Las voces de los
hermanos Carolina y Miguel Ramírez Bravo se quiebran cuando hablan de sus hijos
desaparecidos, presuntamente a manos de elementos de la Secretaría de Marina
(Semar) que fueron desplegados en labores de seguridad pública en el puerto de
Veracruz, el pasado 5 de enero.
Llorosos, los
hermanos piden que sus hijos Levi y Jaciel Ramírez (de ella) y Rafael Armando
Ramírez Bravo (de él) sean entregados “como sea”, y se comprometen a no
continuar los procesos judiciales iniciados para esclarecer la triple
desaparición, así como la presunta ejecución arbitraria de Hugo (otro hijo de
Carolina) y Uriel Ortega Jaca.
En entrevista con Apro, los hermanos narran la manera en que
terminaron las vacaciones de la familia originaria de Huajapan de León, que
viajó al puerto de Veracruz, donde antes de los hechos trágicos se encontraron
con disturbios y protestas contra el incremento a los combustibles.
“Nosotros tenemos dos
carnicerías y una pipa de agua. Mis hijos y mi sobrino trabajaban desde las
seis de la mañana, son muy trabajadores, y cada fin de año acostumbramos a
viajar en familia. Este año viajamos 14 en dos camionetas, una Suburban y una
Escalade. Fuimos a visitar a unos amigos a Veracruz”, cuenta Carolina.
Acompañados de su
abogado Homero Pérez Aquino, los hermanos Ramírez Bravo aseguran que ya
interpusieron recursos judiciales en el estado y en la Federación para tratar
de localizar a sus hijos, además de una queja ante la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH).
Luego de que el caso fue atraído por la Fiscalía
Especializada en Desaparición de Personas de la Procuraduría General de la
República (PGR), contactaron a las organizaciones civiles I(dh)eas, Litigio
Estratégico en Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia (IMDHD), que solicitaron la intervención del Comité de Desaparición
Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés).
El 24 de febrero el
organismo solicitó una acción urgente para que el Estado mexicano tome “de
inmediato” las medidas necesarias para buscar y localizar a los desaparecidos y
“permitir la plena participación de los familiares y allegados (…) en la
investigación, dándoles acceso directo a la información disponible sobre la
evolución y los resultados”.
El CED también emitió
“medidas cautelares de protección” para los familiares de Levi y Jaciel Ramírez
y su primo Rafael Armando, así como sus representantes, y urgió al Estado
mexicano a informar sobre el caso antes del próximo viernes 10.
Carolina y Miguel están desesperados. Pese a sus esfuerzos y los indicios de que en la muerte de Hugo y su
amigo Uriel, así como en la desaparición de sus hijos participaron elementos de
la Marina, se han topado con el ocultamiento de información por parte de autoridades
civiles y castrenses, la separación de sus cargos de personal de oficinas
municipales de Tránsito que podrían tener información del caso, así como la
negación de la Semar para que los marinos acudan a rendir declaraciones.
También se han topado
con el miedo de personas que habrían sido testigos de los hechos, por lo que
hasta ahora no tienen certeza de qué es lo que ocurrió la tarde del 5 de enero,
luego de que sus hijos salieron del hotel en el que se hospedaba la familia en
Veracruz, para abastecer de gasolina a una camioneta Escalade 2008 y buscar una
ruta de regreso a Huajuapan de León, a fin de no toparse con las protestas
contra el “gasolinazo”.
Carolina recuerda que
la última llamada que tuvieron de su hijo Levi fue a las 16:20, y el joven les
dijo que estaban por llegar al hotel. Una hora y media después los familiares
se enteraron por una página de internet de noticias locales –Meganoticias de
Veracruz–, que a unos diez minutos del hotel estaba el cuerpo de Hugo Alberto,
y en una calle aledaña el de Uriel.
Por las imágenes en
la red, vieron que cerca de los cadáveres había marinos que sometían a algunas
personas junto a una camioneta de seguridad pública local. A uno de ellos,
Carolina lo identificó como su hijo Jaciel.
Cuando la mujer llegó al lugar, los cuerpos ya habían sido
levantados y llevados a una funeraria, donde se apersonó y recuperó el cuerpo
de Hugo Alberto.
“La gente en Veracruz
tiene miedo, no nos quieren decir qué pasó, lo único que he podido saber es que
los tiraron al suelo y les dispararon en la cabeza, pero de mis otros hijos y
mi sobrino no sabemos para dónde se los llevaron”, dice.
“Hugo tenía un tiro
en la cabeza, calibre 43, y Jaciel también un tiro de gracia calibre .223, de
armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”, acota el abogado Pérez
Aquino, presente en la entrevista.
Hasta ahora la
familia ha tenido indicios de que los marinos están detrás de las ejecuciones y
las desapariciones, entre otras cosas porque pudieron recuperar el vehículo
Escalade en un corralón donde la Marina tiene los vehículos que asegura. La
camioneta “estaba limpia, sin huellas digitales, hasta dejaron dentro el trapo
con que la limpiaron”, y un oficial de la Marina que resguardaba el “Penalito”
“reconoció a los muchachos, pero dijo que no podía hablar por las cámaras de
vigilancia”, relata Carolina.
La mamá de los
desaparecidos agrega que el 9 de febrero recibió una llamada anónima en la que
se le informaba que sus hijos habían sido detenidos por una persona de nombre
Gardiel Andrade Arana, apodado “el marino”, quien resultó ser marino en activo.
Hasta ahora, los
padres de los desaparecidos y sus abogados no han podido librar los obstáculos
para que Andrade Arana sea llamado a declarar, porque es constantemente negado
por la Semar, en tanto que los superiores del oficial de guardia del
“Penalito” han dado tres nombres distintos de quien habría reconocido que
personal de la dependencia detuvo a los jóvenes.
A ello se suma que un
funcionario de la oficina de Tránsito Municipal, que tendría información de lo
que ocurrió el 5 de enero, fue dado de baja de la dependencia, se esfumó de
Veracruz y se amparó contra cualquier proceso penal en su contra.
Miguel, padre de Rafael Armando, quien vive en el Estado de
México, fue informado de la tragedia por su hermana el mismo 5 de enero, y
desde entonces se acompañan en la búsqueda.
Compungido, Miguel sostiene
que para ambas familias lo importante es que “se esclarezcan las cosas primero,
porque en Veracruz nadie sabe nada de nada”.
Agrega: “Lo que
queremos es que de alguna manera nos ayuden a encontrar a los muchachos. Ojalá
y regresaran sanos y salvos, pero si no, que nos los entreguen como estén.
“No queremos nada,
desistimos de todo (proceso judicial), lo que pasó, pasó. Ya tuvimos una
pérdida grande de mi sobrino Hugo, son muchachos trabajadores”, insiste Miguel,
mientras toma un pañuelo desechable para secarse las lágrimas.
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