La noche del 29 de octubre de 2011,
Marcela fue golpeada y retenida ilegalmente durante horas por Jorge Ignacio, su
expareja, quien la convenció de acudir a su departamento bajo la advertencia de
que quería suicidarse, pues no soportaba “vivir sin ella y verla feliz”.
En 12 estados NO se investiga como
feminicidio el asesinato de una mujer a manos de su pareja
No es feminicidio si la conducta de
la mujer provoca asesinato, dice procurador de SLP
Aunque ella denunció a Jorge Ignacio
por el delito de tentativa de feminicidio y privación ilegal de la libertad,
pues mientras la golpeaba él le manifestó su intención de asesinarla y la
mantuvo cautiva durante horas, él está bajo investigación por el delito de
lesiones dolosas que ponen en riesgo la vida, un cargo que le ha permitido
llevar su proceso en libertad.
Días antes de la agresión, Marcela y Jorge Ignacio, quien
mientras mantuvo una relación con Marcela tuvo episodios de violencia contra
ella en múltiples ocasiones, salieron a cenar y él le dijo que se encontraba
deprimido. Ella abandonó el lugar luego de que él le reclamó por encontrarse
“bien, contenta”.
Aquel 29 de octubre, Jorge Ignacio llamó a Marcela por
teléfono y le dijo estar arrepentido por la discusión pasada. Le pidió que
fuera a verlo porque quería suicidarse.
Ella acudió a su domicilio en un taxi y le pidió al conductor
esperarla mientras verificaba que él no se hubiera causado lesiones; sin
embargo, ante las súplicas de su expareja de que se quedara a platicar, ella se
despidió del taxista y entró al departamento.
Marcela entró al baño y al salir fue
noqueada de un puñetazo en el rostro. Jorge Ignacio la golpeó, la pateó y la
estranguló hasta que estuvo convencido de que estaba muerta, pero no fue así,
solo se encontraba inconsciente.
Lo único que pudo detener la golpiza
que le propinó nuevamente cuando ella recuperó el aliento fue la advertencia de
Marcela: si la asesinaba iba a meterse en problemas.
Jorge Ignacio accedió a entregarla
con un terapeuta, pero bajo la amenaza de que, si lo denunciaba, la buscaría y
mataría.
Luego de ser entregada, Marcela fue
internada en un hospital donde la atendieron por hematomas múltiples en la cara
y cráneo, un esguince cervical grado I, fractura en una costilla izquierda,
edema cerebral severo, y una oclusión intestinal.
UN DELITO “NO GRAVE”
Marcela, madre soltera de dos hijos, cuenta que no quería
denunciar a Jorge Ignacio, ante el temor de que él tomara represalias en su
contra o intentara agredir a su familia.
Su hijo mayor la convenció de acudir
a denunciarlo por los delitos de privación ilegal de la libertad, pues la
mantuvo cautiva durante horas, tiempo que aprovechó para agredirla en al menos
tres ocasiones, y por tentativa de feminicidio, pues él le repitió varias veces
que la quería matar.
Por la denuncia de Marcela se abrió la causa penal 201/2012
contra Jorge Ignacio “N”, quien en 2012 se dio a la fuga, por lo que fue
incluido en la lista de “Los más Buscados” en la página oficial de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; la policía capitalina logró detenerlo el 12 de noviembre de 2013,
pero puesto en libertad una semana después.
Nora Alicia Martínez, abogada que
asesora a Marcela en el caso, advierte que la tipificación del delito como no
grave y la negativa de investigación de feminicidio no son las únicas irregularidades
en el caso, pues no se acudió al lugar de los hechos de inmediato, lo que
permitió la manipulación de la escena, ni se citó a declarar al taxista que
acompañó a la víctima, ni al terapeuta que la rescató.
Ante la inconformidad de la víctima por el proceso de
investigación contra Jorge Ignacio, a
finales de 2013 se giró una segunda orden de aprehensión contra el agresor,
quien estuvo prófugo por cuatro años, hasta el pasado 20 de septiembre, cuando
fue detenido por policías de la Ciudad de México.
