Castigo a los pobres.

Raymundo Riva Palacio.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es una mujer con un enorme conocimiento científico y técnico y, se puede presumir, con las mejores intenciones para lograr una mejor vida para quienes menos tienen. Después de todo, ese es el objetivo ulterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la está preparando para que sea su sucesora en 2024, y bajo cuya guía ella se ciñe como su mejor pupila. Funcionaria honesta, sin duda, ha inyectado fuertes dosis de integridad y control a su joven administración, entrando en la contradicción de la vida política real.

Uno de los muros con los que está chocando, sin visos de que vaya a corregir, es en el sector de los desarrollos inmobiliarios, que tiene detenidos por dos razones. La primera es para verificar si el anterior gobierno autorizó las obras conforme a ley –han encontrado irregularidades en 17 de ellos–; y la segunda, derivada de su visión personal, es que la capital federal no necesita más edificios de ese tipo. En ambos casos, las cosas están saliendo contraproducentes, afectando a quienes menos tienen.

Como se planteó en la columna del martes, Sheinbaum ha frenado completamente la construcción en la Ciudad de México, provocando una crisis que afecta a los desarrolladores inmobiliarios, al empleo en el sector y a la economía de la capital, que representa el 18% del total nacional. No hay todavía un cálculo de la afectación económica que esto provocará, pero de acuerdo con personas vinculadas al sector de la construcción, las ventas en esta industria han bajado de manera considerable. Sólo en Cemex, agregaron las personas, se calcula que las ventas en la capital cayeron 35% en el primer trimestre, estimando porcentajes similares en varilla, tubos e instalaciones eléctricas, al impactar la industria de la construcción en una treintena de sectores más.

En término de empleo, los números no son alentadores. De sí, la desaceleración de la economía, que se arrastra desde el último trimestre de 2018, que en su mayoría le correspondió al gobierno anterior al de Sheinbaum, provocó que al 1 de mayo, de acuerdo con la secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Soledad Aragón, existieran 227 mil 775 personas sin empleo. De acuerdo con personas con acceso al sector de la construcción, unas 150 mil de esas personas perdieron su trabajo por la cancelación de los desarrollos inmobiliarios y obras como el nuevo aeropuerto en Texcoco, que mandó a la calle a 45 mil personas. En febrero, reportó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el número de trabajadores de sus afiliados inscritos al Seguro Social se contrajo a menos 0.1%, comparado con el mismo periodo en 2018, que fue la tasa más baja desde octubre de 2013, tras la aprobación de la reforma fiscal.

La política de la jefa de Gobierno en materia de construcción no se ha limitado únicamente a la suspensión de los permisos de obra. De acuerdo con abogados, se han clausurado más de 100 obras durante el primer trimestre del año de una manera que calificaron de “arbitraria” y violando el debido proceso. Un número no precisado de acciones de juicios de amparo se han presentado en el Tribunal de Justicia Administrativa, así como también cuando menos una queja en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Se abre también la posibilidad de que las acciones del gobierno capitalino hayan violado la Constitución de la Ciudad de México, que en su capítulo 7, denominado “Ciudad Democrática”, establece un novedoso concepto, el “derecho a la buena administración pública”, donde se establece que “toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación”.

El desempleo, que seguirá en aumento ante la parálisis inducida en la industria de la construcción, tiene externalidades. Una es la que planteó recientemente Federico Pérez Cruz, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, al hablar de una baja en las ventas del 10 de mayo. Explicó que una de las razones fueron el desempleo y los despidos que se han dado en la capital, que no se han frenado. “A mayor desempleo y más despidos, menor consumo”, declaró a la prensa.

Pérez Cruz mencionó que la inseguridad también impactó en la baja de ventas. El creciente desempleo coincide con la creciente violencia en la capital. De acuerdo con un reporte de David Saúl Vela, en El Financiero este martes, el robo violento en el transporte público de la capital se incrementó 197% durante los primeros cuatro meses de gobierno de Sheinbaum, con relación al mismo periodo anterior, y sin violencia se elevó 237%. Los robos a transeúntes se elevaron 157% en el primer trimestre, el robo con violencia a negocios subió 54%, y los homicidios dolosos 133%.

La inseguridad en la Ciudad de México es bastante democrática. Sin importar códigos postales, la incidencia delictiva ha crecido en las alcaldías más pobladas, y se nota un creciente número de incidentes donde para robar se está asesinando a las víctimas. Pero en el caso de la construcción, los más afectados son quienes menos tienen y a quienes más se desea proteger. La jefa de Gobierno tiene que atender lo que está sucediendo en el sector, que es un indicador de crecimiento y empleo y que, en este momento, es todo lo contrario.