La decisión del
gobierno de Enrique Pena Nieto de reactivar la “verdad histórica” del ex
procurador Jesús Murillo Karam, como vía de investigación para el caso de la
desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, provocó una nueva
ruptura con los familiares de las víctimas de esa tragedia, alertó la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Hubo una ruptura entre los familiares de las víctimas y el
Estado mexicano”, reconoció Esmeralda de Troitino, relatora para México y
comisionada de la CIDH de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En rueda de prensa al cierre del periodo ordinario de
sesiones número 161 de la CIDH, Troitino explicó
que la ruptura ocurrió en la audiencia de seguimiento del caso Ayotzinapa,
celebrada el viernes 17 en la sede del órgano jurídico de la OEA.
En la audiencia pública, el subsecretario para Derechos
Humanos de la Segob, Roberto Campa
Cifrián, dijo que el gobierno mexicano continuaba dándole credibilidad a la
conclusión del caso de Ayotzinapa que en enero de 2015 emitió el ex procurador
Murillo Karam, en el sentido de que los 43 normalistas guerrerenses habían sido
incinerados en el basurero de Cocula.
La declaración de
Campa Cifrián ante los representantes de las víctimas que acudieron a la
audiencia de la CIDH provocó el enojo de estos últimos.
Los familiares de las víctimas insisten en que en el caso de
los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de
2014, se siga como vía de investigación las líneas que marcó el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En dos informes, el
GIEI descartó la veracidad de lo dicho por Murillo Karam para el asunto del
basurero de Cocula. El grupo de expertos dio a conocer en sus reportes
detalles que desmentían casi en su totalidad las vías de investigación
oficiales, y en sus conclusiones
denunció que las autoridades cometieron varias irregularidades que también
tendrían que ser investigadas.
“Después de la
audiencia del viernes pasado hubo una reunión de trabajo, privada, en donde
logramos sentar nuevamente a los familiares de las víctimas y a los
representantes del Estado”, explicó Troitino en la conferencia de prensa.
Francisco Eguigueren,
presidente de la CIDH, aclaró que “les preocupa” que el gobierno de México
intente revivir el caso del basurero de Cocula como vía de investigación para
el caso de los normalistas, luego de que el GIEI desechó dicha versión.
“La base o plataforma
de la investigación del caso son y deben ser las recomendaciones del GIEI”,
acotó Eguigueren.
La relatora para México, que se abstuvo a responder si a la
CIDH le perturbaba el que el gobierno mexicano reviviera la “verdad histórica”,
dijo que por lo menos se sentía satisfecha por haber logrado que las dos partes
se sentaran a platicar después de la ruptura generada por lo dicho por Campa
Cifrián.
Ante la confusión y ambigüedad de la posición de la relatora
para México, Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, intervino para
atenuar un poco más lo ocurrido en la reunión de trabajo privada que se llevó a
cabo el pasado viernes por la tarde.
Abrao indicó que al arranque de la reunión privada, la CIDH
preguntó a los representantes del Estado mexicano que si las afirmaciones que
habían hecho por la mañana eran definiciones que se mantenían.
“El Estado en ese momento se pronunció y relativizó sus
afirmaciones de la mañana, y en ese sentido se pasó la palabra a los familiares
de las víctimas, y ellos plantearon que sólo seguirían en diálogo en la medida
en que el Estado, de la misma manera en que se había pronunciado por la mañana,
de que si se regresaba a la hipótesis del basurero, el gobierno tenía que
emitir un comunicado público para descartar esa posibilidad”, subrayó Abrao.
El fin de semana la
Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado de prensa en el cual
destacó que “se seguirían todas las líneas de investigación” para el caso
Ayotzinapa, sin mencionar específicamente si se mantenía la línea del basurero
de Cocula.
El secretario ejecutivo de la CIDH anotó que están a la
espera de la respuesta de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa
respecto del comunicado de Gobernación.
“No vamos a patear el tablero… seguimos apostando a que
avance el mecanismo de seguimiento” de las recomendaciones emitidas por el
GIEI, remató el presidente de la CIDH.
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