En las transferencias de recursos a entidades que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hace en el Ramo 23 y en
convenios, al no estar regulados por la Ley de Coordinación Fiscal como los
ramos 28 y 33, existe un riesgo de que
haya un uso político del dinero, así como actos de corrupción, alertó México
Evalúa. Estos recursos no regulados y discrecionales enviados a Chihuahua
bajaron de 2016 a 2017, cuando el Gobernador Javier Corral Jurado sustituyó al hoy
prófugo de la justicia César Duarte Jáquez (2010-2016) sobre el que pesan 11
órdenes de aprehensión.
En las estadísticas oportunas de finanzas públicas, la Secretaría de Hacienda muestra que, a
las entidades federativas, además de participaciones [Ramo 28] y aportaciones
[Ramo 33], les envía dinero por otros subsidios, convenios descentralizados,
convenios SEP, convenios Sagarpa, convenios Semarnat y convenios de
reasignación. En todos hubo una baja en las transferencias a Chihuahua de 2016
hasta noviembre de 2017, como se ve en la tabla.
Sólo en el Fondo para el Fortalecimiento Financiero
(Fortafin) del Ramo 23, documentó México Evalúa, hasta septiembre de 2017 en promedio los estados recibieron alrededor
de mil 23 millones de pesos y el que menos obtuvo fue justamente Chihuahua con
61 millones de pesos. El Estado de México fue el que más recibió con 5 mil 291
millones de pesos.
Considerando el nivel poblacional con
transferencias per cápita, Chihuahua, al recibir 16 pesos, también es el que
menos obtuvo y el Estado de México recibió 300 pesos, detalló en entrevista Mariana
Campos, coordinadora de Gasto Público del think tank. Los datos del cierre de año, que hacen referencia a diciembre, mes en
que Chihuahua no recibió 700 millones de pesos por un fondo, estarán
disponibles el 31 de enero.
En 2016 este Fortafin tuvo un
presupuesto aprobado de mil 560 millones de pesos para los estados, pero se
ejerció 65 mil millones de pesos. Es decir, 64 mil millones de pesos más (4104
por ciento más).
“En el presupuesto de egresos y las
distintas bases trimestrales que da a conocer la SHCP no se conoce a qué
estados se les aprobó recibir los recursos de Fortafin. Esto significa que la Cámara de Diputados aprobó ese
presupuesto sin saber a qué gobiernos locales iría dirigido. Debido a que la mayor parte de los recursos del Fortafin
se ejercen sin haber sido aprobados por la Cámara de Diputados, la decisión
sobre dichas asignaciones la toma el Poder Ejecutivo a través de la SHCP”,
expuso México Evalúa.
Luego de que el mandatario panista acusó al Gobierno federal
de “represalia económica” por detener a Alejandro Guitérrez Gutiérrez, ex
secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional y acusado
de peculado por 250 millones de pesos con fines partidistas, la SHCP emitió un
comunicado.
Durante 2017, expuso la dependencia hacendaria, en el Ramo 28
de participaciones federales, Chihuahua recibió 23 mil 387 millones de pesos, 3
mil 41 millones de pesos más de lo recibido en 2016, un 14 por ciento más. En
cuanto a las aportaciones federales correspondientes al Ramo 33, recursos
dirigidos a salud, educación y seguridad, la entidad obtuvo 19 mil 669 millones
de pesos, 911 millones de pesos más que en 2016, un 4.8 por ciento más.
Sin embargo, la
investigadora Mariana Campos destacó que la dependencia omitió documentar las
otras vías de transferencias que, a diferencia de los ramos 28 y 33, no son
reguladas: el opaco Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, que financia
los fondos de desarrollo regional; fortalecimiento a la gestión legislativa y
fortalecimiento financiero referidos por el Gobernador Javier Corral.
A través de este último Ramo se
financian programas con objetivos diversos que van desde el manejo de fondos
relacionados con provisiones salariales y prestaciones de seguridad social;
administración de fondos asociados al control presupuestario y al uso de
ingresos excedentes hasta la distribución del gasto federal en entidades
federativas y municipios para impulsar obras de infraestructura y programas de
desarrollo regional. En 2016, al Ramo 23 se le aprobó un presupuesto de 146 mil
millones de pesos, pero ejerció 74 por ciento más.
El 14 de diciembre, dijo Corral en conferencia de prensa, el
Gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda “suscribieron varios convenios en los que la dependencia le entregaría
recursos para varios programas de desarrollo regional por 44 millones 777 mil
pesos; de fortalecimiento para obras diversas de gestión legislativa por 35
millones 304 mil pesos; y un convenio de fortalecimiento financiero que implica
la transferencia de 700 millones de pesos a fin de que el estado cuente con
recursos suficientes para concluir el ejercicio fiscal 2017”.