Esta vez el asunto fue turnado con
otro juez, Santiago Ávila Negrón, encargado de Juzgado 35, conocido por haber
sentenciado a prisión a Yakiri Rubio, víctima de violación que asesinó en
defensa propia a su agresor.
Casi un mes después, el
16 de noviembre, Marcela fue notificada de que Jorge Ignacio había sido
liberado, bajo el argumento de que sólo era investigado por lesiones dolosas
que no ponen en peligro la vida de la víctima, aunque hoy ella vive con una
retina desprendida y problemas gastrointestinales por la perforación de
intestino que sufrió con los golpes.
Una multa de 50 mil pesos le permitió
a Jorge Ignacio llevar su proceso en libertad.
“La impartición de justicia no puede estar a capricho”
Al enterarse de que nuevamente habían
puesto a Jorge Ignacio en libertad, Marcela hizo público su caso a través de
medios de comunicación, lo que llevó a que el juez Santiago Ávila Negrón se
excusara para dejar el caso, mediante un documento en el que acusa a la víctima
de intentar hacer un uso de la justicia a capricho y por venganza.
A través de un documento del Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal con fecha del 22 de noviembre de 2017, Santiago Ávila Negrón se “excusa de seguir
conociendo de la presente causa”, porque “la impartición de justicia no puede
estar al capricho de alguna de las partes, que utiliza a las autoridades para
realizar venganzas personales y utiliza a los medios de comunicación para
denostar a las mismas autoridades sin el menor respeto a sus determinaciones”.
Ahora, el juez Álvaro Quiroz Cabrera
tiene en sus manos el destino de la investigación por las agresiones que
“milagrosamente no mataron a Marcela”, informó la abogada.
Ana Katiria, abogada que logró la libertad de Yakiri Rubio,
hizo un llamado a organizaciones sociales, defensoras y activistas a
solidarizarse con Marcela y apoyar su caso, pues “si no pudimos salvarla de la violencia de su pareja, tenemos que hacer
lo necesario para salvarla de la violencia institucional”.
Para la defensora, quien acompaña a Marcela y su asesora
legal en el proceso contra Jorge Ignacio, las
decisiones que hasta ahora han tomado los jueces que han tenido a su cargo la
investigación son “decisiones machistas, de un sistema patriarcal y violento”,
y eso “no lo vamos a permitir”.
Animal Político consultó a la Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad de México sobre la razón por la que la averiguación
previa del caso se realizó por el delito de lesiones dolosas y no por tentativa
de homicidio o de feminicidio; sin embargo,
la dependencia dijo que, debido a que el caso se encuentra en juzgados ya no
pueden emitir una postura al respecto.
Sobre las denuncias de la víctima acerca de las
irregularidades con las que se ha juzgado su caso, el Tribunal Superior de Justicia expresó que no pueden ofrecer
información o una postura al respecto, ya que el juicio continúa en curso.
De acuerdo con el Tribunal, el caso ha tenido un curso favorable para la víctima; sin embargo,
dijeron no tener registro documental que acreditara que Marcela ha exigido que
se juzgue a Jorge Ignacio por tentativa de feminicidio y privación ilegal de la
libertad, sino únicamente que se ha solicitado que se cataloguen sus lesiones
como graves (que ponen en riesgo la vida).
Al respecto, las abogadas que asesoran a la víctima señalaron que para ellas lo más importante,
por ahora, es que se reconozcan como graves las lesiones que sufrió Marcela y
que se reaprehenda a su presunto agresor, quien lleva su proceso en libertad
luego de pagar una multa.
Posteriormente, anunciaron, buscarán que se reclasifique el delito de lesiones por el de tentativa
de feminicidio, para que Marcela, “sobreviviente de un intento de asesinato,
tenga justicia”.
En las próximas semanas, la Sala 5ª del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México resolverá si se revoca o no la libertad bajo
caución al presunto agresor.
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