Salvador
Camarena.
El 28 de
febrero pasado Jesús Ramírez dio una charla en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM. Esa intervención llevó por título “La nueva
narrativa en la Cuarta Transformación”. Y fue ahí donde comenzó un capítulo más
de la historia de embates de una Presidencia de la República en contra de la
prensa.
En esa
ocasión, el vocero presidencial dijo lo siguiente: “De los 60 mil millones de
pesos (de publicidad oficial gastados en el sexenio de Peña Nieto), los
columnistas, comentaristas conspicuos, que no llegan a más de 15, recibían casi
una cuarta parte. Nada más hagan cuentas ustedes, las listas están en Internet,
no voy a señalar a nadie, pero… porque también son públicas, quienes recibían
financiamiento de entidades públicas, de Pemex, de CFE, de la Lotería Nacional,
de Salud, del IMSS, de Presidencia, de Gobernación, de todas las instituciones,
y son 15 personas, como máximo, que se llevaban una cuarta parte. Y luego
veremos quienes son los más críticos en estos momentos de las cosas que se
hacen, creo que hay un sesgo en su análisis que tiene que ver con los ingresos
que ya no van a tener, porque una decisión que se tomó fue reducir a la mitad
el gasto gubernamental en publicidad para cerrarle el espacio a la corrupción”.
Una semana
después, un periodista de Contralínea entrevistó a Ramírez para que abundara en
sus dichos sobre esa lista y ese monto. En esa fecha, el colaborador del
presidente López Obrador declaró que sus aseveraciones surgían de dos fuentes:
un texto de Javier Tejado Dondé y que “hay muchos registros” (de hecho, agregó
que él tenía “listas de esos periodistas”).
Cuando el
reportero le pregunta si hay un periodista de ese listado que haya recibido mil
millones de pesos (cantidad inverosímil aun en un México de abusos), Ramírez
contesta que “no, no. Es un conjunto de periodistas o comentaristas y hasta
directivos de periódicos que han recibido de manera directa, a su nombre, están
los contratos a su nombre, como asesores de imagen, como asesores de
información, incluso en campañas [publicitarias] –y que en conjunto recibieron
el 25 por ciento de un presupuesto de 60 mil millones en 6 años”. O sea, sí, en
promedio habrían recibido 1 mil millones de pesos (¡?).
Tres meses
después, estos dichos del vocero presidencial de un gobierno que se quiere
presentar como honesto no se han podido probar. Esas declaraciones hoy resultan
o muy exageradas o de plano falsas.
La semana
pasada el periódico Reforma obtuvo vía transparencia un listado de periodistas
que recibieron presupuesto durante el sexenio anterior. Lo que Reforma solicitó
a la Presidencia fue, precisamente, la información relativa a los “15
periodistas” que se habrían llevado “15 mil millones de pesos”. Es decir,
solicitaron las pruebas de lo que declaró, dos veces, el vocero.
La lista de
Reforma está compuesta por mucho más de 15 periodistas que, sin embargo,
obtuvieron mucho menos de 15 mil millones de pesos. Y, más importante, esa
respuesta gubernamental no prueba que tales recursos hayan sido eminentemente
para sufragar “asesorías de imagen, de información o campañas”, como declaró
Ramírez a Contralínea.
El listado
está compuesto por 36 periodistas y en total hay involucrados mil 81 millones
de pesos.
La
publicación de esa lista provocó, empero, el efecto deseado en la Presidencia
de la República: se tendió un velo de sospecha en torno a la prensa en general,
y en particular sobre periodistas que encabezan medios de comunicación, entre
ellos algunos de talante claramente crítico y plural como es Animal Político.
Se jugó, de
manera perversa, con la idea de que si un medio recibe dinero público está
manchado, pues tal recurso provino de un gobierno desacreditado como lo fue el
de Peña Nieto.
Un director
de comunicación social debería ser un factor de entendimiento entre la sociedad
y el gobierno. Por su contacto con los medios, por su obligación de diseminar
de la mejor manera el mensaje gubernamental, se requiere en ese puesto a un
gestionador capaz de atender, por un lado, las necesidades de los funcionarios
por hacer saber sus políticas y, por otro, las demandas de los periodistas para
divulgar información de relevancia pública.
En los
sexenios anteriores, y cabe decir que el actual no está exento de esa
posibilidad, hubo quien desde el poder corrompió a periodistas y hubo
periodistas que vivieron de embutes gubernamentales.
Un gobierno
que se autoproclama de cambio debería denunciar en las instancias correspondientes
cualquier hallazgo en cuanto a conductas indebidas o ilegales en contratos de
gobierno con periodistas o medios. Es una obligación normativa y un deber
democrático hacer rendir cuentas a exfuncionarios y a los beneficiarios de
tales prebendas.
Declarar
desde Palacio Nacional barbaridades contra los medios que no se pueden probar,
y que vulneran el ejercicio periodístico en su conjunto, socava no solo a la
prensa, sino las capacidades de los periodistas para ejercer la libertad de
expresión a favor de los mexicanos.
Como
experiodista, el vocero presidencial es un volador de notas. Como funcionario
público, es alguien que declaró en falso.
Lo peor es
que no hay garantía de que el actual gobierno use sin favoritismos, o sin ceder
a la tentación de castigar la crítica, los 4 mil millones de pesos disponibles
para publicidad oficial. Y todo ese dinero pasará por la oficina de Ramírez.
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