Matías Quiroz, secretario
de Gobierno de Morelos, acusó al obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro de
violar la ley al inmiscuirse en asuntos políticos que rebasan la esfera del
culto religioso y adelantó que acudirán a las Conferencia Episcopal Mexicana y
la Secretaría de Gobernación (Segob) para solicitar que el religioso se
circunscriba a los principios católicos.
Quiroz afirmó que el
obispo realiza recorridos por el estado, se reúne con comisarios ejidales,
ayudantes, líderes sociales, líderes políticos y “va más allá de un contexto de
evangelización”.
Su activismo, subrayó, “genera
una violación al artículo 130 constitucional” que impide a los ministros
asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de
candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco oponerse a las
leyes del país o a sus instituciones en reunión pública, en actos del culto o
de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso,
Según el funcionario,
la semana pasado el obispo se reunió con actores políticos del contexto local,
todos ellos con diferentes aspiraciones, y platicaron sobre temas de carácter
político.
“Platicar de política, no es ningún delito
para ningún ciudadano, pero para alguien que se dedica a la fe pastoral, claro
que sí, la propia constitución política lo marca”, sostuvo Quiroz en
entrevista.
El funcionario
morelense recalcó que son un gobierno de izquierda, con una “visión
progresista” y una “alta tolerancia” a la participación social, sin embargo,
dijo, hay antecedentes de un activismo importante de la Iglesia en Morelos,
entre ellos el que impulsa contra los matrimonios igualitarios.
Fue “un hecho que
provocó una participación activa del obispo a través de la feligresía católica,
presionado a presidentes municipales, a regidores para que esta modificación en
la Constitución Política del estado de Morelos, no fuera dada, eso fue un hecho
que desencadenó en muchos sentidos un tema de participación política”, afirmó.
Además, recordó que
hace unos días el obispo declaró que en el Congreso del estado y el Poder
Judicial había una compra de conciencias y que el gobierno del estado pedía el
30 o 40 % de las obras que asigna, “lo cual es falso”, dijo y presumió que el gobierno recibió reconocimiento de la Auditoría
Superior de la federación en 2015 y 2016 por el “manejo transparente” de los
recursos de la entidad.
“Todos los recursos que se manejan por parte del gobierno
del estado, son debidamente supervisados por la Auditoria Superior de la
Federación, y por el propio Congreso del estado”, sostuvo y añadió que si el
obispo tiene conocimiento de actos de corrupción, su obligación es presentar
las denuncias correspondientes.
“Este tipo de circunstancias no ayudan en la institucionalidad,
y tampoco se convierte en una verdad porque lo diga el obispo”, afirmó Quiroz.
Ante ello, reiteró la
exigencia del gobierno de Morelos al obispo para que respete las instituciones
y advirtió que acudirán ante las autoridades eclesiásticas del país y del
gobierno federal para “que lo llamen al orden”.
“En un Estado de
derecho, tenemos la responsabilidad de hacer valer la legalidad. Hablaremos con
el Nuncio, con la Conferencia Episcopal y con la Secretaría de Gobernación para
que lo llamen al orden. Nos reuniremos con los poderes del Estado para
solicitar que, de nueva cuenta, Ramón Castro se dedique a su culto y deje de
ser un actor político”, sostuvo Quiróz.
Aclaró que nadie conmina al silencio del obispo, sino a que
se dedique a su labor pastoral, “manejarse en el manejo de su propio culto y
respetar las instituciones. Si exigimos esa parte, no podemos decir que el
ejecutivo, el legislativo y el judicial, están comprados, todo es coludido,
todo es corrupción, estamos obligados a comprobarlo. O nos abocamos a nuestra
tarea de feligresía, y nuestra tarea pastoral o nos ponemos a hacer un trabajo
de carácter político”, dijo.
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