Después de que la
Cámara de Senadores despreció la participación de académicos y asociaciones
civiles en el proceso de selección del fiscal anticorrupción –causando la
renuncia de éstos el viernes 17–, cerca de un centenar de organizaciones del
país solicitaron en audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) que exhorte al Estado mexicano a “retomar el camino iniciado en
2014 hacia la consolidación de una fiscalía autónoma”.
Integradas en el
frente llamado #FiscalíaQueSirva, esas organizaciones cuestionan además la
autonomía y “los méritos de idoneidad” del actual procurador general de la
República, Raúl Cervantes Andrade, quien tiene una relación “directa y cercana
con la fuerza política gobernante del país”, y le piden a la CIDH que
intervenga para que el Estado mexicano derogue el “pase automático” del titular
de la PGR como primer fiscal general de la República, contenido en el artículo
transitorio Décimo Sexto constitucional.
Piden también que el
Senado discuta, con participación de la sociedad, las propuestas de reforma del
artículo 102 constitucional, evaluando su conformidad con los estándares
interamericanos en materia de selección de las altas autoridades del sistema de
justicia.
En el informe de audiencia “Situación de Independencia y
Autonomía del Sistema de Procuración de Justicia en México”, solicitan que el Estado regule un servicio
profesional de carrera, resuelva el problema del “pase automático” de todo el
personal de la PGR a la Fiscalía General de la República (FGR), de modo que se
integren a la nueva institución quienes superen una evaluación satisfactoria de
sus capacidades y desempeño.
Las organizaciones piden que la CIDH recomiende al Estado solicitar
apoyo técnico de la OEA para la construcción del modelo institucional de la
FGR, a través del Centro de Estudios de Justicia de las Américas.
Temerosos de que el
actual procurador sea fiscal de manera automática, solicitaron a la CIDH que,
en seguimiento, pida al Estado mexicano que informe si existen lineamientos y
criterios aprobados y utilizados por el titular del Ejecutivo federal para
seleccionar a la persona designada para ocupar el cargo de procurador general.
Y que dé a conocer
cuáles son las medidas actuales para asegurar que el proceso de selección y
nombramiento del procurador cumpla con los criterios internacionales sobre la
materia.
#FiscalíaQueSirva
argumentó que el nombramiento de Cervantes se dio, fast track, el 25 de octubre
de 2016 sin que se hubiera presentado alguna justificación de los méritos de
idoneidad de este personaje, y tampoco existió un contrapeso a su poder
mediante un escrutinio mínimo de sus antecedentes, mucho menos hubo un espacio
para que la sociedad planteara observaciones u oposición a su candidatura.
“Lo más preocupante
son los vínculos políticos y antecedentes de Raúl Cervantes, que no sólo
afectan su independencia y ejercicio autónomo del cargo, subordinándolo al
poder político, sino que también diluyen la más mínima posibilidad de que el
Ministerio Publico pueda perseguir los delitos cuando involucren a funcionarios
del gobierno”, señalan.
Cervantes ha sido senador y diputado federal por el PRI,
partido en el que ha ocupado cargos como consejero nacional y coordinador de
Asuntos Jurídicos.
En su informe, las
organizaciones hacen referencia a que el 10 de diciembre de 2014 se aprobó en
la Cámara de Diputados la Ley de la Fiscalía General de la República; al
analizarla, encontraron que no resuelve los principales problemas de la PGR y
que es una ley creada para el modelo inquisitivo: mantiene esquemas de
comunicación excesiva por informes, sin flexibilizar las formas de comunicación
y coordinación entre las diversas áreas, imponiendo una camisa de fuerza que mantiene
la burocracia existente.
No establece la
obligación de que el fiscal general elabore, sustente ni presente un plan de
política de persecución penal, con lo cual no existe uno de los principales
mecanismos de rendición de cuentas de la actuación fiscal.
No delimita funciones
operativas de ministerios públicos e investigadores, ni les da facultades; en
cambio, concentra facultades en el fiscal general. Establece un servicio de
carrera que no otorga seguridad ni estabilidad, y, por el contrario, resulta
preocupante el otorgamiento de facultades discrecionales de designación
especial al fiscal general, lo cual exceptúa a parte del personal del servicio
de carrera, manteniendo el esquema de desigualdad que hasta ahora opera.
Fuera del ámbito del Ejecutivo.
– ¿Por qué la necesidad de acudir a la CIDH para solicitar
una revisión sobre el estado del sistema de procuración de justicia en México?
–se le pregunta a Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia.
–Porque el mismo sistema interamericano recomienda que
nuestras procuradurías salgan del ámbito del Poder Ejecutivo.
“Queremos llamar la
atención de la CIDH acerca de que existen riesgos de que el tránsito de PGR a
FGR sea una mera simulación y no el desarrollo de una institución autónoma con
fuerza, con capacidad de investigar delitos de corrupción o violaciones de los
derechos humanos, como el caso Ayotzinapa.
“El problema del
fiscal anticorrupción, su nombramiento y su funcionamiento va a padecer las mismas
dificultades que la PGR, pero acentuadas, porque en el modelo actual el
procurador depende del Ejecutivo y, a su vez, los fiscales especiales están
supeditados al procurador. Además, porque cuando el Senado tomó este proceso
estableció que al final la Junta de Coordinación Política (Jucopo) presentaría
una candidatura al pleno para que ratificara a quien sería el fiscal
anticorrupción. Era un proceso opaco, cupular y sin participación”,
recuerda.
En noviembre, un
grupo de organizaciones que siguió de cerca la Ley 3 de 3 y la construcción del
Sistema Nacional Anticorrupción, propuso al Senado que integrara un comité
técnico que ayudara a la evaluación de los candidatos, y que ese comité, al
final, enviara una terna para que de ella eligieran los senadores.
Pero la semana pasada
les informaron que la Jucopo decidiría el nombramiento. A ello siguió la
renuncia de los candidatos a ocupar la Fiscalía Anticorrupción, como Miguel
Sarré; luego se dio el retiro de un grupo fuerte de académicos y de organismos
civiles.
“Nos dimos cuenta de
que la presencia de los académicos y de los organismos civiles en realidad era
una especie de aderezo a un mal proceso, para darle legitimidad”, afirma
Cortez.
En el fondo el
problema es que el fiscal anticorrupción queda supeditado al fiscal general, y
no vemos que haya condiciones para que pueda desarrollar investigaciones
imparciales y exitosas, por eso se consideró que no había condiciones para
participar ni para que se elija un buen fiscal. Se podrá elegir a la mejor
persona, pero la mejor persona sin condiciones para desarrollar su trabajo de
manera autónoma e independiente, va rumbo a la falta de resultados.
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