El abogado de la mafia.

Ricardo Ravelo.

En mayo de 2006, preocupado porque no podía completar mi serie de semblanzas para mi libro Los Narco-abogados con un personaje de peso completo, decidí dejar el proyecto en manos del tiempo, aliado incondicional. Con el paso de los meses, durante una gira de trabajo por Monterrey, Nuevo León, una circunstancia fortuita me sorprendió: El bell boy del hotel donde me hospedé me hizo llegar, de cortesía, Ecos del Mundo, un periódico editado en Colombia que circulaba en toda América Latina.

Tomé el tabloide de 16 páginas impecablemente impreso en blanco y negro y comencé a leer los titulares. Por ahí de la página ocho vi una fotografía que abarcaba la plana completa y abajo una cabeza se siete golpes, la regla precisa en el periodismo: “Yo soy el abogado de la mafia”.

En entrevista exclusiva hablaba Gustavo Salazar Pineda, un abogado colombiano que contó con detalles punzantes su experiencia como abogado de varios capos colombianos y, con sobrada autoestima, afirmaba que le había ganado todos los juicios al Estado.

“Este es el personaje que me falta” –pensé– y enseguida tomé el teléfono y llamé a la redacción del periódico para contactar al reportero que firmaba aquella entrevista. Cuando lo tuve en la línea le conté mi proyecto y de inmediato preparé el viaje a Medellín, Colombia, donde radicaba el abogado. Curiosamente el reportero y el abogado eran primos cercanos y eso facilitó que el defensor aceptara concederme una amplia entrevista con la que inicié mi segundo libro.

Una mañana lluviosa de mayo de 2006 arribé a Medellín. Eran las 7:00 de la mañana y la entrevista con Gustavo Salazar estaba programada para las 10:30 en un céntrico café. Aproveché el tiempo para respirar el aire puro de aquella hermosa ciudad, verde como un campo en primavera, apacible como un templo. Nadie daría crédito a quien dijera que en Medellín se habían suscitado las guerras más terribles del narcotráfico y que ahí tuvo su refugio y base de operaciones Pablo Escobar, el temible jefe del cártel de Medellín.

Quince minutos antes de la ahora acordaba arribé al café para encontrarme con Salazar Pineda. Lo vi entrar ataviado con un sobretodo azul que colgó en un perchero, tomó asiento y se dispuso a conversar su vida y sus peripecias en el mundo del narcotráfico.

La charla comenzó a fluir y se hizo intensa cuando narró cómo fue enganchado por el cártel de Medellín. Contó: “Yo era un abogado recién egresado de la universidad y necesitaba trabajo y dinero. Un día caminaba por los tribunales para ver si podía conseguir clientes y así me contactaron unas personas. Me dijeron que sus amigos habían sido arrestados y que necesitaban un abogado que los defendiera. Acepté el reto.

“Y me dijeron que quien iba a cubrir mis honorarios era un señor al que ellos se referían como “El Patrón”. Acepté ir a la casa de “El Patrón”. Llegamos, tomé asiento y en aquella fastuosa residencia había un vehículo Rolls Royce perforado con balazos. Cuando apareció “El Patrón” me dijo que se llamaba Pablo Escobar y que necesitaba que liberara cuanto antes a sus muchachos. Me pagó con un fajo de billetes. Me puse a trabajar y en menos de tres meses pude zafar a los detenidos.

“Semanas después me volvieron a llamar con urgencia porque otro grupo de personas, amigos y familiares de ”El Patrón”, habían caído en prisión. Y así seguí por varios meses trabajando. Hasta que me di cuenta que yo no era un abogado más: para entonces yo ya era el abogado del cártel de Medellín, el abogado de la mafia”.

De esa forma, Salazar Pineda terminó enredado con uno de los cárteles más poderosos del mundo y ya no pudo salirse porque tenía claro que si lo hacía lo mataban o mataban a su familia.

Salazar Pineda es uno de los más controvertidos abogados penalistas de Colombia. Unos lo odian y otros lo reconocen. En la década de los años ochenta su nombre saltó a la fama cuando tomó la defensa del líder del M-19, Carlos Pizarro y ganó el caso; más tarde fue defensor de Gonzalo Rodríguez Gacha, aliado de Pablo Escobar, del propio Escobar Gaviria, de Hélmer Herrera Buitrago, mejor conocido como “Pacho Herrera”.

