Por ríos de Jalisco corre veneno.

A 35 minutos del Centro Histórico de Guadalajara, la comunidad de La Venta del Astillero, ubicada en la colindancia de Zapopan con el municipio tapatío, lleva más de 35 años luchando contra la contaminación de su arroyo Las Tortugas. Desde que la farmacéutica Química Rimsa, S.A. de C.V., se estableció ahí y comenzó a descargar sus desechos. Incluso lograron que el gobierno y la empresa prometieran sanear el agua, pero no lo hicieron.

Los pobladores José Torres Flores y Pedro Covarrubias miran desde un puente un canal de aguas negras, junto al complejo industrial donde están Rimsa y otras empresas. Jorge sostiene un envase de refresco en la mano derecha, mientras Pedro levanta del suelo restos de botellas y otros desechos reciclables. Parecen no percibir la fetidez de las aguas que corren por el poblado y desemboca hasta el Bosque de la Primavera, pero no es así.

–El arroyo Las Tortugas nos enferma –dice Jorge mientras observa cómo lentamente sale el agua gris y espesa de un tubo de aproximadamente medio metro–. Este río tiene unos 23 años que comenzó a contaminarse, más o menos. Llegó la primera empresa, Maicena; después le cambiaron el nombre y ahora le dicen la Mive.

–También están Rimsa, la de acá enfrente, y una aceitera. Hay como cuatro o cinco empresas. Seguido nos enfermamos, nos duele el estómago a todos –interviene Pedro.

Al consultar con otros campesinos resulta que, si bien todas las empresas del complejo industrial contaminan, Química Rimsa, S.A. de C.V., que se promueve como “empresa limpia y socialmente responsable”, es señalada como la principal responsable de la destrucción de este entorno natural. Este semanario intentó entrevistar a un representante de la farmacéutica, pero nadie respondió en sus números telefónicos.

Con la ayuda del doctor Eduardo Bayro Corrochano, integrante del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), los vecinos organizados en el frente Pueblito de La Venta le presentaron a las dos últimas administraciones de Zapopan una serie de recomendaciones técnicas que nunca fueron escuchadas.

Ese documento, dirigido al ayuntamiento y a su Dirección de Obras Públicas, quedó registrado con los números 1640/2000/0318 y 1640/2006/0301. Ahí los pobladores destacan que sus principales preocupaciones son las múltiples enfermedades y el daño a la fauna local, y advierten que de no ser escuchados bloquearán los desagües de las empresas para limpiar el arroyo con sus propios recursos.

Algunas de las medidas que propusieron para aminorar el impacto de las fábricas en el arroyo son las siguientes:

“Cada industria (de las ubicadas en el complejo) deberá tener separación, pre-filtrado y procesado de sus desechos. Prohibir a las industrias que sobrecarguen sus desechos con contaminantes que atenten con el funcio­namiento de las dos plantas de tratamiento. No usar el canal federal para flujo pluvial y sólo llevar los desechos por el tubo de un metro que cruce la carretera por debajo, independiente del canal federal; finalizar los trabajos de habilitación de la planta La Venta Grande. Que se dé una explicación por la demora en la entrega que por un monto de 1, 200,000 MN se debía entregar el 12 de octubre de 2008. Se debe habilitar inmediatamente la planta de La Venta Grande unida a las industrias sólo por un tubo de 100 cm de diámetro.”

La suspensión de los fármacos.

En 2015 se anunció públicamente la compra de la empresa Rimsa, de capital mexicano, por la israelí Teva, por lo cual la Comisión Federal para la Protección contra Daños Sanitarios (Cofepris) inició una revisión de los procesos de producción del laboratorio.

Como cambiaron sus funcionarios encargados de temas regulatorios, la Cofepris inició el 22 de junio de 2016, de manera preventiva, un procedimiento de verificación sanitaria a la planta farmacéutica. En una visita se detectaron inconsistencias en estudios de estabilidad, así como productos fuera de especificación y diferencias con el sistema de control reportado.

Por ese motivo la Cofepris ordenó el aseguramiento de 124 tipos de medicamentos localizados en la planta y tomó muestras de ellos para analizarlos.

Como parte del procedimiento de verificación, el 14 de septiembre del mismo año la comisión determinó la suspensión de actividades del laboratorio, por considerar que necesita contar con elementos analíticos que garanticen la seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos producidos ahí. Desde entonces la fabricación de los productos farmacéuticos está suspendida.

El 19 de septiembre de 2016, la Cofepris realizó una tercera visita de verificación sanitaria para tomar muestras de otros 69 medicamentos, que hasta la fecha siguen sometidos a análisis de laboratorio.

El Zapotillo.

Otro proyecto problemático relacionado con las aguas nacionales es la presa El Zapotillo, que consta del embalse, un acueducto, una planta potabilizadora de agua, los tanques de depósito y la tubería del sistema, todo a cargo del consorcio español Abengoa México, S.A. de C.V. Hasta ahora sólo se han hecho públicos datos parciales de los avances en los trabajos.