Estos 700 millones de pesos
convenidos, acusó, no fueron depositados. Ante ello, interpondrá una
controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) en contra de la Secretaría de Hacienda por incumplir un convenio.
“El motivo por el que nos dejaron de depositar los recursos
convenidos a nuestra entidad es el desarrollo de esta investigación
[triangulación de recursos de Hacienda al Gobierno de César Duarte Jáquez y al
PRI] que ocurre en las instancias judiciales en búsqueda de combatir la
corrupción política […] En suma, el gobierno de Chihuahua ha actuado contra la
corrupción y el Gobierno de [Enrique] Peña Nieto actúa contra el pueblo de
Chihuahua. No quieren detener a César Duarte, pero nos detienen los recursos
que necesitamos”, expuso el lunes Corral Jurado en compañía del Grupo Encuentro
Chihuahua e integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional
Anticorrupción.
Contra Duarte Jáquez, quien dejó una entidad con una deuda
pública de más de 50 mil millones de pesos, giran 10 denuncias presentadas por
la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por el desvío de mil 200 millones
de pesos del erario público y otra orden, de la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (Fepade), lo señala del desvío de 79 millones
de pesos de las arcas estatales. El ex presidente nacional del PRI, Manlio
Fabio Beltrones Rivera, se amparó para no ser investigado al respecto.
José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda, dijo en
entrevista radiofónica que el Gobernador Javier Corral se queja de que no se
han pagado cuatro convenios, pero, afirmó, el 29 de diciembre se entregó una
ayuda adicional al gobierno de Chihuahua y otra no se dio por un error en la
cuenta bancaria.
“Uno se pagó el 29 de diciembre, otro nos dieron una cuenta
de banco equivocada, entonces no lo pudimos depositar. Nos dieron la cuenta
adecuada ayer”, aseguró. Sobre el convenio de los 700 millones de pesos, el secretario
argumentó que no fue pagado debido a que no hay suficiencia presupuestaria. “La
cláusula dos del convenio dice que estos recursos están sujetos a suficiencia
presupuestal”, aclaró.
A diferencia de Corral, quien aseguró
que Chihuahua fue la única entidad en no recibir los fondos, el titular de
Hacienda aseveró que hubo otros estados a los que tampoco se pagaron, pero no
especificó cuáles.
CONTRA EL CONTROL DE SHCP EN RAMO 23
La Ley de Coordinación Fiscal
establece en el ramo 28 y ramo 33 las fórmulas de cómo se debe entregar el
dinero a cada estado, por lo que la Secretaría de Hacienda no determina el
monto. Pero en el ramo 23 y en los convenios no está
obligada a darle a todos los estados “y eso da la oportunidad de que diga cuándo sí y cuándo no, por lo que al
no quedar definido puede prestarse a motivos que no están relacionados con el
desarrollo o necesidades del estado”, afirmó Mariana Campos, de México
Evalúa.
Al no estar regulados, no hay un
objetivo oficial o reconocido de estas asignaciones, por lo que son
discrecionales y “genera un riesgo de que haya un uso político del dinero”.
Una de las razones por las cuales el
Ramo 23 es propenso al uso político, es que a través de él se crean programas
que otorgan subsidios a los gobiernos locales para financiar proyectos de
inversión física, entre otros apoyos, programas que la propia Auditoría
Superior de la Federación ha señalado estar caracterizados por la falta de
transparencia en cuanto a sus objetivos y uso de recursos, así como por la
carencia de lineamientos.
Ante ello, México
Evalúa desde 2014 ha alertado que es importante disminuir la discrecionalidad
existente en este ramo, por lo que debe ser parte de la Ley de Coordinación
Fiscal o debe emitirse una Ley para regular el objetivo de esta caja, aseguró
Mariana Campos.
También es necesario
monitorear en tiempo real las asignaciones que se hacen a las entidades para
fortalecer la rendición de cuentas y transparentar todos los convenios.
Los datos disponibles, por ejemplo,
no muestran diciembre, justo el mes en que hubo el desencuentro entre Hacienda
y el gobierno de Chihuahua.
Asimismo, “hace pensar” en el modelo de gobernanza de la
Secretaría de Hacienda porque los encargados del presupuesto son nombrados por
el presidente. En el 68 por ciento de los países de la OCDE, contrastó Campos,
son personal de carrera que no cambian entre administraciones.
El Gobernador de Chihuahua, Javier
Corral, expuso en la conferencia de que “estamos conscientes de que hemos
tocado el modus operandi de la corrupción en México de la que toda la nación
habla con la diferencia de que nosotros la hemos acreditado técnica y
documentalmente”, por lo que no va a ceder “ni por 700 millones ni por todo el
presupuesto de Chihuahua porque a la larga todo México pierde”.
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