Por Nayeli Roldán.
El gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador tiene como meta que 20 millones de mexicanos superen la
pobreza y 5 millones más abandonen la situación de pobreza extrema para 2024,
de acuerdo al diagnóstico y proyecciones en materia social contenidas en el
Plan Nacional de Desarrollo (PND) del sexenio.
Alcanzar esta meta significaría sacar
de la pobreza casi a la mitad de los mexicanos que se encuentran actualmente en
esa situación, toda vez que hasta 2016 había 53.4 millones de personas
consideradas en “pobreza”, y 9.4 millones de personas en situación de “pobreza
extrema”.
Dicha medición estará a cargo del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),
que aplicará la metodología multidimensional, es decir, evaluará los niveles de
satisfacción de alimentación, vivienda, servicios básicos, seguridad social,
rezago educativo y salud, según se advierte en el documento enviado a la Cámara
de Diputados.
Para cumplir la meta sería necesaria
una disminución anual de 3.3 millones de personas en situación de pobreza, lo
cual significaría revertir la estadística del sexenio del presidente Enrique
Peña Nieto, que prácticamente no pudo reducir los niveles de pobreza en el
país.
En el
sexenio anterior, 2.1 millones de personas salieron de la pobreza extrema, pero
se incrementó en 2.2 millones el número de personas en “pobreza moderada”.
La meta prevista en el plan de
Gobierno para el sexenio forma parte del eje general de “Bienestar”, que tiene
como objetivo “garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de
desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y
territorios”.
Esto porque
de acuerdo con el diagnóstico “7 de cada
10 mexicanos que nacen en situación de pobreza, vivirán y morirán en la misma
situación”.
Los ejes
para “el bienestar”
Para
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos “con énfasis en la reducción
de brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en
poblaciones y territorios”, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 prevé once
objetivos.
Entre ello está “garantizar el derecho a la educación
laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos,
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las
personas”.
Para ello se plantea como meta aumentar el número de
egresados de educación básica. Pasar de 94.8% a 98% en primaria. Mientras que
en secundaria de 80% a 85%. Y para educación superior, en el documento el
cuadro del indicador está incompleto y no se puede observar la meta.
Entre las
estrategias para lograrlo, el Plan
considera seguir evaluando a los maestros, toda vez que para fortalecer la
profesionalización del personal docente, se plantea “el impulso y mejora de los
procesos de formación, capacitación y actualización, mediante evaluaciones
diagnósticas; y de los procesos de selección para la admisión, la promoción y
el reconocimiento”.
También “revisar los planes y programas de estudio
en todos los tipos y niveles del Sistema Educativo Nacional, promoviendo la
educación sostenible, artística, científica, tecnológica, financiera,
ambiental, sexual, cívica, indígena, intercultural y comunitaria, que
garanticen el derecho a la igualdad de género, la no discriminación y la
eliminación de la violencia”.
Respecto a la salud, el Plan promete
“promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población
a los servicios de salud, la asistencia social y los medicamentos, bajo los
principios de participación social, competencia técnica, calidad médica,
pertinencia cultural y trato no discriminatorio”.
Para ello se compromete a la meta de reducir la
mortandad materna y pasar de una tasa de 34 a 30.4. También disminuir la
carencia de acceso a los servicios de salud y pasar de 15.5% a 11.5% al
finalizar el sexenio.
También pretende disminuir la obesidad infantil y
lograr que el porcentaje de niños y niñas, de entre 5 y 9 años cumplidos, cuyo
Índice de Masa Corporal (IMC) es mayor o igual a 25 kg/m2, disminuya a 25.2%
cuando actualmente se encuentra en 33.3%.
En materia laboral, el gobierno se
compromete a promover y garantizar el acceso a “un trabajo digno, con seguridad
social y sin ningún tipo de discriminación, a través de la capacitación en el
trabajo, el diálogo social, la política de recuperación de salarios y el
cumplimiento de la normatividad laboral, con énfasis en la población en
situación de vulnerabilidad”.
Para ello plantea disminuir la tasa de informalidad
laboral, y pasar de 56.58% a 54.67%. También aumentar el porcentaje del salario
mínimo real respecto a la línea de bienestar urbana familiar y pasar de 59.44%
a 83.36%, es decir, recuperar el poder adquisitivo de los salarios.
En el eje de atención prioritaria a
“grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan reducir las
brechas de desigualdad sociales y territoriales”, se prevé disminuir la brecha
de desigualdad en carencias promedio de hablantes de una lengua indígena de
1.334 a 0.667. Mientras que entre las personas con alguna discapacidad, bajar
la brecha de desigualdad de 0.216 a 0.108.
Además, disminuir el promedio de carencias que
enfrentan los grupos de atención prioritaria con enfoque de ciclo de vida
(niños, jóvenes y adultos mayores) y pasar de 0.860 a 0.576 en la medición.
Para garantizar el derecho a un medio
ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la
biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales, se busca que el
porcentaje con respecto al PIB de los costos por remediar, restituir o prevenir
el agotamiento y degradación de los recursos naturales y el medio ambiente pase
de 4.04% a 3.75%.
Una de las metas más bajas tiene que
ver con el resultado de todas las acciones de conservación, manejo y
recuperación de la cubierta vegetal forestal, lo que permite observar si
disminuye la deforestación (pérdida de cubierta forestal), pues se pretende
pasar de 33.36% a 33.29%.
Sobre el acceso a la cultura
“atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones
con pleno respeto a la libertad creativa, lingüística, de elección o pertenencia
de una identidad cultural de creencias y de participación”, la meta es llegar a
los lugares con alta incidencia delictiva.
Se pretende llevar cultura a 92.9% de
los municipios con incidencia delictiva alta y muy alta, toda vez que
actualmente sólo se han incluido 8.1% de los municipios.
Otra meta es disminuir el Índice de
distancia promedio para acceder a eventos artísticos y culturales ofertados por
la Secretaría de Cultura, de 50 a 5 kilómetros
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