Alfredo Lecona.
El año pasado, Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge,
hicieron que los congresos de los estados que saquearon, reformaran sus constituciones
y designaran fiscales anticorrupción que les cubrieran la espalda cuando
salieran de sus encargos. En ese momento la PGR promovió controversias
constitucionales contra lo aprobado por los congresos para evitar un escándalo
mayor. Hasta el Presidente del PRI pidió al Senado exhortar a la Suprema Corte
para que resolviera rápidamente las controversias, lo cual sucedió. A esas reformas de los gobernadores
priistas se les llamaron “paquetes de impunidad” y el concepto no podía
encerrar mejor la intención de esos corruptos que hoy siguen en libertad.
Hoy, Peña Nieto y el
Senado están construyendo su propio paquete de impunidad y no parece haber
quien los pare.
En los próximos días,
el Senado podría aprobar la designación del Primer Fiscal Anticorrupción, en un
proceso sin transparencia ni participación ciudadana efectiva.
Desde el pasado mes de octubre, el Senado aprobó que sea su
cúpula, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien proponga al pleno a
una sola persona para ser Fiscal Anticorrupción; es decir, la designación prácticamente la estarían arreglando los
coordinadores Emilio Gamboa del PRI, Fernando Herrera del PAN, Miguel Barbosa
(o Dolores Padierna o Raúl Morón) del PRD y Carlos Puente del Partido Verde.
A pesar de que organizaciones de la sociedad civil pidieron
que se instalara un comité ciudadano que evaluara a las candidatas y candidatos
en sus comparecencias y propusiera una lista de personas idóneas para ocupar el
cargo, las comisiones de Justicia y
Anticorrupción del Senado, han decidido reducir la participación de ese comité
a testimonial, prohibiendo la incidencia real sobre la decisión de la Junta de
Coordinación Política e iniciado las comparecencias esta semana, para designar
al Fiscal Anticorrupción la próxima semana.
Pablo Escudero, Presidente del Senado, puso desde diciembre
el chantaje y el sentido de urgencia, desde una mentira: “Cada día que no
tenemos al fiscal general (sic) ahí, dejamos de hacer una persecución acuciosa
de posibles delitos en materia de corrupción”.
Es mentira que Javier
Duarte no esté en la cárcel o que no se persiga a César Duarte y a Roberto
Borge por no haber un Fiscal Anticorrupción. Llevar a la justicia a esos y
otros funcionarios corruptos, sería posible si hubiera voluntad del actual
titular de la PGR.
La reforma política de 2014, obligó al Senado a designar al
Fiscal Anticorrupción para ocupar ese encargo solo hasta el 18 de noviembre de
2018. Si no se hizo la designación
antes, es porque se ha negociado políticamente su nombramiento y justo ahora
parece haber un arreglo a cambio de avanzar en temas de una reforma más grande:
la de la PGR, que en la misma reforma política de 2014, se estableció que
habría de transformarse en la Fiscalía General de la República, para garantizar
su autonomía y de la cual dependería el Fiscal Anticorrupción.
De ahí la petición de distintas organizaciones, académicos y
activistas agrupados en el Colectivo #FiscalíaQueSirva, para avanzar en el
diseño de un nuevo modelo de investigación penal con procesos, mecanismos y
personal que garanticen romper el modelo de persecución penal que
tradicionalmente ha sido dirigido a derribar adversarios políticos y no a
investigar delitos que involucran a altos funcionarios. Se necesita que la
nueva Fiscalía General sea autónoma desde su diseño, pero antes de ello, debe
reformarse un artículo transitorio de la Constitución que establece que el
Primer Fiscal General será quien, en el momento de declarar la creación de la
Fiscalía General, sea titular de la PGR.
El actual Procurador
es Raúl Cervantes Andrade, el “Fiscal Carnal”, designado por Peña Nieto el
pasado mes de octubre y ratificado en menos de 24 horas por el Senado, del cual
formaba parte. Cervantes es primo hermano del Consejero Jurídico de la
Presidencia y ex abogado general del PRI, ¿alguien podría creer que sería un
fiscal autónomo y que perseguiría con imparcialidad a los miembros de su
partido? Tras las críticas a su nombramiento, el mismo Peña Nieto envió al
Senado una iniciativa de reforma al artículo transitorio que daba el pase
automático de Cervantes a la Fiscalía General de la República, que ni siquiera ha sido dictaminada por el
Senado.