Salazar sobrevivió al infiero que vivió Colombia durante la guerra entre los cárteles de Medellín y Cali, a grado tal que es uno de los pocos narco-abogados que pueden contar sus andanzas en el mundo de la mafia. Tan involucrado estuvo con los capos que incluso publicó “El Confidente de la mafia se confiesa”, un libro en el que cuenta toda su historia como abogado del narcotráfico, quienes fueron sus clientes y cómo ganó los juicios hasta dejarlos en libertad. Lo que no pudieron evitar los capos fueron las balas: la mayoría murieron ejecutados y otros fueron extraditados a Estados Unidos.

De esta forma, el libro Los Narco-abogados tomó forma con otros personajes mexicanos, entre ellos, Raquenel Villanueva, “La abogada de hierro”, ejecutada el 9 de agosto de 2009 en Monterrey, Nuevo León, cuando un comando la localizó al interior de un mercado. Así terminó la vida de quien había sobrevivido a cuatro atentados, presuntamente ordenados por Juan García Ábrego, en venganza porque la defensora le había informado a la DEA donde se localizaba su escondite, lo que derivó en su captura.

Otro personaje notable fue Américo Delgado de la Peña, entonces considerado el decano de los narco-abogados mexicanos: fue defensor de los hermanos Beltrán Leyva, de Osiel Cárdenas Guillén y Benjamín Arellano Félix, entre otros.

Delgado de la Peña decía que el abogado que decidiera defender capos debía ser muy cuidadoso en no pedir sumas elevadas por adelantado sin cumplir. “Yo cobro mis honorarios hasta que gano el caso”, decía el veterano abogado que, por desgracia, fue asesinado por un sicario que lo degolló en su despacho de Toluca, Estado de México.

La historia de los abogados de la mafia viene a cuento precisamente por la reciente detención de Juan Collado Mocelo, abogado de Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto y Carlos Romero Deschapms, la otra mafia, la del poder político y económico en México.

Como ha ocurrido con los abogados de los narcotraficantes, ningún abogado defensor de ex presidentes o políticos menores que hayan causado daño al país goza de buena reputación. Todos cargan a cuestas las historias de sus clientes. Y si decidieron defenderlos es porque en algo o en mucho coinciden.

Siempre ligado a los hombres del poder, la historia de Juan Collado está plagada de claroscuros. A mediados de los años noventa Mario Ruiz Massieu huyó del país. Habían transcurrido pocos meses del asesinato de José Francisco, su hermano. Mario era subprocurador de la PGR. El procurador era Jorge Carpizo. Mario Ruiz Massieu había prometido públicamente que esclarecería la muerte de su hermano. No pudo. Se topó con una barrera: la familia Salinas y principalmente con Raúl, quien fue acusado, primero, y exonerado, después, por ese crimen.

En medio del escándalo más estruendoso que estremeció a México en tiempos de Carlos Salinas, Mario Ruiz Massieu decidió refugiarse en Estados Unidos, pero fue detenido con varias maletas repletas de dólares. La justicia estadunidense lo acusó de lavado de dinero del narcotráfico y fue encarcelado y sometido a un juicio de extradición por parte del Gobierno de México.

Su abogado en México era Juan Collado, ligado a los intereses de la familia Salinas, cuyo hermano mayor, Raúl, había sido encarcelado el 28 de febrero de 1995 por el crimen de José Francisco Ruiz Massieu.

El juicio de extradición duró varios años y finalmente la defensa de Ruiz Massieu logró que su cliente saliera de la cárcel y cumpliera su condena en prisión domiciliaria, aduciendo problemas de salud. Mario fue llevado a un departamento en Newark, Nueva Yersey, y era vigilado las 24 horas del día a través de un brazalete.

Algunos meses después y en condiciones todavía no claras, Mario Ruiz Massieu se suicidó. Dejó una carta póstuma. Nadie supo de él. Hasta su abogado, Juan Collado, declaró extrañado que él nunca pudo ver el cuerpo de su cliente. Así, el caso sigue envuelto en un verdadero misterio.

