden de aprehensión contra el
Góber Precioso y sus cómplices.
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