“Por supuesto, por supuesto”, fue lo que
respondió el vocero del Gobierno del Estado cuando se le preguntó si el
sacerdote Pedro Gutiérrez Farías y sus colaboradores estaban siendo
investigados, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo
las investigaciones de presuntos abusos cometidos en los albergues “La Ciudad
de los Niños”, en Salamanca, Guanajuato, y “Ciudad Juvenil”, en Michoacán.
“Estamos empezando una investigación,
hay antecedentes, pero necesitamos tener certidumbre, hoy lo estamos logrando,
tener más confianza de los pequeños, para poder tener acusaciones directas y
puntuales”, señaló Enrique Avilés Pérez, director de
comunicación social de Gobierno del Estado, en un cambio de discurso pues hasta
hace apenas unos días se seguía negando que el sacerdote encargado de la Ciudad
de los Niños estuviera siendo investigado.
Haciendo
énfasis en que no se fabricarán culpables, Avilés aseguró “todos y cada uno de
los detalles que merezcan investigación, serán investigados. Todos y cada uno
de los detalles que merezcan el peso de la ley, se va a aplicar. No hay una
sola posibilidad de que alguien se escape”.
Cuestionado sobre el número de
menores de edad a los que se les cambió la identidad, el vocero del Gobernador
Miguel Márquez dijo que esto también se está revisando pues es “un tema donde
hay responsables, algo que está fuera de la ley”. Dijo que no se han dado la
cifra exacta de personas que se encuentran en esta situación, pues aún se
siguen rastreando, “pues son 40 años” de que funciona la “Ciudad de los Niños”.
En los próximos días se decidirá si
sigue en el cargo Marcela Amezola Zavala, quien en los últimos 10 años ha sido
la oficial del registro civil en Salamanca, pero esto será dependiendo de los
“datos sólidos” que dé la investigación “para saber qué hacer”, pues el tema es
muy complicado señaló Enrique Avilés.
El pasado 2 de agosto, la PGR precisó
que ya había iniciado una carpeta de investigación por los hechos ocurrido en
“La Ciudad de los Niños”, donde, de acuerdo con las denuncias, decenas de
menores fueron abusados durante al menos 40 años por el sacerdote Pedro
Gutiérrez Farías, a quien las víctimas identifican como “Papi”.
Violencia sexual, adopciones
ilegales, adolescentes desaparecidas, niñas embarazadas y sus bebés igualmente
desaparecidos, omisiones y protección institucional de Guanajuato, fueron
algunos abusos graves en el albergue, los cuales fueron desvelados gracias a una
investigación periodística y que, posteriormente, el Centro de Promoción de los
Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (NIMA) del estado integró en un
informe que fue entregado a las autoridades.
Sin embargo, no había iniciado una
investigación en contra del sacerdote.
Tras la
atracción del caso por parte de la PGR, el Gobierno de Guanajuato confirmó que
sí indaga a Gutiérrez Farías. Agregó que otra de las líneas de investigación
tiene que ver con el uso adecuado de los recursos públicos que se le dieron a
la Ciudad de los Niños A.C. para su funcionamiento.
Avilés Pérez
explicó que se le advirtió al padre que
se podía usar la ley si se negaba a ceder la administración de los albergues al
DIF estatal, “él toma la decisión de entregar el control total. No hay una
comunicación directa con él, pero está perfectamente localizable. Ha pedido que
haya cercanía, sobre todo con su grupo legal para que se vea su disposición en
las investigaciones”.
Otro viraje
en el discurso gubernamental se da en que, hasta hace poco, la sentencia era
señalada por los funcionarios como “una versión”, hoy Avilés le dijo a Zona
Franca que “hay que recordar, que esa información que permite que la jueza haga
todas observaciones es la generada por la propia procuraduría y el DIF. No es
una investigación que surja a partir de ayer o antier, es un tema que está
trabajando, que va a concluir en tiempo y en forma”.
El encargado del DIF dijo que fue el
26 de febrero de 2016 cuando se dieron cuenta de la situación en el albergue y
empezaron a trabajar; el 13 de junio de 2017 se les notificó la sentencia de
amparo, por lo que solicitaron medidas de protección que fueron implementadas
hasta el 29 de junio, es decir, un año cuatro meses después de que conocieran
de la violencia que se vivía al interior de la “Ciudad de los Niños”.
En los albergues de Salamanca se
encontraron con 63 personas y 8 en Moroleón, algunos de ellos eran mayores de
edad que decidieron retirarse del lugar y actualmente hay 67 niños, niñas y
adolescentes.
Borja explicó que hasta el momento se
han presentado padres de familia de seis menores al albergue, pero sólo una
persona ha pedido llevarse a su hijo, sin embargo, se está analizando cual es la situación del
menor de edad y si es conveniente que regrese con su madre o no.
Ambos
funcionarios aseguraron que se busca el bienestar de los niños y que se hará
que los culpables de los hechos ahí ocurridos paguen ante la ley.
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