Collado volvió a atraer los reflectores públicos cuando decidió defender al empresario de origen argentino Carlos Ahumada, implicado en actos de corrupción y sobornos a personajes relacionados con el Gobierno de la ciudad de México: Rosario Robles, René Bejarano, entre otros.

Atraído por las estrellas de Televisa, Juan Collado decidió casarse con Yadhrira Carrillo, actriz de Televisa, quien en una ocasión apareció en una fotografía donde posa al lado de Francisco Colorado Cessa, acusado de lavar dinero de Los Zetas, en el hipódromo de las Américas. Colorado murió hace dos años en una cárcel de Estados Unidos. Sin embargo, Collado celebró una fiesta de bodas al más puro estilo de Televisa y su farándula.

La lista de clientes de Juan Collado es larga. Ahí aparecen Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, acusado de lavado de dinero y de estar relacionado con el cártel de Juárez; Raúl y Carlos Salinas de Gortari y, por su puesto, Carlos Romero Deschamps, el capo del sindicato petrolero, quien lleva más de 30 años en el poder.

El lunes 9, cuando comía en un lujoso restaurante de las Lomas de Chapultepec, acompañado por Carlos Romero Deschapms –su cliente –fue detenido Juan Collado. Se le acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada por supuestas triangulaciones de dinero operadas desde la empresa Caja Libertad, considerada un centro de blanqueo de dinero que, entre otros fines, sirvió para financiar la campaña de Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, implicado en el enjuague al igual que los ex presidentes Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto, entre otros, señalados por el empresario Hugo Sergio Bustamante –el que denunció un supuesto despojo de acciones de una empresa –como los verdaderos dueños de Caja Libertad.

Tras ser llevado a la Seido, Collado fue sometido a un interrogatorio. Ahí salió a relucir que es acusado de crear cuatro empresas fantasmas y de simular la venta de un terreno en Querétaro por 156 millones de pesos en el que luego construyó un edificio de cuatro niveles con seis de estacionamiento, cuyo valor actual asciende a 700 millones de pesos.

La historia criminal que implica a Juan Collado y que se basa en las pesquisas de la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el abogado se asoció con José Antonio Rico, ex presidente de Cajas Libertad; José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega –todos ellos con órdenes de aprehensión –para constituir las empresas Operadora Inmobiliaria del Centro y Libertad Sociedad Financiera (actualmente Cajas Libertad) presuntamente para simular operaciones financieras y lavar dinero, cuyo origen, hasta el momento, se desconoce.

Algunos fondos, según la FGR, provienen de la venta del inmueble de Querétaro, cuya propiedad alega como suya el empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien denunció que para despojarlo de acciones y de esa propiedad le suplantaron la identidad para realizar la operación que, dice, nunca consintió.

La FGR sostiene, según sus investigaciones, que por esta operación –la venta del inmueble –Juan Collado recibió un pago de 24 millones de pesos. Pero después las cosas comenzaron a complicarse debido a que Sergio Hugo Bustamante presentó una denuncia el 7 de junio último ante la Unidad de Inteligencia Financiera, la que después formalizó ante la FGR.

Según la denuncia, Juan Collado, José Antonio Rico y Javier Rodríguez Borgio –éste señalado como zar del juego porque es dueño de una cadena de casinos– utilizaron la red de empresas fantasmas para que Vargas Hernández, Rodríguez Gálvez y García Ortega realizaran transferencias bancarias que beneficiaron a los tres últimos.

La presentación de Juan Collado en la SEIDO tardó once horas, luego la FGR determinó un plazo de seis meses para llevar a cabo toda la investigación.

Estos hechos ocurren en el momento en que los ex presidentes Carlos Salinas y Enrique Peña, según se sabe, ya no están en México: el primero se afincó en Reino Unido, el segundo, en España, supuestamente para ponerse a salvo de las investigaciones que deriven del caso Emilio Lozoya.

Ahora truena el caso de Caja Libertad –presuntamente propiedad de Salinas y de Peña Nieto, entre otros– y el primero que cae es el abogado Juan Collado, el brazo legal, el abogado de la mafia.

¿Quién sigue? ¿Sigue Salinas? ¿Sigue Enrique Peña Nieto?

Las dudas prevalecen.