El Ejército mexicano
mantuvo en prisión desde 2009 a una docena de militares a los que involucró con
dolo en la desaparición forzada de presuntos narcotraficantes durante la
Operación Chihuahua del sexenio pasado.
La justicia militar ha
visto cómo las acusaciones que fincó contra 31 militares a los que identificó
como “el pelotón de la muerte” se han caído en juzgados federales.
La más reciente
ocurrió en diciembre pasado, cuando el juez Décimo de Distrito con sede en
Chihuahua decretó la libertad absoluta e inmediata del sargento segundo de
hojalatería automotriz Andrés Becerra Vargas.
Con Becerra Vargas
son ya 13 los militares que han obtenido su libertad por falta de pruebas de su
participación directa en el homicidio y tortura de los presuntos
narcotraficantes del cártel de Juárez.
Los otros 18 aún se encuentran en prisión acusados en su
mayoría como autores materiales de la muerte y desaparición de personas a manos
del llamado “pelotón de la muerte”, que estaba destacado en la Tercera Compañía
de Infantería No Encuadrada (CINE), de Ojinaga, Chihuahua, y que fue revelado
por Proceso (edición 1889), en enero de 2013.
La Tercera CINE
estaba al mando de la guarnición militar que comandaba el general de brigada
Manuel de Jesús Moreno Aviña y fue una de las unidades que participó en el
Operativo Chihuahua del Ejército entre 2008 y 2009, ordenado por el gobierno de
Felipe Calderón como parte de la guerra que le declaró al narcotráfico.
En ese periodo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) abrió 54 expedientes por quejas de violaciones a los derechos humanos
presuntamente cometidas por elementos de la CINE.
Las acusaciones fueron por detención arbitraria, cateos
ilegales, uso excesivo de la fuerza, tratos crueles y tortura.
Hasta ahora, la
mayoría de los liberados son elementos de tropa que fueron acusados por la
Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) por haber sido testigos de los
hechos cometidos por el “pelotón de la muerte”.
Es el caso de sargento segundo Andrés Becerra Vargas, a
quien la justicia castrense lo quiso involucrar en el asesinato y tortura de
dos presuntos narcotraficantes, Esaú Samaniego Rey, señalado como El Azteca o
El Cholo, y José Heriberto Rojas Lemus, El Michoacano.
Ambos fueron muertos
por elementos del Ejército en actos de tortura cometidos dentro de las
instalaciones de la CINE. Samaniego fue detenido el 23 de junio de 2008 en
el área de Mulatos, al este de Ojinaga. Rojas, un mes después, el 25 de julio,
en el área urbana de la ciudad.
Los cuerpos de ambos
fueron traslados por elementos de esa unidad militar a ranchos en las afueras
de Ojianaga, donde los quemaron con madera y diésel. Después dispersaron las
cenizas en arroyos y brechas de regreso a las instalaciones de la CINE.
De acuerdo con las
declaraciones ministeriales de Becerra Vargas, la cremación ilegal de los
cuerpos duró entre cuatro y cinco horas. En ambos casos, el sargento segundo
hojalatero fue conductor de las unidades donde trasladaron los cuerpos.
Las órdenes de traslado
y de cargar suficiente combustible las recibió del mayor de Infantería
Alejandro Rodas Cobón, segundo comandante de la CINE, y del teniente de
Infantería, Gonzalo Arturo Huesca Isasi, a quienes la justicia militar señaló
como los principales hombres del grupo ilegal del Ejército.
Junto con otros de los acusados están en la prisión militar
de Mazatlán, Sinaloa. Entre ellos, el primer comandante de la CINE, el teniente
coronel de Infantería, José Julián Juárez Ramírez, quien es acusado de
desaparición forzada a pesar de no haber participado directamente en esos
hechos, por lo que aún está impugnando la sentencia de cinco años en su contra.
El jefe militar también es acusado de robo.
Sentenciados y liberados.
La condena hasta ahora más alta contra un miembro del
Ejército por actos de lesa humanidad es por el caso del llamado “pelotón de la
muerte”. Se anunció en abril del año pasado en contra del general Moreno Aviña.
El juez Décimo de Distrito en Chihuahua, René Ramos Pérez,
lo condenó a 52 años de prisión. De inmediato, el general de brigada recurrió
la sentencia.
Fue el mismo juez Ramos Pérez, quien exoneró de los delitos
de homicidio calificado y tortura al sargento segundo hojalatero automotriz,
Andrés Becerra Vargas.
En su argumentación,
el juzgador aseguró que no hubo ninguna prueba en su contra en ambos delitos,
pero sí lo encontró responsable del delito de encubrimiento de esos hechos y de
su participación en el delito de violación a la ley de inhumación en la
modalidad de destrucción de cadáver.
Fue condenado a un
año, siete meses y 15 días de prisión, aunque para diciembre de 2016, cuando el
juez dictó su condena ya llevaba siete años y dos meses y medio en la cárcel;
es decir, cubrió la pena hace más de seis años.
Declarado con cáncer, a sus 33 años, sigue en la cárcel,
pues aún espera sentencia por robo. Padre de dos hijos, ingresó al Ejército en
Irapuato, Guanajuato, en 1997 y su primera misión fue en Ojinaga.
Su defensor, Víctor
Alonso Tadeo Solano, asegura que en la misma condición de encubrimiento
quedaron el cabo José Abel González Duarte, el cabo Darío Oluarte Muñoz, el
cabo Pascual Domínguez Zepeda, el teniente Jasón Acevedo, el sargento segundo
Abraham Arrucha Pérez, el soldado Miguel Ángel Benítez Ramírez, el soldado
Avimadad Méndez, y el cabo conductor Adalberto Petlacalco Vázquez, a quienes
también representó y ya están fuera de prisión.
En el caso de otros
dos de sus defendidos, el sargento segundo Rubelio Feliciano Flores y el cabo
Sebastián Luciano Lucas, quedaron libres de todo cargo, aunque también pasaron
más de cinco años en prisión.
También ya libres por
encubrimiento fueron el cirujano dentista Luis Mariano Victoria Ordaz y el
médico cirujano Héctor Hernández Gutiérrez, quienes le confirmaron al mayor
Rodas Cobón la muerte de Rojas Lemus, El Michoacano, cuando era torturado.
Fueron llamados por el mayor para que dieran su diagnóstico.
Como en el caso de
todos los señalados por encubrimiento, la justicia federal determinó que tenían
la obligación de denunciar los actos de tortura y los homicidios que conocieron
en su momento, por lo que no pueden alegar en su favor que recibieron órdenes.
El litigante Tadeo Solano también defiende al teniente
coronel Juárez Ramírez, quien niega haber dado órdenes para que se cometieran
actos de violaciones graves a los derechos humanos.
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