Por Redacción
Animal Político.
La Fiscalía de Veracruz informó que
el exfiscal de la entidad, Luis Ángel N, continuará fuera de prisión su proceso
por presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas,
aunque no significa que haya sido absuelto.
La misma situación aplica para otros
presuntos responsables, los exfuncionarios Rosario “N”, Gilberto “N” y Carlota
“N”.
“El cambio de medida cautelar obedece
a resoluciones federales que les permiten continuar el proceso penal que
enfrentan y seguirán enfrentando, con una medida cautelar diversa a la prisión
preventiva, al considerar la superioridad federal que dicho delito no amerita
prisión preventiva oficiosa”, indicó la Fiscalía en su comunicado.
“En consecuencia, y en estricto
acatamiento a dichas resoluciones, la Jueza de Control del Distrito Judicial de
Xalapa que conoce de los procesos penales que se instruyen en contra de los ex
funcionarios, varió la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre
ellos, al resguardo domiciliario, en donde permanecerán con vigilancia y
control de acceso por parte de personal de la Fiscalía General del Estado”.
El cambio de medidas cautelares,
insistió la Fiscalía, no afecta la integración de las carpetas de investigación
de las que derivan los procesos penales, en contra de los implicados.
“La Fiscalía General del Estado
cuenta con datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para acreditar la
probable participación de los imputados en los delitos que se les atribuyen,
como ha sido confirmado por las autoridades federales que declararon la validez
de los autos de vinculación a proceso dictados en su contra”.
Luis Ángel N, exfiscal de Veracruz
durante el gobierno de Javier Duarte, fue detenido en junio de 2018 en la Ciudad
de México. Después fue trasladado a la cárcel de Pacho Viejo, Veracruz, y ahí
había permanecido hasta esta resolución de “resguardo domiciliario”.
El caso por el que se le acusa es la
localización, en 2016, de 19 cuerpos en La Barranca de la Aurora, en el
municipio de Emiliano Zapata, de los cuales, la Fiscalía solo reportó seis y
desapareció a los 13 restantes.
El delito que le imputan al
exfuncionario es su probable intervención “en la desaparición forzada de
personas, en la modalidad de entorpecer la investigación y apoyar a que los
responsables de su comisión se eludieran de la acción de la justicia”.
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