Por todo lo anterior
es que Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía General, van de la mano. De hacerse
la designación del Fiscal Anticorrupción en estos días, su autonomía sería de
papel, pues en los hechos dependería presupuestal y operativamente de la PGR de
Raúl Cervantes y apenas estaría ocupando su asiento, cuando en noviembre de
2018 tendría que salir. En esos términos, el anhelado Fiscal Anticorrupción,
sería una figura decorativa de la PGR. De ahí que Carmen Aristegui se refiriera
a un Fiscal en esas condiciones como un “Florero”, cuando entrevistaba a
César Chávez, el ex visitador de la PGR que preparó un informe sobre graves
violaciones al proceso en el caso Ayotzinapa, que fue cambiado tras ser
destituido. Chávez es uno de los 30 aspirantes a Fiscal Anticorrupción y ha
dirigido su crítica a los problemas institucionales de la PGR y su falta de
autonomía. Es sintomático que un ex
funcionario de la PGR insinúe corrupción de la institución, mientras participa
en el proceso de designación del Fiscal Anticorrupción, ¿no?
El Acuerdo de las Comisiones del Senado ante las que están
compareciendo las candidatas y candidatos, estableció que el Comité Técnico de
Acompañamiento estaría integrado por ciudadanos propuestos por las
organizaciones de la sociedad civil que acompañaron los procesos legislativos
del Sistema Nacional Anticorrupción. Todas
las organizaciones declinaron la participación por no existir condiciones para
una designación transparente y entonces el Senado llamó a seis académicos y al
ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, para integrar un comité sin
capacidad real de incidencia, para tratar de legitimar el proceso. Un Comité
Florero para elegir a un Fiscal Florero.
Y mientras la
designación del Fiscal Florero avanza, se negocian, en lo oscuro, asuntos de la
Reforma a la PGR. Por eso el
colectivo #FiscalíaQueSirva ha exigido al Senado, la cancelación del proceso de
designación del Fiscal Florero hasta que no se avance, de cara a la Sociedad,
en las reformas necesarias para lograr un diseño institucional de la nueva
Fiscalía General, que logre un cambio sustantivo respecto de la PGR y reduzca
la impunidad de delitos de alto impacto social; así como para contar con un
proceso público de designación del Fiscal General que garantice la elección de
una persona con base en su independencia, su mérito y su prestigio. Se pide lo lógico: crear una institución
donde quepan un Fiscal Anticorrupción y un Fiscal General autónomos, antes de
cualquier designación.
El PAN en el Senado
afirmó el pasado domingo que no se nombrará al Fiscal Florero hasta que no se
culmine a legislación pendiente que garantice la autonomía de la Fiscalía General
y la independencia de su titular; sin embargo, si las comparecencias se
realizan esta semana sin modificar el acuerdo que permite que la Jucopo haga
una sola propuesta de Fiscal Anticorrupción al Pleno; y no se permite que la
sociedad incida efectivamente en la generación de una lista de candidatas y
candidatos, la amenaza de que el nombramiento se haga de un momento a otro
seguirá latente, una vez que hayan recaído los dictámenes de idoneidad de las
30 candidatas y candidatos que quedan.
El Senado debería parar el proceso de designación y corregir
los errores y deficiencias. El Fiscal Anticorrupción ocupará una silla del
Sistema Nacional Anticorrupción, pero no debe ser un simple adorno del mismo. Es preferible que Cervantes se siente en
esa silla como titular de la PGR mientras se crea una Fiscalía que sirva, a que
el sentido de urgencia haga que los temas prioritarios se pongan en una
negociación simplona y opaca de la cúpula senatorial.
El próximo viernes 17
de marzo, #FiscalíaQueSirva comparecerá ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en Washington, para exponer estos temas. Se ha invitado a
representantes del Senado a estar presentes en la audiencia, como parte del
Estado Mexicano.
Si el Senado hace
caso omiso y avanza en la designación, se consolidará como autor del paquete de
impunidad de Peña Nieto y los funcionarios corruptos del sexenio.
Es increíble que
sigan sin entender que la sociedad ya no merece más de lo mismo. Quizás haber
metido la reforma al sistema de procuración de justicia en la reforma política
de 2014, fue un lapsus que explica cómo se ha usado ese sistema para fines
políticos. Un modelo que ya no aguanta más.
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