Periodistas y
defensores de los derechos humanos manifestaron su oposición a una reforma
penal aprobada por el Congreso del estado para tipificar como delito la
difusión, “a través de cualquier medio de comunicación”, de noticias falsas
sobre balaceras y otros actos delictivos con el propósito de perturbar el orden
público.
La nueva disposición
legal, aprobada el miércoles anterior por los legisladores colimenses, ha sido
considerada prácticamente una copia de la que se aprobó en 2011 en Veracruz
durante el gobierno de Javier Duarte, que dos años después fue declarada
inconstitucional e invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN).
Tanto en el caso de Veracruz como ahora en el de Colima, la reforma incluyó la creación del delito
“perturbación del orden público”, para el que en ambos casos se estableció una
penalidad de multa y hasta cuatro años de prisión.
Tras la reciente aprobación, el artículo 266 bis del Código
Penal de Colima establece que “comete el delito de perturbación del orden
público y se le impondrá de uno a cuatro años de prisión y una multa por un
importe equivalente de cien a trescientas unidades de medida y actualización,
a:
“I. Quien con intención de perturbar el orden público, dé a
conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación, la existencia de
aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto; y
“II. Quien con intención de perturbar el orden público, dé a
conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación, ataques con armas de
fuego y sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la
salud, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente
producido”.
Ante esta decisión
del Congreso colimense, Isamar Ramírez Rodríguez, consejera de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), anunció que llevará al seno de
ese organismo la propuesta de interponer ante la SCJN una acción de
inconstitucionalidad para echar abajo esa legislación.
Calificó como un
hecho grave la reforma penal realizada por los legisladores, porque a su juicio
esto atenta contra el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos y
los periodistas.
Por su parte, el representante en Colima de la Federación de
Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex), Juan Ramón Negrete Jiménez, reprobó lo que ubicó como una “nueva
intentona de la autoridad para tratar de acallar a los periodistas” y lamentó
que los diputados “no sé si por distraídos o porque no leyeron el dictamen, lo
hayan aprobado sin ninguna discusión”.
Indicó que la reforma
no se conoció desde el primer momento porque los legisladores “omiten leer los
documentos en tribuna, y sólo piden que se incluyan íntegros en el diario de
los debates”.
Negrete Jiménez advirtió que con la tipificación de ese
delito “se vendrá una cacería de brujas
en contra de todos los comunicadores, que en aras de informar, la mayor parte
de las ocasiones somos los que damos a conocer que se recibió una amenaza,
mientras que la autoridad, como siempre, oculta la cabeza o simplemente no
informa, provocando con ello que los medios tengan que especular con base en
informaciones que recaba por conductos no oficiales”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.