Julio
Astillero.
Jaime
Bonilla Valdez fue candidato morenista a gobernador de Baja California por
voluntad imperiosa de Andrés Manuel López Obrador. La relación entre ambos es
de años atrás, aderezada por el gusto en común por el beisbol y sostenida por una
relación de mutua conveniencia: Bonilla es un empresario con vocación política
(negocios propios, algunos relacionados con medios de comunicación en Baja
California y en California) y AMLO durante mucho tiempo fue un político
necesitado del apoyo de empresarios inversionistas como el citado Bonilla,
quien llegó a ser diputado federal y senador, pasando de una breve estancia en
un escaño a ser superdelegado en BC y, de ahí (pionero en el tránsito de esas
superdelegaciones a las candidaturas tan previsibles), fue postulado para
gobernar la entidad que durante tres décadas había estado bajo dominio panista.
Aún cuando
originalmente se consideraba que la elección de gobernador de 2019 sería para
cinco años de duración (con lo cual se empataría el calendario en 2024, cuando
confluirían los comicios estatales y los federales), diversas argucias de los
opositores a Morena llevaron a la decisión de que este vez fuese una
minigubernatura de dos años la que se eligiera. Bonilla, con el pleno apoyo de
AMLO, ganó con amplia ventaja sobre el PAN, pero con una muy baja participación
de votantes (el comisionado de Palacio Nacional para llevar esas elecciones fue
el electoralmente habilidoso Leonel Godoy, quien fue gobernador de Michoacán y
presidente nacional del PRD; una de sus tareas fue descarrilar a Jaime Martínez
Veloz). Haiga sido como haiga sido, el binacional Bonilla (quien fue militante
del Partido Republicano y funcionario en California) fue declarado gobernador
por dos años.
Pero la
tentación de extender el periodo original de mando se mantuvo presente, hasta
desembocar en una sesión del Congreso estatal de Baja California, con mayoría
panista, que aprobó la propuesta morenista de ampliar el periodo de ejercicio
gubernamental en tres años para que Bonilla gobierne en total durante cinco.
Desde el 31 de mayo, Benjamín Gómez Macías, el diputado priísta que preside la
directiva de ese Congreso, aceptó que había recibido el ofrecimiento de cargos
públicos, y hasta un millón de dólares, si convocaba a sesión camaral para
aprobar la extensión del periodo de Bonilla. En presencia del candidato priísta
a gobernador y de un consejero estatal del partido tricolor, se aseguró que
quien había hecho ese ofrecimiento era el subsecretario federal de Gobernación,
Ricardo Peralta (encargado de trabajos rudos), quien días atrás había
sustituido a Zoé Robledo (https://bit.ly/2XGGOxO).
Finalmente,
la sesión tan anhelada por el morenismo-bonillista se realizó de noche. Con
prontitud, se aprobó la extensión del periodo de gobierno, al mismo tiempo que
el saliente gobernador panista, Kiko Vega, recibía un regalo transexenal, pues
uno de los suyos, Carlos Montejo, será el auditor superior del estado,
encargado de revisar y eventualmente consignar irregularidades en las cuentas
de su jefe Vega (https://bit.ly/30yajiG). Negocio redondo: tres años más para
Bonilla y un guardaespaldas para Kiko.
No sólo el
desaseo operativo, sino la ambición política desbordada y los riesgos de que
esas exploraciones abran paso a decisiones parecidas en otros niveles (el
presidencial, sobre todo), han generado un rechazo en ciertos segmentos
opositores a Morena y AMLO, pero también en personalidades cercanas en diversos
grados a este movimiento y partido en el poder: Cuauhtémoc Cárdenas escribió en
La Jornada un texto sin concesiones: Con esta resolución se atropella la
voluntad ciudadana, se viola la ley en su espíritu y letra (por más que el voto
legislativo se haya dado según procedimientos establecidos en la ley local), se
rompe el orden republicano y se lesiona gravemente nuestra aún incipiente
democracia. Tatiana Clouthier ejerció una crítica similar y dijo estar
dispuesta a encabezar acciones políticas y jurídicas para oponerse a esta
tentación de extender poderes en curso.
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