Julio Astillero.
Es natural
que Andrés Manuel López Obrador haya mostrado contento a la hora de dar por
iniciados los trabajos de un tramo del Tren Maya. Este proyecto es uno de los
principales de su administración y en su ruta se han levantado varios
obstáculos, entre ellos el presupuestal, agravado por la crisis económica
derivada del Covid-19.
Ayer, luego
de un largo viaje por carretera y de una polémica desatención al semáforo
sanitario que en rojo por toda aquella zona debería llevar a la abstención de
actividades que pudieran provocar contagios, el político tabasqueño advirtió
que la construcción del citado tren deberá realizarse en el tiempo y con los
montos presupuestales convenidos, sin las famosas ampliaciones con cargo al
erario que en otros sexenios significaban corrupción cabalgante.
No todo es,
sin embargo, vía libre. Falta la resolución judicial de las quejas de
comunidades indígenas que exigen consultas públicas legales y verdaderas sobre
el tema (más la probable oposición física a la ejecución de las obras) y el
desenlace de los problemas económicos y presupuestales que se van agravando en
el país. Por lo pronto, el Presidente de México pudo cumplir el protocolo
amable, la ceremonia oficial, con la sonrisa en el rostro, convencido de la
dimensión histórica del proyecto de desarrollo económico en el sur del país a
partir del famoso tren.
No gozan de
credibilidad en forma el aparato de gobierno de Morelos, que encabeza el ex
jugador profesional de futbol Cuauhtémoc Blanco, ni los órganos presuntamente
autónomos como la Fiscalía General del estado, pero aun así ayer comenzó a
tomar cuerpo la versión de que fue la propia esposa la responsable del
asesinato de un ex funcionario peñista, Alfonso Isaac Gamboa Lozano,
involucrado en un insólito expediente judicial de transferencia triangulada de
recursos federales a campañas electorales del Partido Revolucionario
Institucional.
Identificada
como Bethzabee y ya en prisión, la ahora viuda habría organizado la ejecución
de Gamboa Lozano y otros de sus familiares, según la información oficial dada a
conocer. Con esta línea de investigación podría decaer o desviarse la
interpretación que pretendía asociar los crímenes sucedidos en el municipio de
Temixco con un obligatorio silenciamiento de quien mucho podría haber declarado
contra Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y Manlio Fabio Beltrones.
Gamboa
Lozano fue titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en tal condición, su testimonio
habría sido importante para confirmar o rechazar la documentada acusación,
realizada desde Chihuahua, gobernada por Javier Corral Jurado, de que durante
el peñismo se enviaron 250 millones de pesos, desde la SHCP, al gobierno
también priísta encabezado por César Duarte, para cobrarlos con facturas
arregladas que permitieron devolver el dinero, o parte de él, a los operadores
electorales priístas en algunos estados. Ahora, muerto por tramas conyugales o
de otra índole, Gamboa Lozano ya no podrá declarar.
Dentro de 10
días, Netflix estrenará la miniserie titulada La Búsqueda, sobre el increíble y
vergonzoso caso de la niña Paulette Gebara Farah, desaparecida de su casa en el
año 2010 y posteriormente encontrada sin vida, luego de intensas pesquisas que
mantuvieron al país en vilo, en un resquicio de su propia cama. Las actuaciones
principales están a cargo de Regina Blandón, Darío Yazbek y Diana Bovio. Las
pésimas actuaciones gubernamentales estuvieron a cargo del gobernador Enrique
Peña Nieto y quien era el fiscal general del estado, Alberto Bazbaz Sacal,
quien fue premiado, por sus grandes mentiras en este caso, con la titularidad
de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP (ahora a cargo de Santiago
Nieto Castillo) y, luego, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen), ya con Peña Nieto como ocupante de Los Pinos, en un sexenio federal en
el que se produjo otra farsa mayúscula y cínica, la verdad histórica sobre los
43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.
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