Enrique Peña Nieto
envió el pasado 24 de febrero al Senado de la República un currículum vitae con
datos distorsionados y falseados para que su candidata a la Junta de Gobierno
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Paloma Merodio
Gómez, quien no cumple con los requisitos de Ley ni con el perfil adecuado,
ocupe una vicepresidencia en el Instituto.
La Presidencia solicita
que la actual directora general de Evaluación y Monitoreo de los Programas
Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), de 31 años de edad, sin experiencia en áreas de estadística,
sustituya al Maestro Félix Vélez Fernández Varela, quien terminó su período
como Vicepresidente de la Junta de Gobierno del Inegi en diciembre pasado.
El apartado II del artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional
de Estadística y Geografía establece que la designación para estas
vicepresidencias debe recaer en profesionales distinguidos en materias
relacionadas con la estadística, la geografía o la economía, así como haber
ocupado, por lo menos durante cinco años algún cargo de alto nivel en los
sectores públicos o privado, o ser académico de reconocido prestigio en las
materias mencionadas.
Como la joven Merodio
Gómez no cumple con tales requisitos, el currículum vitae debió ser modificado.
Lo que fue un apoyo a
un profesor, se transformó en una cátedra en la Universidad Harvard; como
la candidata sólo tiene 16 meses en un alto puesto de dirección en lugar de 60
meses, sus estancias como becaria
durante su pasantía hace cuatro años fueron maquilladas para convertirla en
Consultora Senior del Banco Mundial. Para acreditar experiencia como
investigadora, de la cual carece, convierte
a su tesis de licenciatura como equivalencia de una publicación de
investigación profesional.
La propuesta ha
indignado a diversas organizaciones de la sociedad civil y del mundo académico,
pues temen que el nombramiento de esta funcionaria limite la necesaria
autonomía del organismo científico. Entre otras cosas, el Inegi aporta los
elementos estadísticos para evaluar los alcances de los programas sociales; el
hecho de que el Ejecutivo traslade al organismo autónomo e independiente a la
responsable de hacer que esos programas sean exitosos, introduce dudas a la
imparcialidad del Instituto para ofrecer criterios imparciales.
Hace algunos meses el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval) cuestionó a la Sedesol por involucrarse
en los cambios a los criterios para definir los niveles de pobreza, rompiendo
la posibilidad de hacer seguimientos históricos. Los especialistas temían que
tales modificaciones tuviesen como finalidad crear de manera artificial una
imagen más positiva de las acciones del gobierno en esta área.
Este miércoles 1 de
marzo, una docena de instituciones distribuyeron un boletín haciendo “un
llamado a Enrique Peña Nieto a tomar con la máxima seriedad la integración de
la Junta de Gobierno del Inegi, y al Senado de la República a ejercer su
atribución de hacer cumplir la ley mostrar la mayor exigencia al respecto”.
Firman el comunicado miembros del Grupo Técnico Ampliado
Inegi-Coneval, Mexicanos Contra la Corrupción, México Evalua, Centro de
Estudios Espinosa Iglesias, Centro de Estudios Económicos del Sector Privado,
Acción Ciudadana Contra la Pobreza, OXFAM, CIEP, Colectivo PE$O, Ethos
Laboratorio de Políticas Públicas, GSOC, México ¿Cómo Vamos?, entre otros.
En su desplegado, las
anteriores instituciones contrastan las pobres credenciales del candidata
propuesto por la Presidencia, ante las largas y encumbradas trayectorias de los
otros tres vicepresidentes del Inegi: Mario Palma Rojo, Rolando Campo y Enrique
de Alba Guerra; todos ellos con más de treinta años de experiencia en
responsabilidades vinculadas a la materia y amplio reconocimiento en la
comunidad nacional e internacional de Estadística; la edad que tiene ahora
Paloma Merodio.
El Senado deberá calificar y aprobar o rechazar la
candidatura propuesta por el Ejecutivo.
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