La corrupción en materia regulatoria
en México costó mil 600 millones de pesos a las empresas durante 2016, reveló
la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en
Empresas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo con el reporte, el costo
promedio de la corrupción por empresa fue de 12 mil 243 pesos. En el caso de
las empresas medianas, el monto llegó a 84 mil 806 pesos y en las compañías
industriales fue de 15 mil 766 pesos.
En Quintana Roo, Colima y San Luis
Potosí se concentran los costos más elevados de estos actos delictivos en
materia regulatoria.
En el caso de Quintana Roo, el costo
promedio fue de 146 mil 771 pesos por compañía por actos de corrupción.
En el 64.6 por ciento de las unidades
económicas de México se considera que los actos de corrupción se producen para
agilizar trámites, mientras que en el 39.4 por ciento se
señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones y en 30.7 por
ciento se originan por la obtención de licencias o permisos, indicó el INEGI.
La Encuesta
Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas tiene el
propósito de estudiar la percepción de las empresas sobre la experiencia de
realizar trámites y solicitar servicios públicos, así como sobre actos de
corrupción al realizarlos.
Según el estudio, para el 20.2 por
ciento de las unidades económicas —es decir, las entidades productoras de
bienes y servicios, ya sea establecimientos, hogares o personas físicas— las
normas, trámites, solicitudes e inspecciones para los establecimientos son un
obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios.
En total,
durante 2016 se realizaron 76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de
servicios ante autoridades municipales, estatales o federales. Es decir, un
promedio anual de 19.5 trámites por unidad económica.
En promedio,
en cada unidad económica del sector privado se gastó 48 mil 871 pesos por
cargas administrativas, y en el 50.9 por ciento de ellas se consideró que las
cargas administrativas de 2016 fueron igual o más pesadas que las del año
anterior.
En cuanto a la percepción sobre los
servicios públicos básicos y de infraestructura, el 75.6 por ciento refirió que
las calles y avenidas de su municipio o delegación están en mal estado, y el 76
por ciento dijo que son inseguras.
De acuerdo
con el Banco de México, el Banco Mundial y la revista especializada Forbes, la corrupción en el país representa cerca
del 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). El Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado la sitúa en 10 por ciento del PIB.
Datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportan que este cáncer
alcanzaría 347 mil millones de pesos que equivaldrían a aproximadamente el 2
por ciento del PIB (2013). Esta cifra es similar a la de México ¿Cómo Vamos?
que la sitúa en 342 mil millones de pesos al año.
Transparencia Mexicana documentó que
en el 2007 una mordida costó a los hogares mexicanos un promedio de 138 pesos
mientras que en el 2010 se elevó a cerca de 165 pesos. El costo para acceder o
facilitar trámites y servicios públicos fue de alrededor de 27 mil millones de
pesos en el 2007 y en 2010 se destinaron más de 32 mil millones de pesos a las
mordidas.
Además, los hogares mexicanos en general destinan
el 14 por ciento de sus ingresos para pagar actos de corrupción y los hogares
que perciben un salario mínimo gastan el 33 por ciento. Es decir, interpretó
Transparencia Mexicana, la corrupción representa un impuesto regresivo
considerable para los más pobres.
Las pérdidas no solo se van en
sobornos, compra de piratería, desvío de recursos o ahuyento de inversión. La Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) concluyó que también afecta negativamente
algunas de las variables del bienestar que no están capturadas en las
mediciones del PIB: desarrollo sostenible, salud y seguridad, equidad y otros
tipos de capital cívico o social, como es la confianza.
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