Mediante la solicitud de transparencia con el folio 08JAL155604112HBOC15, se puede constatar en la versión pública del título de concesión correspondiente que el estado de Guanajuato solicitó al de Jalisco, por medio del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, el aprovechamiento de aguas nacionales superficiales por un volumen total de 119 millones 837 mil metros cúbicos anuales para uso público urbano, en el municipio de Cañadas de Obregón, de Jalisco, por un plazo de 30 años, contados a partir del día siguiente de la notificación de la mencionada resolución-título.

En 2009 las autoridades del estado aseguraron que esta presa tendría una inversión de 7 mil 700 millones de pesos, mientras que para enero de 2012 la Conagua estimaba que el costo sería de 12 mil 854 millones. El 8 de abril de 2014 el gobierno federal informó que la inversión en El Zapotillo, como parte del Plan Nacional de Infraestructura, superaría los 13 mil millones de pesos.

“Es imposible saber a cuánto asciende la deuda que se tiene con la empresa, debido a la complicidad entre el gobierno del panista Emilio González y del priista Aristóteles Sandoval”, denunció la diputada Candelaria Ochoa, del partido Movimiento Ciudadano (MC).

Consultada por Proceso, la legisladora federal asegura que existe una relación entre la opacidad de las inversiones de Abengoa y la protección al expresidente Vicente Fox Quesada.

“La última información que tenemos y que nosotros votamos en contra fue la de un punto de acuerdo del PAN, de un diputado de Guanajuato. Propuso que se liberara la información para que Abengoa continuara con la construcción de la presa y se supiera cuánto dinero le debía el gobierno del estado.

“Nosotros lo que dijimos es que eso estaba encriptado y que además las últimas dos órdenes de los jueces habían sido en el sentido de que la empresa debía parar la construcción (…) La quiebra de Abengoa tiene que ver con los fraudes que realizó en España, entonces nosotros votamos en contra el punto de acuerdo junto con la fracción de Morena, pero el PAN, el PRI, el PVEM, Nueva Alianza y el PT votaron a favor.

“No se sabe cuánto se le debe a la empresa por que el gobierno del estado no quiere dar la información. Desde el gobierno de Emilio González, y ahora con Aristóteles Sandoval, encriptan esa información porque no la quieren dar”, indica Ochoa.

A decir de la diputada, el trasfondo del acuerdo de la presa Temacapulín es para desviar más de 70% del agua a Guanajuato, y “el problema es que el agua se está destinando una buena parte al rancho de Vicente Fox y otra buena parte al ámbito empresarial”.

Sequía en Los Altos.

En la región de Los Altos más de 4 mil personas de la zona agrícola del sur de la entidad se encuentran en riesgo de sequía a causa de la construcción del acueducto como parte del conflictivo proyecto que involucra a tres de los ríos más importantes de Jalisco: Lerma, río Verde y Santiago. Para sobrevivir, sus habitantes mantienen un juicio de amparo en contra de la Conagua por violentar su derecho al recurso hídrico.

La presa fue impugnada por los involucrados desde que se conoció el plan, ya que implicaba la inundación de Acasico, Temacapulín y Palmarejo, así como la reubicación de sus pobladores y el desvío de aguas en la región Los Altos. Desde entonces el proyecto ya apuntaba hacia su actual opacidad financiera.

Para corroborar esa opacidad y la falta de interés de la Comisión Estatal de Aguas y del gobierno de Jalisco, se solicitó ante Infomex la entrega de copias simples de todos los contratos, subrogaciones y concesiones otorgadas durante los últimos tres años en ese proyecto.

Ninguna dependencia respondió a la solicitud de acceso a la información. Argumentaron que “como sujetos obligados sólo están facultados para otorgar información relacionada al estado”, y declarándose “incompetentes” para resolver la solicitud. Lo anterior queda documentado con el número de registro GJ/145/2017, en el expediente Infomex 049/2017.

Recientemente Augusto Valencia, legislador de MC, afirmó en rueda de prensa que durante años la gestión del agua en Jalisco ha sido ineficiente y basada en los intereses de unos cuantos, lo que compromete el futuro de Guadalajara y del estado.

“Se han despilfarrado millones de pesos en estudios y proyectos hidráulicos, que a todas luces van en contra de los intereses del Estado, ya que al día de hoy ninguno de esos proyectos ha funcionado para dotar de agua a Jalisco (…) Ejemplo de ello es que la actual administración firmó un convenio de 4.6 millones dólares, es decir, casi 100 millones de pesos, para que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) hiciera estudios de la presa El Zapotillo y su acueducto. Estudios que manda hacer el gobierno de Aristóteles Sandoval para justificar su ineptitud en el tema”, concluyó.